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El Órgano Ejecutivo oficializó este miércoles la Ley Nº 1670, que suspende temporalmente embargos por créditos de vivienda social y difiere pagos para familias y microemprendedores, en respuesta a la coyuntura económica del país. La medida busca brindar alivio financiero sin afectar la estabilidad del sistema bancario.
El Gobierno promulgó este miércoles la Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social, así como el Diferimiento de Créditos para Vivienda Social y para Unidades Económicas Micro y Pequeñas. La disposición tiene el objetivo de proteger a hogares bolivianos de bajos ingresos y a pequeños emprendedores afectados por la situación económica nacional.
La normativa quedó registrada en la Gaceta Oficial del Estado bajo el número 1670, aunque la versión firmada por el gabinete ministerial aún no fue difundida públicamente.
Según la ley, se suspenderán temporalmente los procesos judiciales y administrativos vinculados a embargos o ejecuciones de bienes destinados a vivienda social. La medida busca impedir la pérdida de hogares de familias en situación de vulnerabilidad financiera, otorgando un periodo de alivio para reorganizar las obligaciones crediticias.
Además, la norma contempla el diferimiento en el pago de cuotas para beneficiarios de créditos de vivienda social y propietarios de micro y pequeñas unidades económicas. Esto permitirá reprogramar plazos y reducir la presión financiera sobre sectores que, de acuerdo con el Gobierno, sostienen gran parte de la economía del país.
El Ejecutivo destacó que se trata de una ley temporal y de emergencia, orientada a fortalecer las políticas de protección e inclusión financiera, sin desatender la estabilidad del sistema financiero nacional. Para ello, se coordinará su implementación con las entidades supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Esta decisión llega en un contexto económico marcado por el incremento de la morosidad crediticia y la desaceleración de la actividad productiva, especialmente en el sector de las microempresas. Con esta norma, el Gobierno pretende otorgar un respiro financiero y preservar el acceso a la vivienda y a la actividad económica de miles de familias bolivianas.
Elaborado por: Alexander Zegarra - Comunicación
