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La Armada Boliviana confirmó la presencia de operaciones mineras ilegales dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, tras un operativo estratégico que permitió la destrucción de cuatro campamentos clandestinos dedicados a la explotación aurífera en una de las zonas de mayor biodiversidad del país.
Las acciones se desarrollaron luego de labores de inteligencia y patrullaje en las cuencas fluviales que atraviesan el área protegida, donde efectivos navales identificaron asentamientos precarios equipados para la extracción ilícita de minerales. En el lugar se procedió a la quema de los campamentos, al decomiso de herramientas utilizadas para la remoción de sedimentos y al desalojo de personas que operaban al margen de la Ley de Minería y Metalurgia.
Las autoridades advirtieron que estas actividades generan graves impactos ambientales, como la erosión de las riberas de los ríos y la contaminación con mercurio, un agente altamente tóxico que pone en riesgo la salud de comunidades indígenas y de la fauna del parque.
Territorios indígenas ubicados dentro del Madidi también han sido afectados por la minería ilegal. En la comunidad San José de Uchupiamonas se detectaron niveles de mercurio por encima del límite máximo permitido, siendo las mujeres las más perjudicadas. Un estudio realizado por instituciones académicas y organizaciones sociales reveló que nueve de cada diez mujeres indígenas presentan enfermedades asociadas a esta contaminación.
En paralelo, representantes de los pescadores del río Beni denunciaron el ingreso ilegal de maquinaria pesada al área protegida con destino a operaciones mineras clandestinas, particularmente en el río Tuichi, uno de sus principales afluentes. Alertaron que los niveles de mercurio en poblaciones como el pueblo Esse Ejja superan hasta siete veces los parámetros internacionales de seguridad.
Ante esta situación, la justicia agroambiental emitió medidas cautelares que prohíben el ingreso de maquinaria pesada al interior del Madidi y ordenan a instituciones como el Sernap, las Fuerzas Armadas y la Policía hacer cumplir esta disposición, con el objetivo de preservar la biodiversidad, proteger el medio ambiente y resguardar la salud pública.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
