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El aumento sostenido del precio internacional del oro ha impulsado una nueva fase de expansión minera en la Amazonía, con efectos visibles en áreas protegidas, territorios indígenas, ríos y circuitos de comercialización que cruzan fronteras. Aunque el caso más reciente se concentra en Brasil, los datos regionales muestran que el problema forma parte de una red más amplia que involucra a países amazónicos como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
Un estudio de Amazon Conservation y el Instituto Socioambiental identificó que la minería ilegal está provocando deforestación en tres áreas de conservación de la región del Xingu, una de las zonas de bosque protegido más extensas de Brasil. En la Estación Ecológica Terra do Meio, los primeros registros de minería ilegal aparecieron en septiembre de 2024 y, para finales de 2025, ya se reportaban 30 hectáreas deforestadas por esta actividad. En el Bosque Nacional de Altamira, la deforestación vinculada a la minería alcanzó 832 hectáreas entre 2016 y septiembre de 2025, mientras que en la Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo la minería pasó de 2 hectáreas a por lo menos 26,8 hectáreas en 2025.
La expansión minera no representa el principal motor de deforestación en Brasil, donde el agronegocio continúa teniendo mayor peso, pero su impacto es especialmente sensible porque se concentra en territorios indígenas y áreas protegidas. Según Amazon Mining Watch, desde 2018 se despejaron alrededor de 496.000 hectáreas de selva tropical para actividades mineras en la Amazonía, de las cuales aproximadamente 223.000 hectáreas corresponden a la Amazonía brasileña. Amazon Conservation estima que el 80% de la deforestación relacionada con minería en Brasil presenta alto riesgo de ilegalidad.
El caso brasileño también evidencia las limitaciones de la fiscalización. Tras operativos contra la minería ilegal en el territorio indígena yanomami, la presión disminuyó en esa zona, pero se trasladó hacia otros puntos, especialmente territorios indígenas de la cuenca del río Xingu. En la tierra indígena kayapó, la minería ilegal habría provocado la pérdida de aproximadamente 7.940 hectáreas de bosque tropical, una de las superficies más altas registradas en la Amazonía brasileña para este tipo de actividad.
El impacto no se limita a la pérdida de bosque. La minería aurífera ilegal utiliza mercurio, que contamina ríos, peces y cadenas alimentarias de comunidades ribereñas e indígenas. Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el fiscal federal André Luiz Porreca citó un estudio de Fiocruz que encontró que el 21,3% de los peces comercializados en mercados públicos de la Amazonía superaba los límites de mercurio establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El mismo reporte señaló que niñas y niños de 2 a 4 años estarían consumiendo mercurio en niveles de hasta 31 veces por encima del máximo recomendado.
La situación regional muestra que el oro no solo circula como mineral, sino también como parte de economías informales e ilícitas. Datos analizados por la Fundación Solón señalan que entre 2014 y 2023 se exportaron más de 3.000 toneladas de oro de alta pureza de origen informal desde países amazónicos como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Bajo esa hipótesis, aproximadamente el 8,5% de la producción mundial de oro de esa década habría provenido de la Amazonía en condiciones informales.
La Fundación Solón también advierte que la minería aurífera en la región amazónica está articulada mediante flujos financieros ilícitos vinculados al contrabando, evasión fiscal, lavado de activos y comercio transfronterizo de oro. El análisis señala que en Bolivia existen observaciones sobre diferencias entre producción oficial y exportaciones de oro registradas desde 2012. Según los datos revisados, hubo gestiones en las que Bolivia exportó mayores volúmenes de oro de los oficialmente producidos, situación que abrió cuestionamientos sobre trazabilidad y posible ingreso de oro de contrabando desde otros países, especialmente Perú.
El reporte citado por la Fundación Solón también señala que las redes vinculadas al oro ilegal incluyen explotación en áreas protegidas, minería sin consulta previa en territorios indígenas, uso intensivo de mercurio y cianuro, contrabando de combustibles y esquemas de blanqueo mediante documentación irregular o comercialización intermediada. Además, investigaciones regionales identificaron conexiones entre minería ilegal, crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, trabajo infantil y explotación sexual en sectores mineros amazónicos.
En Bolivia, estudios mencionados por Fundación Solón y organismos internacionales identificaron rutas de traslado de adolescentes y mujeres hacia zonas auríferas del norte paceño, como Mapiri, Guanay, Tipuani y Mayaya, asociadas a contextos de explotación sexual comercial y vulnerabilidad social en regiones mineras.
El aumento del precio del oro refuerza los incentivos para estas actividades. Mientras la demanda internacional crece, los mecanismos de trazabilidad y control continúan mostrando debilidades para diferenciar con claridad el oro legal del ilegal. En ese escenario, la Amazonía aparece como un territorio de alta presión ambiental y social, donde la expansión minera coincide con procesos de deforestación, contaminación de ríos, afectación a pueblos indígenas y crecimiento de economías ilícitas.
La discusión regional plantea desafíos comunes para los países amazónicos: fortalecer la fiscalización, mejorar los sistemas de trazabilidad del oro, controlar el uso de mercurio, proteger áreas protegidas y territorios indígenas, y desmontar las cadenas logísticas y financieras que permiten que el oro de origen ilegal ingrese a mercados internacionales.
Fuentes consultadas: Amazon Conservation, Instituto Socioambiental, Amazon Mining Watch, The Associated Press y Fundación Solón.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
