El último Censo Nacional 2024 confirma que Bolivia es un país mayoritariamente urbano y con una fuerza laboral donde más de la mitad trabaja por cuenta propia, un dato que revela la persistencia de la informalidad como uno de los mayores desafíos económicos y sociales del país.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 51,8% de la población ocupada se desempeña como cuentapropista, mientras que solo un 37,5% es empleado u obrero. Esta tendencia se replica en casi todos los departamentos, salvo en Santa Cruz, donde predominan los asalariados.
El crecimiento urbano boliviano no ha venido acompañado de una consolidación del empleo formal. Por el contrario, los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 muestran que la mayoría de los trabajadores se gana la vida en actividades informales, sin acceso a seguridad social, jubilación ni estabilidad laboral.
Los departamentos de Oruro y Potosí lideran el ranking con más del 56% de trabajadores por cuenta propia, lo que refleja la precariedad de su estructura económica. En cambio, en Santa Cruz la situación es distinta: los empleados u obreros (47,7%) superan a los cuentapropistas (43,9%), mostrando un mercado laboral más formalizado que el promedio nacional.
Sin embargo, especialistas advierten que la cifra del INE podría estar subestimada. Para el investigador laboral Bruno Rojas, la proporción real de trabajadores informales supera el 60%. Estudios académicos previos —como los realizados por el Cuaderno de Investigación Económica Boliviana— también sostienen que la informalidad en Bolivia ronda entre el 62% y 70% de la fuerza laboral
El problema no es solo cuantitativo. La economía informal funciona como un “amortiguador de crisis”: absorbe choques externos y evita picos de desempleo, pero lo hace a costa de precarizar las condiciones laborales. Sin contratos, sin protección legal y sin acceso a beneficios, millones de bolivianos enfrentan ingresos inestables y limitadas oportunidades de desarrollo
La situación se agrava al considerar la cobertura de servicios básicos. Aunque el acceso a electricidad alcanza al 89,5% de los hogares y el agua a un 71,2%, el alcantarillado apenas llega al 47,9%, lo que muestra la fragilidad de las condiciones de vida de amplios sectores urbanos y periurbanos.
El director del INE, Humberto Arandia, destacó que se registraron avances en vivienda y servicios, especialmente en áreas rurales. No obstante, reconoció que persiste una brecha significativa que golpea sobre todo a los hogares donde predomina el empleo informal.
En un país donde el autoempleo y la informalidad son la norma, la gran tarea pendiente sigue siendo la misma: cómo transformar la fuerza laboral boliviana en una base sólida de empleo formal, protegido y sostenible.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
