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El tráfico ilegal de fauna silvestre en Bolivia sumó un nuevo antecedente judicial con la sentencia de tres años de prisión dictada contra tres personas procesadas por la comercialización de la rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus), una especie catalogada en Peligro Crítico de extinción.
La resolución corresponde al Caso N.° 201502022600587 y fue emitida en aplicación del artículo 223 Bis del Código Penal, que sanciona el delito de tráfico ilegal de vida silvestre. El fallo establece tres años de privación de libertad para Aida Huañapaco Cabrera y Jenny Huañapaco Cabrera, quienes cumplirán la condena en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, y para Paulino Huañapaco Cahuaya, recluido en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz.
El proceso judicial se inició a partir de un operativo interinstitucional realizado en la comunidad de Huatajata, donde autoridades realizaron un allanamiento a un establecimiento de expendio de alimentos. Durante la intervención fueron encontrados 26 ejemplares de rana gigante del Titicaca, de los cuales 25 permanecían con vida y uno había muerto. Además, se halló un ejemplar congelado cuya especie no pudo ser determinada debido a su estado de conservación.
El operativo contó con la participación de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), el Ministerio Público, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Bioparque Vesty Pakos, la Iniciativa Boliviana de Anfibios (BAE) y el Instituto Público Desconcentrado de Pesca y Acuicultura (IPD-PACU). Los ejemplares rescatados fueron trasladados bajo protocolos especializados para su evaluación y custodia temporal.
La rana gigante del Titicaca es una especie endémica del lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú, donde desempeña un papel ecológico como parte de los ecosistemas acuáticos. En Bolivia está clasificada como especie en Peligro Crítico dentro del Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados y también figura en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), categoría que concentra el mayor nivel de protección internacional.
De acuerdo con la información oficial, una de las principales amenazas para sus poblaciones continúa siendo la captura destinada al comercio ilegal para consumo y otros usos no autorizados, además de factores como la degradación de su hábitat y la contaminación.
La Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente y la normativa nacional sobre biodiversidad establecen la protección de la fauna silvestre, mientras que el artículo 223 Bis del Código Penal sanciona la captura, tenencia, transporte y comercialización ilegal de especies protegidas.
Tras conocerse la sentencia, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente informó que continuará impulsando acciones de prevención, fiscalización y coordinación interinstitucional orientadas a combatir el tráfico ilegal de vida silvestre y fortalecer la conservación de las especies amenazadas del país.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
