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Una investigación de Amazon Underworld identificó redes criminales o grupos armados en 768 de las 1.310 unidades territoriales amazónicas analizadas en seis países, entre ellos Bolivia. El narcotráfico, la minería ilegal de oro y las redes transfronterizas intensifican las amenazas contra las comunidades indígenas, los defensores ambientales y los ecosistemas de la región. En Bolivia, el informe advierte sobre la presencia de organizaciones criminales brasileñas y la expansión de la minería aurífera en el río Madre de Dios.
El crimen organizado mantiene una amplia presencia en la Amazonía sudamericana y representa una amenaza creciente para la seguridad de las comunidades y la conservación de sus bosques. Según la investigación Presencia criminal en la Amazonía 2026, publicada el 28 de octubre por Amazon Underworld, redes criminales o grupos armados operan en 768 de las 1.310 unidades territoriales estudiadas en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, equivalentes al 59 % del total analizado.
El estudio, elaborado mediante investigaciones de campo, entrevistas y análisis de documentación, revela que las organizaciones criminales no solo se dedican al narcotráfico, sino que también participan en economías ilícitas vinculadas con la extracción de oro y el control de rutas comerciales. En Bolivia, la investigación identifica la presencia del Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), organizaciones de origen brasileño, además de advertir sobre la expansión de la minería ilegal en ríos amazónicos como el Madre de Dios.
El mapeo de Amazon Underworld identificó presencia de organizaciones criminales o grupos armados en el 59 % de las unidades territoriales amazónicas analizadas. En un 33 % de aquellas donde se confirmó actividad criminal opera más de una organización, mientras nueve grupos mantienen operaciones en dos o más de los países investigados.
El alcance del problema varía según el país. De acuerdo con los resultados del estudio, recogidos también por Mongabay Latam, Colombia registra presencia criminal en el 98 % de sus unidades territoriales amazónicas estudiadas, seguida de Venezuela con el 82 %, Brasil y Ecuador con el 59 % cada uno, Perú con el 34 % y Bolivia con el 31 %.
Estos porcentajes corresponden a la delimitación amazónica y las unidades administrativas utilizadas por la investigación, no a la totalidad del territorio nacional de cada país. En Bolivia, el estudio emplea provincias como unidades de análisis, aunque utiliza el término general «municipios» para presentar sus resultados regionales.
En el apartado dedicado a Bolivia, Amazon Underworld identifica al PCC y al Comando Vermelho como dos organizaciones criminales con presencia en el territorio amazónico del país. Ambas mantienen disputas relacionadas con las rutas del narcotráfico y las conexiones transfronterizas hacia Brasil.
Según la investigación, el PCC tiene una posición importante en el corredor conocido como Rota Caipira, utilizado para trasladar cocaína boliviana hacia territorio brasileño y conectar con rutas internacionales. El Comando Vermelho, por su parte, ha ampliado su presencia en zonas próximas a Brasil, particularmente en áreas de Beni, Pando y Santa Cruz.
El informe también recoge episodios de violencia registrados durante 2026 y advertencias de las autoridades bolivianas sobre presuntas extorsiones y reclutamiento de ciudadanos en zonas fronterizas. Estas dinámicas reflejan cómo las organizaciones pueden aprovechar las extensas fronteras amazónicas y las limitaciones de control institucional para desarrollar actividades ilícitas.
La investigación identifica a la minería ilegal de oro como uno de los negocios más lucrativos para las organizaciones criminales de la Amazonía. El elevado valor del metal, su facilidad de transporte y las dificultades para rastrear su procedencia favorecen su incorporación a circuitos comerciales internacionales.
Amazon Underworld explica que el oro extraído ilegalmente puede ingresar a cadenas legales de comercialización, dificultando la identificación de su origen. Este mecanismo permite que los beneficios económicos de actividades ilícitas circulen a través de intermediarios y mercados formales.
En el caso boliviano, la investigación señala que la minería aurífera ilegal se ha extendido por ríos como el Madre de Dios, donde comunidades indígenas han denunciado la presencia de dragas no autorizadas y posibles afectaciones ambientales asociadas con el uso de mercurio.
No obstante, el informe no demuestra que todas las operaciones mineras denunciadas en el río Madre de Dios estén controladas directamente por el PCC o el Comando Vermelho. La presencia de estos grupos y las actividades mineras ilegales constituyen problemas identificados en la región que requieren investigaciones específicas para establecer sus vínculos.
Uno de los hallazgos centrales del estudio es que las poblaciones indígenas y las comunidades rurales soportan consecuencias directas de la expansión criminal. Las amenazas, los desplazamientos, la extorsión y el reclutamiento forman parte de las dinámicas documentadas en distintos territorios amazónicos.
La investigación advierte que las economías ilegales pueden ofrecer ingresos superiores a los disponibles mediante actividades tradicionales o de subsistencia, lo que incrementa la vulnerabilidad de poblaciones con escasas oportunidades económicas. Al mismo tiempo, quienes se oponen a la minería ilegal, al narcotráfico o a la destrucción de los bosques pueden enfrentar intimidaciones y violencia.
En Bolivia, las denuncias de comunidades indígenas contra la minería en los ríos amazónicos evidencian la importancia de garantizar condiciones de seguridad para quienes defienden sus territorios. La protección ambiental, señala el estudio, no puede separarse de la defensa de los derechos colectivos y del fortalecimiento de las instituciones públicas.
El informe también advierte que las organizaciones criminales operan mediante redes que conectan territorios de varios países. Los ríos, las zonas fronterizas y las rutas comerciales permiten movilizar drogas, oro y otros recursos, mientras las diferencias entre legislaciones nacionales pueden dificultar las investigaciones.
Entre los factores que favorecen estas actividades, Amazon Underworld identifica la corrupción institucional, las debilidades de fiscalización y la capacidad de los grupos para modificar sus operaciones cuando enfrentan controles estatales.
La investigación también señala que el mercurio utilizado en la extracción aurífera ha circulado mediante redes regionales de comercio y contrabando. Bolivia y Guyana son mencionadas como países que históricamente permitieron la importación legal de este metal, aunque los controles se endurecieron a partir de 2023.
Estas dinámicas muestran que enfrentar los delitos ambientales requiere actuar no solamente en los lugares de extracción, sino también sobre las cadenas de suministro, los mecanismos de financiamiento y los mercados que reciben productos de procedencia ilegal.
Frente a la expansión del crimen organizado, Amazon Underworld plantea que las intervenciones policiales y militares deben complementarse con investigaciones financieras, cooperación internacional, políticas de conservación y alternativas económicas para las comunidades.
El informe advierte que las operaciones de seguridad aisladas pueden desplazar temporalmente a los grupos criminales sin desarticular las redes que sostienen sus actividades. Por ello, propone fortalecer la gobernanza comunitaria, mejorar la coordinación entre países y atender los factores sociales que favorecen la expansión de las economías ilícitas.
Para Bolivia, los hallazgos representan un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar la vigilancia de los territorios amazónicos, combatir la minería ilegal y proteger a las comunidades que denuncian daños ambientales.
La investigación concluye que la conservación de la Amazonía y la lucha contra el crimen organizado son desafíos inseparables: sin instituciones sólidas, cooperación regional y protección efectiva de sus habitantes, las economías ilícitas continuarán ejerciendo presión sobre los bosques, los ríos y los territorios indígenas.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
