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Personas de la comunidad Santa Bárbara que denunciaron ante la AJAM presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto minero Anacuri aseguran haber recibido amenazas después de que el caso se hiciera público. Según información del periodista Vladimir Ledezma, de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA), el temor por su seguridad llevó incluso a los afectados a descartar, por ahora, viajar a La Paz para recoger personalmente una respuesta de la autoridad minera.
La denuncia por presunto incumplimiento de la consulta previa en un proyecto minero de Coripata adquirió una nueva dimensión después de que personas de la comunidad Santa Bárbara afirmaran haber recibido amenazas de dinamitar sus viviendas.
Los afectados relacionan las intimidaciones con personas presuntamente vinculadas al proyecto minero Anacuri, de la Cooperativa Minera Aurífera Anacuri R.L. Sus identidades permanecen bajo reserva por razones de seguridad y protección de sus familias.
El conflicto comenzó con una solicitud presentada el 20 de agosto ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), mediante la cual los afectados pidieron que Santa Bárbara sea reconocida como sujeto de consulta previa dentro del proyecto minero.
La autoridad minera notificó posteriormente a la parte denunciante para que se presente en sus oficinas de La Paz y recoja físicamente una respuesta. Sin embargo, quienes realizaron la denuncia anunciaron que no acudirán debido al temor generado por las amenazas que aseguran haber recibido.
La situación plantea además la necesidad de garantizar la seguridad de las personas que recurren a instituciones públicas para denunciar posibles vulneraciones. La Constitución Política del Estado establece obligaciones para prevenir y sancionar acciones que puedan causar daño físico o psicológico.
En una publicación anterior, ANA informó que propietarios y comunarios de Santa Bárbara denunciaron que el proyecto Anacuri estaría avanzando en el sector del río Tamampaya sin que la comunidad hubiera sido incorporada adecuadamente en el proceso de consulta previa.
Según la documentación presentada ante la AJAM, dentro del procedimiento aparecen otras comunidades y sindicatos agrarios, mientras Santa Bárbara habría quedado fuera de la consulta.
Los denunciantes sostienen además que operadores vinculados al proyecto habrían dificultado el acceso a terrenos donde existen cultivos de coca, mango y palta.
Estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada ante la autoridad minera y todavía deberán ser evaluadas dentro de los procedimientos administrativos correspondientes.
La documentación remitida a la AJAM también advierte sobre eventuales afectaciones al río Tamampaya, entre ellas posibles alteraciones del cauce y contaminación asociada a actividades mineras.
Hasta el momento no se conocen públicamente resultados de análisis técnicos de agua, suelo o sedimentos que permitan establecer de manera concluyente un daño ambiental atribuible al proyecto.
El río Tamampaya tiene aproximadamente 57 kilómetros de longitud y desemboca en el río Boopi, integrándose posteriormente al sistema hídrico amazónico.
La denuncia también recuerda que los proyectos mineros deben cumplir distintos requisitos administrativos y ambientales, entre ellos la consulta previa cuando corresponda, la evaluación de posibles afectaciones territoriales y la obtención de una licencia ambiental.
De acuerdo con la información difundida por ANA, hasta ahora no se reporta una investigación policial o fiscal abierta específicamente por las amenazas denunciadas ni la identificación de quienes presuntamente habrían realizado las intimidaciones.
Tampoco se conoce una respuesta pública de la Cooperativa Minera Aurífera Anacuri R.L. frente a estas acusaciones.
El caso mantiene abiertos dos frentes. Por una parte, la AJAM deberá resolver las observaciones relacionadas con la consulta previa y la situación administrativa del proyecto. Por otra, las autoridades competentes deberán establecer si corresponde iniciar investigaciones y adoptar medidas de protección frente a las amenazas denunciadas.
La evolución de ambos procesos será determinante para esclarecer la situación jurídica del proyecto minero y garantizar que quienes recurren a mecanismos institucionales de denuncia puedan hacerlo sin poner en riesgo su seguridad.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
