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La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) exigió la anulación inmediata del acuerdo firmado el 14 de mayo de 2026 entre el Gobierno de Rodrigo Paz y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN R.L.), al considerar que el documento compromete territorios indígenas, áreas protegidas y recursos hídricos estratégicos del país.
El pronunciamiento fue difundido el 21 de mayo y se sustenta en observaciones al contenido del acta suscrita entre autoridades del Ejecutivo y dirigentes mineros cooperativistas, donde se establecen compromisos relacionados con ampliación de áreas mineras, flexibilización normativa, aprobación de contratos, modificación de regulaciones ambientales y reposición de mecanismos para otorgar derechos mineros en áreas protegidas.
La organización indígena sostiene que el acuerdo vulnera artículos de la Constitución Política del Estado vinculados a derechos territoriales indígenas, protección de biodiversidad, resguardo de áreas protegidas y defensa de la Amazonía boliviana.
Según CONTIOCAP, el convenio facilitaría la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas y áreas protegidas, debilitaría mecanismos de fiscalización ambiental e impulsaría nuevas autorizaciones y contratos mineros sin procesos efectivos de consulta previa, libre e informada. Además, advierte sobre posibles riesgos de contaminación por mercurio y una mayor presión sobre fuentes de agua en distintas regiones del país.
La organización también cuestionó el rol institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), señalando que la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso (CCUs) habría facilitado actividades extractivas dentro de zonas protegidas.
El acta de reunión difundida públicamente establece compromisos entre el Ejecutivo y FENCOMIN vinculados a la liberación de áreas mineras relacionadas con el Decreto Supremo 1369, la reposición del reglamento para otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, el tratamiento de una ley corta para agilizar contratos mineros, el incremento de volúmenes autorizados de material explosivo y el reconocimiento institucional exclusivo de FENCOMIN dentro del sector cooperativista.
Asimismo, el documento contempla la participación de representantes cooperativistas en espacios estatales estratégicos, aspecto que fue cuestionado por CONTIOCAP al considerar que podría consolidar mayores niveles de influencia del sector minero cooperativista en decisiones públicas relacionadas con recursos naturales y política extractiva.
La organización indígena sostiene que estas medidas podrían ampliar la frontera extractiva en regiones indígenas y amazónicas sin mecanismos suficientes de monitoreo ambiental, control estatal y fiscalización técnica.
En el pronunciamiento también se advierte sobre posibles consecuencias sociales y ambientales derivadas de la expansión minera, entre ellas afectaciones a cuencas y recursos hídricos, incremento de conflictos territoriales, presión sobre pueblos indígenas y deterioro de ecosistemas amazónicos y áreas protegidas.
CONTIOCAP menciona además denuncias relacionadas con restricciones al trabajo de guardaparques, conflictos en regiones de explotación minera y agresiones a periodistas durante coberturas de movilizaciones vinculadas al sector cooperativista.
La organización demandó la anulación inmediata del acuerdo entre el Gobierno y FENCOMIN, la suspensión de ampliaciones mineras sin garantías ambientales, el fortalecimiento del control estatal sobre actividades extractivas y la elaboración de una nueva ley minera con participación de pueblos indígenas, academia y sociedad civil.
También pidió la aprobación de una ley específica de protección de recursos hídricos, la implementación efectiva del Plan Nacional para la reducción del uso de mercurio y el cumplimiento de sentencias constitucionales relacionadas con la protección de ríos y ecosistemas.
Hasta el cierre de esta nota, ni el Gobierno ni FENCOMIN habían emitido una respuesta pública oficial al pronunciamiento difundido por CONTIOCAP.
Además, la organización indígena advirtió que la discusión sobre minería y regulación extractiva no debería limitarse exclusivamente al sector cooperativista, debido a los impactos sociales, ambientales y territoriales asociados a la actividad minera en distintas regiones del país.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
