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El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) emitió un comunicado público en el que expresa preocupación por un posible deterioro de la institucionalidad democrática en el país, en un contexto marcado por el asesinato del magistrado y decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, conflictos vinculados a actividades extractivas y cuestionamientos a decisiones estatales relacionadas con tierras, minería y medioambiente.
El pronunciamiento, difundido el 15 de mayo desde Cochabamba, sostiene que el asesinato de Claure ocurre en medio de un escenario de expansión de actividades extractivas, incremento de denuncias sobre minería ilegal y tensiones en torno a derechos territoriales y ambientales.
CEDIB señaló que el caso debe ser investigado con “rigurosidad y transparencia”, planteando además la participación de instancias legislativas plurales en el proceso investigativo. La organización considera que el hecho representa una señal de alerta para el funcionamiento del sistema judicial y las garantías institucionales.
El comunicado vincula el contexto actual con disputas relacionadas con minería, hidrocarburos, agronegocio y conflictos territoriales, señalando que existen riesgos para la independencia de la justicia y para actores involucrados en temas ambientales y de derechos humanos.
La organización también cuestionó declaraciones públicas de algunas autoridades legislativas hacia organizaciones de la sociedad civil y defensores ambientales. Según el documento, este tipo de señalamientos podría generar un clima de hostilidad contra ONG y pueblos indígenas que participan en debates sobre derechos territoriales y ambientales.
CEDIB recordó que Bolivia forma parte de instrumentos internacionales vinculados a la protección de defensores ambientales, entre ellos el Acuerdo de Escazú y estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
El comunicado también hace referencia al contexto económico y social del país. La organización sostiene que determinadas decisiones gubernamentales recientes habrían sido tomadas sin suficiente información pública, deliberación o consenso social, lo que —según su análisis— podría profundizar la conflictividad.
En la parte final del pronunciamiento, CEDIB convocó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la situación institucional y pidió atención de organismos internacionales de derechos humanos sobre los acontecimientos descritos.
El documento fue difundido días después de que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunciaran sobre el asesinato del magistrado Claure y solicitaran una investigación exhaustiva del caso.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
