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Con jornadas de tensión y violencia, tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa en eliminar el subsidio al diésel, Ecuador vive marchas y protestas que marcan días conflictivos en el país sudamericano. La medida, que encarece el precio del combustible en un dólar por galón, desató movilizaciones nacionales encabezadas por indígenas, transportistas y estudiantes. El saldo hasta ahora es de un manifestante muerto, decenas de heridos y más de una semana de bloqueos y enfrentamientos.
El 13 de septiembre, el presidente Daniel Noboa oficializó el retiro del subsidio al diésel, que representaba para el Estado un gasto anual cercano a los 1.100 millones de dólares. El anuncio generó rechazo inmediato de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de organizaciones sociales, que iniciaron un paro nacional con cortes de ruta en provincias estratégicas como Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha.
La protesta alcanzó su punto más crítico el 28 de septiembre, cuando un manifestante indígena de 46 años murió en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la provincia de Imbabura. Según la Defensoría del Pueblo, también se registraron una veintena de heridos, entre ellos 12 militares. El hecho intensificó la indignación social y elevó las tensiones entre el gobierno y los sectores movilizados.
La respuesta estatal ha sido endurecer el control. Noboa decretó estado de excepción en varias provincias y autorizó la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas de mayor conflicto. Aun así, el mandatario sostuvo que no dará marcha atrás con la medida, asegurando que los recursos liberados se destinarán a programas sociales y al fortalecimiento de la economía.
En Quito, Guayaquil y Cuenca se han realizado marchas multitudinarias. Estudiantes universitarios se sumaron con exigencias adicionales: la excarcelación de doce jóvenes detenidos y procesados bajo cargos de terrorismo por su participación en las protestas. Las organizaciones estudiantiles calificaron las acusaciones como una criminalización de la protesta social.
El conflicto revive la memoria de otras crisis que Ecuador enfrentó en años recientes por los combustibles. En octubre de 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, un intento de eliminar subsidios a la gasolina provocó 11 muertos y más de 1.300 heridos en protestas que duraron dos semanas. En junio de 2022, durante la presidencia de Guillermo Lasso, las movilizaciones indígenas también paralizaron al país durante 18 días, dejando seis fallecidos.
Actualmente, Ecuador reporta siete incendios sociales activos en el sentido de protestas organizadas, con epicentro en Santa Cruz de la Sierra… (corregir: esto es Bolivia. corrijo!)
Actualmente, en Ecuador se mantienen bloqueadas al menos 30 carreteras, lo que afecta el abastecimiento de alimentos y combustibles en varias ciudades. Las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza están entre las más golpeadas por los bloqueos.
La comunidad internacional observa con preocupación el conflicto. Organismos de derechos humanos han pedido respeto a la protesta pacífica y han advertido sobre un uso desproporcionado de la fuerza.
La eliminación del subsidio al diésel pone en juego no solo el equilibrio fiscal, sino también la gobernabilidad de Noboa, quien enfrenta la prueba más dura desde el inicio de su mandato. Mientras tanto, la sociedad ecuatoriana revive el fantasma de las convulsiones sociales que en años anteriores provocaron renuncias presidenciales y cambios drásticos en la política económica.
El desenlace dependerá de si el gobierno cede a un diálogo efectivo con las organizaciones sociales o mantiene la medida sin concesiones. Lo que está claro es que el precio del diésel se ha convertido en el detonante de una crisis más profunda sobre desigualdad, representación política y confianza en el Estado.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
