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El viceministro de Medio Ambiente, José Ernesto Ávila, afirmó que la mayoría de los incendios forestales registrados en Bolivia fueron provocados y que algunos tendrían propósitos geopolíticos. Sin embargo, la autoridad no detalló qué hechos sustentan esa hipótesis, mientras el número de personas procesadas continúa siendo reducido frente a la magnitud de las emergencias.
La afirmación de que parte de los incendios forestales registrados en Bolivia respondería a “propósitos geopolíticos” abrió un nuevo frente en el debate sobre las causas del fuego. El viceministro de Medio Ambiente, José Ernesto Ávila, sostuvo en una entrevista con el programa Hagamos Democracia, de la red ERBOL, que la mayoría de los siniestros habría sido provocada, aunque también reconoció casos relacionados con negligencia y prácticas agrícolas o ganaderas inadecuadas.
“La gran mayoría de ellos fueron provocados y con propósitos geopolíticos”, afirmó la autoridad durante la entrevista. No obstante, en la información difundida por ERBOL no explicó a qué intereses se refería, quiénes estarían detrás de esas acciones ni qué investigaciones permitirían vincular incendios específicos con una estrategia de carácter político o territorial.
La declaración constituye, por ahora, una posición gubernamental y no una conclusión judicial o técnica. Para establecer que un incendio fue intencional se requiere determinar su punto de origen, reconstruir las circunstancias en las que comenzó e identificar a las personas responsables. Vincularlo además con intereses geopolíticos exige evidencia adicional que no fue presentada públicamente durante la entrevista.
Ávila señaló que los incendios tienen múltiples causas y mencionó como ejemplo el caso de Guarayos, donde parte de la población habría sido afectada en al menos dos oportunidades debido a conductas negligentes. Esa explicación introduce una diferencia relevante: una quema puede ser provocada deliberadamente, originarse por una práctica productiva que salió de control o responder a una acción accidental, escenarios que implican responsabilidades distintas.
El viceministro informó que existen dos personas procesadas en el departamento de Tarija por hechos vinculados con incendios forestales. En cambio, sobre Santa Cruz sostuvo que uno de los fuegos habría ingresado desde territorio brasileño, lo que situaría su origen fuera de Bolivia.
La información difundida por ERBOL no precisa a qué incendios corresponden los procesos iniciados en Tarija, cuáles son los delitos investigados ni en qué etapa se encuentran las causas. Tampoco detalla si las dos personas son investigadas como autoras de quemas intencionales, por negligencia o por incumplimiento de normas de manejo del fuego.
En el caso de Santa Cruz, afirmar que las llamas ingresaron desde Brasil tampoco permite concluir automáticamente que existió una motivación geopolítica. El fuego puede cruzar fronteras debido al viento, la vegetación seca y las condiciones meteorológicas, mientras la determinación de su origen exige coordinación técnica entre ambos países.
La diferencia entre la magnitud de las acusaciones y el reducido número de procesos conocidos deja pendiente una pregunta central: cuántos incendios cuentan actualmente con una investigación capaz de establecer cómo comenzaron y quiénes participaron.
Ávila explicó a ERBOL que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra —ABT— es la institución encargada de realizar acciones operativas, recibir denuncias y coordinar con las instancias de emergencia y la Policía. También aseguró que el Gobierno instruyó intensificar los esfuerzos para identificar y procesar a los responsables.
Una de las herramientas mencionadas es el monitoreo satelital. Estos sistemas permiten localizar focos de calor y observar cambios en el territorio, pero la propia autoridad aclaró que un foco de calor no equivale necesariamente a un incendio forestal. Puede tratarse de una quema controlada, una fuente industrial, suelo recalentado u otra anomalía térmica.
La información satelital puede orientar a los equipos hacia una zona y ayudar a reconstruir la evolución del fuego, pero por sí sola no identifica a una persona responsable. Para sostener un proceso administrativo o penal debe complementarse con inspecciones, testimonios, autorizaciones de quema, registros de propiedad y otros elementos verificables.
El reto será pasar del monitoreo general a investigaciones individualizadas que permitan diferenciar entre quemas autorizadas, negligencia, incendios deliberados y posibles acciones organizadas.
El viceministro señaló que el Gobierno trabaja con parlamentarios en una propuesta para endurecer las sanciones y agilizar los procesos contra quienes provoquen incendios. Según explicó a ERBOL, las penas actuales permiten que algunas personas investigadas enfrenten las causas con medidas sustitutivas, como la detención domiciliaria.
Ávila sostuvo que la intención es convertir estas conductas en delitos de mayor gravedad procesal para que los responsables puedan ser encarcelados. Sin embargo, no precisó qué normas serían modificadas, cuál sería la nueva escala de penas ni en qué etapa se encuentra la elaboración de la propuesta.
El endurecimiento de las sanciones puede aumentar las consecuencias para quienes sean declarados responsables, pero su efecto dependerá de la capacidad estatal para investigar los incendios. Sin identificación de los autores, recolección de pruebas y procesos concluidos, una pena más alta no garantiza por sí sola una reducción de los siniestros.
También será necesario distinguir entre acciones intencionales y conductas negligentes, para evitar que la respuesta penal sustituya las medidas de prevención, asistencia técnica y control de quemas en comunidades rurales.
Más allá de las causas, el fuego afecta directamente a las comunidades expuestas al humo, la pérdida de cultivos, el deterioro de fuentes de agua y la destrucción de áreas de bosque. Ávila remarcó que niñas, niños y personas adultas mayores se encuentran entre los grupos más vulnerables a los efectos de la contaminación del aire.
La fauna también pierde refugio, alimento y corredores naturales cuando las llamas atraviesan el bosque. Algunos animales mueren durante el incendio, mientras otros se desplazan hacia caminos, poblaciones o terrenos productivos, donde enfrentan nuevos riesgos.
Los próximos pasos deberán incluir la presentación de datos oficiales sobre los incendios investigados, las causas confirmadas, las personas procesadas y la propuesta legislativa anunciada. Mientras esa información no sea pública, la existencia de propósitos geopolíticos continuará siendo una hipótesis expresada por una autoridad y no una explicación demostrada sobre el origen de los incendios forestales en Bolivia.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
