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Bolivia ingresó a una fase inédita de reordenamiento económico tras la eliminación del histórico subsidio a los carburantes, una decisión que no solo redefine el modelo fiscal del país, sino que ya comienza a impactar de forma directa en la vida cotidiana de la población. A pocas horas del anuncio presidencial, el Transporte Libre de La Paz confirmó el incremento del pasaje urbano de Bs 2,40 a Bs 5, marcando el primer efecto visible del ajuste.
El cambio estructural fue oficializado mediante el denominado “Decreto por la Patria”, con el que el Gobierno declaró Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social y puso fin a más de 20 años de subvención a la gasolina y al diésel. El Ejecutivo sostiene que la medida busca frenar un gasto anual superior a los 2.000 millones de dólares, garantizar el abastecimiento y transparentar un sistema que, según sus argumentos, fue utilizado para el contrabando y la corrupción.
La reacción no tardó en llegar. El dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, anunció públicamente la subida del pasaje y pidió disculpas a la población, asegurando que la decisión “no es responsabilidad del transportista”, sino una consecuencia directa del levantamiento de la subvención. “Estamos levantando el pasaje a Bs 5 y a Bs 6,50 en la modalidad trufi; en el ámbito interprovincial, de la misma manera”, afirmó, al tiempo de invitar a la ciudadanía a expresar su descontento contra la nueva normativa.
El sector del transporte también anunció que solicitará la homologación de las nuevas tarifas con las provincias y cuestionó que el Gobierno haya optado, a su criterio, por “la salida más fácil”, al levantar la subvención. En paralelo, organizaciones del transporte urbano definieron nuevas escalas tarifarias: el micro sube a Bs 3 en tramo corto y Bs 3,50 en largo; el minibús pasa de Bs 4,50 a Bs 5,50; y el trufi se eleva a Bs 6 en trayectos largos.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, respondió que el Gobierno está abierto al diálogo, pero advirtió que no se permitirá un incremento desmedido de tarifas. “No es correcto que un transportista que ayer cargó combustible a Bs 3,72 hoy quiera duplicar el precio del pasaje”, sostuvo, al remarcar que habrá controles para evitar abusos.
El nuevo esquema de precios de los carburantes establece la gasolina especial en Bs 6,96 por litro, el diésel en Bs 9,80 y la gasolina premium en Bs 11. Estas tarifas regirán inicialmente por seis meses, mientras el Gobierno avanza en la liberalización de importaciones de diésel y en medidas para asegurar el suministro.
De manera paralela, el Ejecutivo activó un paquete de compensación social que incluye el incremento del salario mínimo nacional a Bs 3.300, el aumento de la Renta Dignidad a Bs 500 y del bono Juancito Pinto a Bs 300, además de la creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad con transferencias directas a familias vulnerables durante 2026.
El ajuste económico, sin embargo, abrió un escenario de tensión social. Largas filas en estaciones de servicio, alza del dólar digital y advertencias de protestas anticipan un periodo de alta conflictividad, en el que el transporte urbano se convierte en el primer sector en trasladar el impacto del fin de la subvención al bolsillo ciudadano.
El Gobierno sostiene que el país enfrenta un punto de no retorno y que el sacrificio es necesario para estabilizar la economía. Mientras tanto, el incremento del pasaje en La Paz evidencia que el debate dejó de ser técnico y se trasladó de lleno a las calles, donde se medirá el verdadero alcance del giro económico que vive Bolivia.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
