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Aunque la Constitución reconoce 36 idiomas oficiales, 30 ya están catalogados en riesgo de desaparición. Investigadores señalan que el principal desafío ya no es el reconocimiento legal, sino garantizar que las nuevas generaciones sigan hablando sus lenguas.
La diversidad lingüística de Bolivia enfrenta uno de sus mayores desafíos. De las 36 lenguas indígenas reconocidas como oficiales por la Constitución Política del Estado, 30 están en peligro de extinción, según la clasificación realizada por la UNESCO en 2018, un escenario que, de acuerdo con especialistas, continúa reflejándose en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.
El periodista Caio Ruvenal, en un reportaje publicado por El País América, señala que el reconocimiento constitucional y la creación de instituciones especializadas no han logrado revertir la disminución del uso de las lenguas originarias. Los datos del último censo muestran que 12 idiomas cuentan con menos de 100 hablantes, mientras que tres se encuentran prácticamente extinguidos.
Según el análisis de Caio Ruvenal, alrededor del 30% de la población boliviana tiene una lengua indígena como idioma materno. Sin embargo, la mayoría de estos hablantes se concentra en tres idiomas: quechua, aimara y guaraní, que reúnen más de 2,2 millones de personas.
El panorama es distinto para gran parte de las lenguas de tierras bajas, donde se concentra la mayor diversidad lingüística del país. Allí se encuentran idiomas con muy pocos hablantes y comunidades pequeñas dispersas en la Amazonía, el Chaco y otras regiones del oriente boliviano.
La sociolingüista Libertad Pinto, citada por El País América, advierte que todas las lenguas indígenas presentan algún grado de amenaza y recuerda las proyecciones de los lingüistas Mily Crevels y Pieter Muysken, quienes estiman que durante este siglo podrían sobrevivir únicamente entre el 10% y el 20% de los idiomas originarios actualmente existentes en Bolivia.
Especialistas consultados coinciden en que la supervivencia de una lengua depende, principalmente, de que continúe transmitiéndose entre generaciones.
El lingüista Vicente Limachi, investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y coordinador de la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad (Funproeib), explicó a El País América que muchas familias dejaron de enseñar sus idiomas debido a experiencias históricas de discriminación y a la percepción de que el castellano ofrece mayores oportunidades educativas y laborales.
Por su parte, Libertad Pinto sostiene que este proceso responde a factores históricos, sociales y económicos que durante décadas asociaron el español con el acceso a mejores condiciones de vida, mientras que las lenguas indígenas fueron perdiendo espacios de uso cotidiano.
La periodista Miroslava Fernández Guevara, en un análisis publicado posteriormente sobre los resultados del Censo 2024, señala que los casos más preocupantes se registran en las tierras bajas de Bolivia.
Según su revisión de los datos censales, idiomas como el cayubaba conservan apenas cinco hablantes, mientras que el canichana y el joaquiniano registran únicamente siete hablantes cada uno, cifras que reflejan el riesgo de desaparición de varias lenguas en el corto plazo.
Fernández sostiene que la migración hacia las ciudades, donde actualmente reside cerca del 70% de la población boliviana, aceleró el reemplazo de las lenguas originarias por el castellano dentro de muchas familias.
Los investigadores coinciden en que el reconocimiento jurídico representa un avance importante, pero consideran que la preservación lingüística requiere ampliar los espacios donde los idiomas indígenas puedan utilizarse cotidianamente.
Entre los ámbitos señalados se encuentran la educación, la administración pública, la justicia, los medios de comunicación, la producción cultural y otros escenarios donde las lenguas puedan mantener una función social activa.
Para Libertad Pinto, citada por El País América, la conservación de una lengua implica también preservar conocimientos tradicionales, formas de organización social y prácticas vinculadas con el territorio y la naturaleza.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
