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Representantes de 89 comunidades del departamento de Oruro se declararon en estado de emergencia debido a la contaminación minera que afecta ríos, tierras agrícolas y fuentes de agua en la cuenca del río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó.
La medida fue anunciada por la Coordinadora de Defensa de los ríos Desaguadero, lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), cuyos representantes señalan que los residuos provenientes de actividades mineras de cooperativas y empresas estatales estarían impactando en territorios comunitarios y sistemas hídricos de al menos cuatro municipios de la región.
Comunidades campesinas e indígenas del departamento de Oruro declararon estado de emergencia ante el impacto ambiental que, según sus representantes, estaría generando la actividad minera en ríos, tierras agrícolas y fuentes de agua.
El anuncio fue realizado por Eloy Flores, presidente de la Coordinadora de Defensa de los ríos Desaguadero, lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), quien explicó que los residuos provenientes de operaciones mineras se descargan en los cursos de agua y terminan acumulándose en territorios comunitarios.
“Las mineras no tienen diques de cola y directamente largan sus aguas; las comunidades son las que reciben toda esa contaminación”, afirmó Flores durante una entrevista.
Según la organización, al menos 89 comunidades distribuidas en cuatro municipios de la cuenca del río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó reportan afectaciones relacionadas con la presencia de residuos mineros.
Entre las fuentes de contaminación mencionadas se encuentran cooperativas mineras —algunas de ellas sin licencia ambiental, según los denunciantes— y operaciones vinculadas a la empresa minera estatal Huanuni.
Los representantes comunitarios señalaron que la situación estaría generando impactos en la salud de los pobladores, en la disponibilidad de agua y en la productividad de las tierras agrícolas. También indicaron que algunas familias habrían dejado sus comunidades debido a las condiciones ambientales.
Flores informó que las comunidades han presentado solicitudes, documentos y denuncias ante diferentes autoridades para abordar el problema ambiental, aunque aseguran no haber recibido respuestas concretas.
“Estamos peregrinando con documentos, con sentencias y decretos, pero no hemos logrado soluciones”, manifestó el dirigente, quien solicitó que las autoridades departamentales y nacionales convoquen a una reunión para tratar la problemática.
Entre las demandas presentadas se encuentra el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1582/2022, que dispone declarar emergencia ambiental y aplicar medidas de prevención, mitigación y recuperación frente a los daños ocasionados por la contaminación minera.
Las comunidades también solicitan auditorías ambientales por parte de la Contraloría General del Estado para establecer responsabilidades sobre el deterioro de los ecosistemas y las afectaciones reportadas en la región.
Ante la falta de respuestas, los representantes de las comunidades indicaron que no descartan iniciar movilizaciones, protestas o bloqueos para exigir acciones relacionadas con la gestión ambiental en la cuenca del Desaguadero.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
