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Las exportaciones de oro metálico, incluida la joyería, del departamento de La Paz alcanzaron 1.616 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, superando los registros anuales de 2024 y 2025, según un análisis del economista Gonzalo Colque basado en datos del INE. El auge económico del sector aurífero contrasta con las denuncias de contaminación por mercurio, los conflictos por la minería en ríos amazónicos y los cuestionamientos sobre actividades extractivas en áreas protegidas.
Mientras Bolivia atraviesa dificultades económicas marcadas por la escasez de divisas y las presiones sobre el abastecimiento de combustibles, el departamento de La Paz registra un crecimiento extraordinario en el valor de sus exportaciones auríferas. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de oro metálico, incluida la joyería, alcanzaron los 1.616 millones de dólares, una cifra que supera los 1.206 millones registrados durante todo 2025 y los 655 millones de 2024, de acuerdo con un análisis del economista Gonzalo Colque, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este crecimiento económico ocurre en medio de preocupaciones ambientales relacionadas con la extracción aurífera en la Amazonía boliviana, especialmente por el uso de mercurio, la presencia de balsas mineras en los ríos y las controversias sobre derechos mineros en áreas protegidas. Aunque el incremento del valor exportado no demuestra necesariamente una expansión equivalente de las operaciones extractivas, el auge del sector vuelve a poner en discusión cuánto de esta riqueza beneficia al país y qué mecanismos existen para prevenir los impactos sobre los ecosistemas y las comunidades indígenas.
Según el análisis del economista Gonzalo Colque, las exportaciones totales del departamento de La Paz alcanzaron los 1.137 millones de dólares en 2024, de los cuales 655 millones correspondieron al oro metálico, incluida la joyería. Durante 2025, las exportaciones departamentales aumentaron a 1.704 millones de dólares, mientras el componente aurífero alcanzó los 1.206 millones.
El crecimiento continuó durante 2026. En apenas ocho meses, las exportaciones totales paceñas llegaron a 2.025 millones de dólares, de los cuales 1.616 millones correspondieron al oro metálico y la joyería. Esto significa que el sector aurífero representó aproximadamente el 79,8 % del valor exportado por el departamento de La Paz entre enero y agosto de este año.
Los datos analizados por Colque muestran que el valor de las exportaciones auríferas paceñas aumentó aproximadamente un 84 % entre 2024 y 2025. Además, los 1.616 millones de dólares registrados hasta agosto de 2026 superan en alrededor del 34 % el valor correspondiente a todo 2025, pese a que el periodo de este año comprende solamente ocho meses.
El economista vincula este comportamiento con el incremento del precio internacional del oro, que ha favorecido el valor de las ventas externas. Por ello, es importante distinguir entre el crecimiento de los ingresos por exportaciones y un eventual aumento del volumen físico extraído, ya que ambos indicadores no necesariamente evolucionan en la misma proporción.
El auge del oro paceño ocurre en un contexto en el que Bolivia enfrenta dificultades para disponer de divisas y financiar distintas necesidades económicas. Sin embargo, el valor de las exportaciones no equivale necesariamente a dólares disponibles para el Estado ni representa de forma directa ingresos fiscales por impuestos y regalías.
En su análisis, Gonzalo Colque plantea que uno de los principales problemas radica en la ausencia de mecanismos suficientes para transformar la riqueza generada por el sector aurífero en divisas disponibles para el mercado cambiario, inversión productiva o ingresos públicos proporcionales a la magnitud del auge.
Los 1.616 millones de dólares registrados entre enero y agosto corresponden al valor comercial de las exportaciones del departamento de La Paz, no a recursos que hayan ingresado íntegramente al Tesoro General de la Nación. Para establecer cuánto se beneficia efectivamente el país sería necesario contrastar estas cifras con los pagos de regalías mineras, las obligaciones tributarias y los mecanismos de ingreso de divisas al sistema financiero.
Esta diferencia resulta fundamental para comprender cómo un sector puede registrar exportaciones millonarias mientras persisten dificultades económicas nacionales. También abre un debate sobre la distribución de la riqueza aurífera y los recursos destinados a fiscalizar las consecuencias ambientales de su extracción.
Detrás del crecimiento económico del sector aurífero persiste una de las mayores preocupaciones ambientales relacionadas con la extracción de oro: el uso de mercurio. Este metal es empleado en determinadas operaciones mineras para recuperar partículas de oro y puede contaminar el agua, los sedimentos y los ecosistemas cuando no existen medidas adecuadas de manejo y control.
En ambientes acuáticos, el mercurio puede transformarse en metilmercurio, una sustancia tóxica capaz de acumularse en organismos vivos y concentrarse a lo largo de las cadenas alimentarias. Esta situación representa un riesgo para las poblaciones que consumen pescado procedente de cuerpos de agua contaminados, especialmente en territorios donde la pesca constituye una fuente fundamental de alimentación.
En Bolivia, investigaciones científicas y organizaciones ambientales han advertido sobre la exposición al mercurio en poblaciones amazónicas y sobre los riesgos asociados con la actividad minera aurífera. Estos antecedentes han impulsado demandas de mayor monitoreo ambiental, controles sobre el uso de sustancias peligrosas y medidas para proteger la salud de las comunidades ribereñas.
La preocupación es especialmente relevante para los pueblos indígenas, cuyas formas de vida mantienen una relación directa con los ríos, los bosques y los recursos naturales. Sin embargo, las cifras económicas del sector aurífero no permiten determinar cuánto mercurio se utiliza actualmente ni establecer una relación directa entre el crecimiento del valor exportado y los niveles de contaminación identificados en determinadas regiones.
Uno de los conflictos ambientales más recientes relacionados con la extracción de oro se desarrolla en el río Madre de Dios, en el departamento de Pando, donde organizaciones indígenas han denunciado la presencia de balsas mineras en territorios de comunidades amazónicas y han solicitado una mayor intervención de las autoridades.
En declaraciones difundidas por Radio Fides, Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), aseguró que las acciones impulsadas por las comunidades habían contribuido al retiro de una parte importante de las balsas mineras presentes en sus territorios. Sin embargo, advirtió que todavía permanecían 278 embarcaciones y anunció un plazo de 15 días para exigir su salida.
La organización indígena también solicitó controles estatales sobre las actividades mineras desarrolladas en el río, así como medidas para prevenir la contaminación y proteger los recursos naturales de los que dependen las comunidades. Entre las principales preocupaciones se encuentra el posible uso de mercurio en las operaciones auríferas y sus consecuencias sobre la calidad del agua.
El conflicto evidencia que la extracción de oro también involucra disputas territoriales, derechos colectivos y mecanismos de fiscalización ambiental. No obstante, la información disponible no permite establecer que el oro extraído por las balsas denunciadas en Pando forme parte de las exportaciones registradas por el departamento de La Paz.
La actividad aurífera también ha generado preocupación por su relación con territorios destinados a la conservación de la biodiversidad. Entre las áreas protegidas mencionadas en investigaciones y denuncias ambientales se encuentran el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, Apolobamba y Cotapata, ubicadas en el departamento de La Paz.
En una investigación publicada por Mongabay Latam, la abogada ambiental Fátima Monasterio, de la Fundación Solón, advirtió sobre la existencia de al menos 269 derechos mineros preconstituidos que, según su análisis, se superpondrían con 15 áreas protegidas de Bolivia. Estas observaciones plantean interrogantes sobre la compatibilidad de determinados derechos y actividades mineras con los objetivos de conservación establecidos para estos territorios.
Es importante diferenciar la existencia de derechos mineros de la explotación efectiva de minerales. Una superposición administrativa no demuestra que todas las áreas involucradas estén siendo explotadas, pero sí plantea la necesidad de verificar cuáles cuentan con autorizaciones vigentes, qué actividades se desarrollan y qué controles ambientales se aplican.
La situación adquiere especial relevancia en el Madidi, reconocido por su elevada biodiversidad y por albergar ecosistemas amazónicos y andinos, fuentes de agua y territorios indígenas. La discusión sobre la presencia minera en estas zonas involucra la protección de especies, el cumplimiento de las normas ambientales y el respeto a los derechos de las poblaciones locales.
A las preocupaciones ambientales se suman decisiones administrativas relacionadas con el sector minero. El acuerdo suscrito el 14 de mayo de 2026 entre el Gobierno nacional y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) incluyó compromisos vinculados con la restitución de procedimientos para el otorgamiento de derechos mineros y la emisión de certificados de compatibilidad de uso en áreas protegidas.
Posteriormente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) informó sobre la reposición del reglamento correspondiente a los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU), instrumentos técnicos utilizados para evaluar la compatibilidad de determinadas actividades con la normativa, la zonificación y los planes de manejo de las áreas protegidas.
El Sernap aclaró que estos certificados no constituyen, por sí mismos, autorizaciones para explotar minerales, construir instalaciones ni desarrollar operaciones mineras. Su emisión forma parte de procedimientos administrativos que deben complementarse con otras exigencias legales y ambientales, incluida la licencia ambiental cuando corresponda.
No obstante, la restitución de estos instrumentos ha generado cuestionamientos entre especialistas y representantes de organizaciones ambientales, quienes consideran necesario transparentar las solicitudes presentadas, los territorios involucrados y los criterios técnicos utilizados para evaluar su compatibilidad con la conservación.
Estas preocupaciones refuerzan la necesidad de contar con mecanismos efectivos de fiscalización y acceso público a la información sobre las actividades mineras que puedan desarrollarse dentro de áreas protegidas.
Otra preocupación está relacionada con la capacidad normativa del Estado para responder a los impactos de las actividades extractivas. Una investigación del periodista Iván Paredes Tamayo, publicada por Mongabay Latam, identificó al menos diez proyectos de ley de carácter ambiental que fueron archivados en la Asamblea Legislativa boliviana desde 2020.
Entre las iniciativas mencionadas se encontraban propuestas relacionadas con la eliminación gradual del mercurio, restricciones a su utilización en actividades mineras, sanciones frente a la minería ilegal y medidas de protección de áreas naturales. El archivo de estos proyectos no significa que Bolivia carezca de legislación ambiental, pero evidencia que determinadas propuestas de reforma no llegaron a convertirse en normas.
La investigación también recogió observaciones de especialistas sobre las dificultades políticas y administrativas que enfrentan las iniciativas de protección ambiental. Entre ellas se mencionaron la falta de capacidad técnica para procesar proyectos legislativos y las tensiones existentes entre los intereses extractivos y las propuestas de regulación.
Estos antecedentes muestran la importancia de fortalecer los instrumentos legales destinados a prevenir daños ambientales, fiscalizar el uso de sustancias peligrosas y garantizar que las actividades mineras cumplan con las disposiciones vigentes.
El crecimiento del sector aurífero plantea un desafío económico y ambiental para Bolivia. Por un lado, la actividad genera importantes valores comerciales; por otro, persisten preocupaciones sobre la contaminación por mercurio, la presión sobre los ecosistemas acuáticos y los conflictos relacionados con la presencia minera en territorios indígenas y áreas protegidas.
Los antecedentes del río Madre de Dios, los cuestionamientos sobre derechos mineros en el Madidi, Apolobamba y Cotapata, y las dificultades para aprobar nuevas disposiciones ambientales muestran que la discusión sobre el oro debe ir más allá de sus beneficios económicos.
Para comprender la verdadera dimensión de esta actividad será necesario fortalecer el acceso a información sobre regalías, impuestos, autorizaciones ambientales, monitoreo de contaminación y medidas de restauración de los ecosistemas afectados. Estos elementos permitirían evaluar de manera más completa tanto los beneficios de la minería como los costos asociados con sus impactos.
La protección de los ríos amazónicos y de los bosques también requiere garantizar la participación de las comunidades indígenas, fortalecer la vigilancia ambiental y asegurar que las actividades extractivas respeten los derechos territoriales y las normas de conservación.
Mientras el oro se convierte en una fuente de riqueza para determinados sectores económicos, Bolivia enfrenta una pregunta fundamental: ¿cómo garantizar que su aprovechamiento no comprometa el agua, los bosques y el futuro de las comunidades que habitan los territorios donde se extrae?
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
