Donar
Comunidades indígenas del municipio cruceño de Roboré solicitaron al Tribunal Agroambiental ratificar la sentencia que ordena restituir el cauce natural del río San Lorenzo, afectado por la construcción de una represa. Denuncian que la demora en resolver el proceso mantiene a más de 1.500 familias enfrentando las consecuencias de la escasez de agua.
La sentencia emitida en noviembre de 2025 ordenó retirar las infraestructuras construidas sobre el río, reforestar sus riberas y resarcir los daños ocasionados a cinco comunidades indígenas. Sin embargo, el fallo permanece en revisión por recursos de casación, mientras los afectados advierten con iniciar una marcha hasta Sucre si no existe un pronunciamiento oportuno.
A cuatro años de la pérdida del caudal del río San Lorenzo, comunidades indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este volvieron a exigir una respuesta de la justicia para recuperar una de sus principales fuentes de agua y garantizar sus medios de vida.
El conflicto se originó tras la construcción de una represa sobre el río San Lorenzo por parte de un empresario ganadero en el municipio de Roboré, departamento de Santa Cruz. Según las comunidades afectadas, la obra redujo progresivamente el caudal hasta provocar el secado total del río en noviembre de 2020.
Wilson Hurtado, cacique de la comunidad de Buenavista, aseguró que las consecuencias fueron devastadoras para las familias que dependen del agua para el consumo, la agricultura y la ganadería.
“Nos hicieron la represa, nos trancaron el agua, el río se secó en su totalidad y vivimos una crisis de cinco meses comprando agua, alquilando cisternas. Perdimos vidas de personas, de nuestros animales y nuestros cultivos. Todo ese daño no puede quedarse sin respuesta”, manifestó.
Las comunidades de Buenavista, San Juan, Entre Ríos, Ramada e Ipías, que agrupan a más de 1.500 familias, sostienen que la recuperación del cauce representa una medida urgente para restablecer sus derechos y reducir los impactos sociales, económicos y ambientales que aún enfrentan.
En noviembre de 2025, el Juzgado Agroambiental de Roboré emitió la Sentencia 06-Quebrado 2025, considerada por las comunidades como un fallo histórico. La resolución ordena la rehabilitación del cauce natural del río San Lorenzo, el retiro de las estructuras que interrumpen el flujo del agua, la reforestación de las riberas y el resarcimiento por los daños ocasionados.
No obstante, la ejecución de esa decisión permanece suspendida debido a los recursos de casación presentados por los demandados ante el Tribunal Agroambiental.
Ante la demora, representantes indígenas llegaron hasta la ciudad de Sucre para presentar un memorial solicitando que la Sala Plena resuelva el proceso y confirme la sentencia.
“Queremos que este recurso se resuelva de manera inmediata y que se confirme la sentencia histórica que emitió el juez agroambiental, dejando correr este río de manera libre”, afirmó Hurtado.
Las organizaciones indígenas advirtieron que, de persistir la falta de una resolución, convocarán a una asamblea para definir nuevas medidas de presión.
Entre ellas, plantean iniciar una marcha desde la TCO Turubó Este hasta la ciudad de Sucre, con el respaldo de otras comunidades del pueblo chiquitano, para exigir una decisión definitiva del máximo tribunal agroambiental del país.
Los comunarios también solicitaron que exista mayor transparencia sobre el estado del proceso judicial y acceso oportuno a la información, al considerar que estos elementos forman parte de las garantías para el ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a la justicia.
Mientras el caso continúa en revisión, las comunidades esperan que el fallo permita recuperar el río San Lorenzo y evitar que se profundicen los efectos ambientales y sociales que, aseguran, han marcado la vida de cientos de familias durante los últimos cuatro años.
Por: Joel Poma - Comunicación
