Donar
La Cámara de Senadores dio un paso clave para transformar la realidad productiva del área rural al aprobar una ley que permite la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad, una medida que apunta a fortalecer la seguridad jurídica del productor y abrir el acceso al crédito, la inversión y la planificación de largo plazo en el campo boliviano.
La norma, que ahora fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento final, no modifica la tenencia de la tierra ni crea nuevos derechos. Su alcance se limita a pequeñas propiedades que ya cuentan con títulos saneados y reconocidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), otorgando certeza jurídica a propietarios que hasta ahora veían limitado su crecimiento productivo.
El proyecto fue impulsado por la Comisión de Tierra del Senado y presentado por su presidente, Branko Marinkovic, quien destacó que se trata de un cambio estructural orientado a garantizar reglas claras, respeto al derecho de propiedad y mayor libertad económica para quienes trabajan la tierra.
La conversión será de carácter voluntario y permitirá a los productores integrarse al sistema financiero formal, acceder a créditos productivos y respaldar inversiones en maquinaria, tecnología y ampliación de la producción. Este paso abre la posibilidad de planificar a largo plazo, mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del sector agropecuario.
La ley establece un trámite simple y gratuito, que se inicia con una solicitud escrita y una declaración jurada. El INRA deberá responder en un plazo máximo de 10 días hábiles, y la verificación de la Función Económica Social (FES) se realizará recién después de 10 años, lo que brinda estabilidad y previsibilidad al productor. Además, la norma permitirá la actualización definitiva del Catastro Rural.
Desde la Comisión de Tierra se subrayó que esta iniciativa busca sentar las bases de un campo más productivo y sostenible, capaz de generar empleo rural, incrementar la producción y contribuir de manera efectiva al desarrollo económico del país, bajo un esquema de seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
