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Trece años después del feminicidio de su hija, la persistencia de una madre permitió que se ejecutara el mandamiento de captura contra un hombre condenado a 30 años de prisión por feminicidio. El caso vuelve a evidenciar que, incluso con una sentencia ejecutoriada, garantizar el cumplimiento efectivo de la justicia sigue siendo un desafío en Bolivia.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que el condenado fue capturado en un domicilio de la ciudad de El Alto tras aproximadamente dos semanas de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento. El jefe de la División de Control de Crisis, César Fernández, explicó que el hombre ya contaba con una sentencia ejecutoriada de 30 años de prisión por feminicidio y fue trasladado al penal de San Pedro para cumplir la condena.
Según la autoridad policial, el proceso se remonta a 2013 y la recaptura se concretó después de que la madre de la víctima denunció que el sentenciado incumplía la detención domiciliaria que le había sido otorgada. Fernández señaló que la FELCC actuó en cumplimiento de un mandamiento de captura emitido por la autoridad judicial, luego de que la denunciante continuara exigiendo la ejecución de la sentencia.
El caso ocurre en un contexto donde la violencia feminicida continúa siendo una de las principales expresiones de violencia contra las mujeres en Bolivia. De acuerdo con el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, entre 2013 y 2026 el país registró más de 1.248 feminicidios y, entre 2013 y 2024, apenas el 42,81 % de estos casos obtuvo una sentencia. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, reportó que hasta el 7 de julio de 2026 se registraron 46 feminicidios en el país. El Observatorio señaló que estos datos reflejan la necesidad de fortalecer la prevención, la sanción efectiva y la reparación integral para las víctimas.
Investigaciones periodísticas también han advertido sobre las dificultades que enfrentan estos procesos. Un trabajo desarrollado por la Plataforma Periodística para las Américas (CONNECTAS), ACCESO, Página Siete y El País documentó demoras en las investigaciones, insuficiente personal judicial, deficiencias en el manejo de pruebas y constantes denuncias por retardación de justicia. El estudio señaló que estos factores han contribuido a prolongar procesos durante años y a que numerosas familias continúen buscando justicia.
Aunque la recaptura del condenado representa el cumplimiento de un mandamiento judicial, el caso vuelve a evidenciar la importancia de garantizar que las sentencias por feminicidio no solo sean emitidas, sino también ejecutadas de manera efectiva. En un contexto donde la violencia contra las mujeres continúa cobrando vidas, organizaciones de derechos humanos insisten en que el acceso oportuno a la justicia sigue siendo uno de los principales desafíos para el Estado boliviano.
Por: Monserrath N. Murillo Ezcurra
