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Organizaciones indígenas de Santa Cruz exigen detener la deforestación, frenar nuevas autorizaciones extractivas y proteger las fuentes de agua frente al avance de la ganadería, los cultivos agroindustriales y los incendios forestales. Expertos advierten que la pérdida de bosques también amenaza la recarga de los acuíferos y la seguridad hídrica de las comunidades.
En medio de una creciente preocupación por la disponibilidad de agua en la Chiquitanía boliviana, organizaciones indígenas declararon sus territorios libres de extractivismo agroindustrial y minero y exigieron a las autoridades detener la expansión de actividades que amenazan los bosques y las fuentes hídricas. La decisión fue adoptada durante un encuentro de comunidades y defensores ambientales realizado el 23 y 24 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, según informó la periodista Jimena Mercado, de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA), en una investigación que expone las presiones de la ganadería, la agroindustria, la deforestación y los incendios forestales sobre esta región.
El pronunciamiento también fue difundido por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), que documentó la aprobación de una resolución de ocho puntos durante el encuentro denominado “Por el derecho al agua, al territorio y a un medio ambiente sano”. Las organizaciones participantes consideran que la protección de los bosques es fundamental para garantizar el acceso al agua, la producción de alimentos y la continuidad de sus formas de vida.
La Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH), la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV), la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó (CCICH-T) y otras organizaciones territoriales aprobaron un voto resolutivo que plantea detener las actividades extractivas que consideran perjudiciales para sus territorios.
En su segundo punto, el documento declara los territorios de la Nación Chiquitana libres de extractivismo agroindustrial y minero y exige a las instituciones competentes frenar la deforestación masiva, así como dejar de otorgar nuevas dotaciones de tierras, derechos mineros, autorizaciones de desmontes y operaciones extractivas en la región.
Las demandas están dirigidas a entidades nacionales, departamentales y municipales, entre ellas el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
La declaración constituye un pronunciamiento político y territorial de las organizaciones firmantes. Su aprobación no modifica automáticamente las autorizaciones existentes ni establece, por sí sola, una prohibición legal general de estas actividades.
Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue la expansión ganadera y su relación con la transformación de los bosques chiquitanos.
Según la cobertura de ANA, Rafael Rojas, consultor externo del CEDIB, expuso que la población bovina de Bolivia pasó de aproximadamente 4,6 millones a 11,1 millones de cabezas de ganado, mientras Santa Cruz concentra cerca de cinco millones y Beni alrededor de 3,4 millones.
Rojas advirtió que la expansión de las áreas destinadas a pasturas incrementa la demanda de agua y puede intensificar la presión sobre los recursos hídricos compartidos con las comunidades. También señaló los impactos ambientales asociados a la actividad ganadera, entre ellos las emisiones de gases de efecto invernadero y la transformación de la cobertura forestal.
El crecimiento de la ganadería y de los cultivos agroindustriales, como la soya, fue señalado por los participantes como parte de un modelo de ocupación territorial que aumenta la competencia por el agua. Sin embargo, para determinar cuánto consume cada actividad y su impacto específico sobre las fuentes comunitarias se requieren estudios hídricos por cuenca.
La crisis hídrica de la Chiquitanía no se limita a la disminución del agua superficial. Especialistas advierten que los incendios forestales y la pérdida de vegetación también pueden alterar los procesos naturales que permiten almacenar agua en el subsuelo.
La hidrogeóloga Mónica Guzmán, de la Universidad Católica Boliviana, explicó durante su exposición sobre los impactos de los incendios y la deforestación en las aguas subterráneas que las cenizas y los cambios en la superficie del suelo pueden favorecer la formación de costras que dificultan la infiltración de las lluvias.
De acuerdo con la especialista, esta alteración puede reducir la recarga de los acuíferos y agravar la vulnerabilidad de localidades como San José de Chiquitos. También advirtió sobre las limitaciones de algunas reservas subterráneas, cuya composición natural puede presentar problemas de salinidad.
La advertencia adquiere especial relevancia después de los incendios forestales registrados en la Chiquitanía en 2019 y 2024, que afectaron extensas superficies de vegetación y dejaron consecuencias ambientales cuya recuperación requiere seguimiento a largo plazo.
La relación entre incendios, infiltración y disponibilidad de agua depende de las características de cada suelo, la intensidad del fuego y las condiciones geológicas. Por ello, los especialistas plantean la necesidad de ampliar el monitoreo de las fuentes hídricas.
Durante el encuentro, Sara Crespo, directora de Probioma, destacó la importancia ecológica de la Chiquitanía por su ubicación entre grandes sistemas naturales de Sudamérica y su relación con las cuencas del Amazonas y del Plata.
Según su exposición, la transformación de territorios de vocación forestal hacia usos agrícolas y ganaderos ha contribuido a la pérdida de bosques y al deterioro de ecosistemas fundamentales para el equilibrio hídrico regional.
Crespo explicó que, aunque la ganadería tiene una presencia histórica en la región, su expansión y orientación hacia mercados de mayor escala plantean nuevas presiones sobre el territorio.
Las organizaciones indígenas consideran que conservar los bosques, las cabeceras de cuenca, los humedales y las zonas de recarga hídrica resulta indispensable para enfrentar los periodos de sequía y mantener las condiciones ambientales de las comunidades.
La resolución aprobada durante el encuentro solicita a las autoridades nacionales, departamentales y municipales medidas concretas para proteger las fuentes hídricas y restaurar los ecosistemas afectados.
Entre sus demandas figuran la conservación de nacientes, cabeceras de cuenca, humedales, zonas de recarga de acuíferos y servidumbres ecológicas. También plantea evaluar los impactos acumulados de la deforestación y los incendios, fortalecer el monitoreo comunitario y garantizar el acceso público a la información ambiental.
Las organizaciones solicitan, además, recuperar corredores ecológicos y hábitats de fauna silvestre, así como proteger las condiciones territoriales necesarias para la agricultura de subsistencia, la pesca, la caza y la recolección tradicional.
En materia de fiscalización, exigen investigar las denuncias de afectación ambiental y aplicar las sanciones que correspondan conforme a la Ley del Medio Ambiente N.º 1333, la Ley Forestal N.º 1700 y otras disposiciones vigentes.
El encuentro también permitió visibilizar conflictos ambientales específicos que afectan a comunidades de la Chiquitanía.
Uno de ellos es la defensa del río San Lorenzo, en el territorio indígena Turubó Este, donde comunidades denuncian afectaciones al curso de agua relacionadas con actividades privadas. El voto resolutivo exige al Tribunal Agroambiental una decisión oportuna y fundamentada sobre el recurso de casación identificado con el expediente N.º 6755/2026.
El abogado ambientalista Rodrigo Herrera, citado por ANA, cuestionó la demora en la atención judicial del caso y pidió garantizar los derechos de las comunidades. La resolución también hace referencia a una acción de amparo constitucional relacionada con la defensa del mismo río.
Por otra parte, las organizaciones expresaron respaldo a las demandas por el agua en Chochis y Lomerío, a las acciones de ORMICH relacionadas con los incendios forestales y a las denuncias de fumigaciones aéreas cerca de comunidades indígenas de San Ignacio de Velasco.
Estas situaciones, aunque tienen características diferentes, fueron incorporadas a una agenda regional común que busca fortalecer la defensa de los derechos colectivos y la protección ambiental.
La participación de organizaciones de mujeres indígenas fue uno de los componentes centrales del encuentro, desarrollado en el Salón Mahatma Gandhi de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), con apoyo de Probioma, CEDIB, PROCESO Servicios Educativos y la carrera de Sociología de esa universidad.
Entre las organizaciones participantes y firmantes figuran representantes de comunidades de las provincias Chiquitos, Velasco y Ñuflo de Chávez, además de organizaciones de mujeres de San Rafael, San Ignacio, Roboré, San Javier y Turubó Este.
También participaron representantes vinculados a los comités de gestión de la Laguna Marfil y del área protegida Tucabaca, junto con autoridades comunitarias de distintos territorios.
La resolución de ocho puntos establece una posición conjunta para exigir mayor fiscalización ambiental, fortalecer la organización comunitaria y promover acciones de defensa del agua y los bosques.
Para las organizaciones firmantes, la crisis hídrica de la Chiquitanía no puede abordarse únicamente mediante soluciones de abastecimiento. Consideran necesario atender también las causas de la degradación ambiental y garantizar que las decisiones sobre el uso del territorio respeten los derechos y las necesidades de sus habitantes.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
