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El incremento de actividades extractivas ilegales en la Sierra Tarahumara coincide con un aumento en el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en el estado de Chihuahua, de acuerdo con organizaciones civiles, autoridades estatales y testimonios recabados por Mongabay Latam. Durante 2025, diversas localidades registraron salidas masivas de familias en contextos donde confluyen disputas armadas, minería y tala ilegal.
Chihuahua, el estado más extenso de México, mantiene una producción minera relevante a nivel nacional, con extracción de plata, oro, plomo, zinc y cobre. En municipios como Guadalupe y Calvo —históricamente vinculados a la minería desde la época colonial— y en zonas como Moris y Uruachi, grupos delictivos han diversificado sus fuentes de ingresos mediante el control de recursos naturales, según señalan defensores comunitarios y organizaciones acompañantes.
Entre junio y julio de 2025, cerca de diez comunidades indígenas salieron de sus territorios en la región de Moris tras ataques atribuidos por medios locales al grupo conocido como Los Salazar, presuntos aliados del Cártel de Sinaloa. Autoridades estatales confirmaron posteriormente el uso de explosivos lanzados con drones contra viviendas. La violencia persistió el resto del año, lo que derivó en desplazamientos continuos.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) informó que, al cierre de 2025, atendió a cerca de 600 personas desplazadas provenientes de Moris y a 27 familias afectadas por un desplazamiento masivo en Guadalupe y Calvo. Su titular, Norma Ledezma, señaló que existe un subregistro del fenómeno y que aproximadamente 95 % de las personas desplazadas no presentan denuncia formal.
La Fiscalía estatal indicó que no cuenta con denuncias que vinculen directamente el desplazamiento forzado con el control de yacimientos mineros, aunque reconoce un aumento en los casos derivados de conflictos entre grupos armados. Un informe oficial también reconoce limitaciones en los registros, debido a que más del 50 % de las personas encuestadas que han sido desplazadas son indígenas y, en su mayoría, no denuncian por temor o por priorizar el retorno a sus comunidades.
En paralelo, organizaciones como Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) reportan que la tala ilegal ha sido un factor recurrente en zonas boscosas de la Sierra Tarahumara, incluyendo municipios como Guadalupe y Calvo, Uruachi y Guachochi. De acuerdo con su directora, Diana Villalobos, la diversificación de actividades extractivas por parte del crimen organizado se intensificó tras la disminución de ingresos provenientes de cultivos ilícitos.
La minería artesanal también forma parte del contexto regional. En algunas comunidades, el procesamiento de oro mediante molinos de piedra conocidos como tahonas implica el uso de mercurio, sustancia que, según testimonios comunitarios y académicos consultados, ha generado afectaciones ambientales y de salud, especialmente en fuentes de agua.
El desplazamiento en Chihuahua se documenta desde la década de 1990, aunque autoridades estatales reconocen que el fenómeno existe desde al menos 1970. Actualmente, la comisión estatal creada para atender esta problemática realiza encuestas e informes para dimensionar el impacto en las comunidades indígenas rarámuri, tepehuanas del norte, pima y guarijó, que habitan la Sierra Tarahumara.
Mientras tanto, diversas familias permanecen en condiciones de desplazamiento prolongado: se trasladan entre comunidades, cabeceras municipales y ciudades, sin certeza sobre el retorno a sus territorios de origen.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
