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La reciente aprobación de la soya transgénica HB4 en Bolivia volvió a colocar en debate el modelo agroindustrial del país, el incremento del uso de agroquímicos y los efectos ambientales y sanitarios asociados a la expansión agrícola basada en monocultivos y paquetes tecnológicos dependientes de plaguicidas.
La nueva semilla transgénica fue oficializada en marzo durante la Exposoya 2026, el principal evento tecnológico del sector soyero organizado por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO). Sus impulsores sostienen que la tecnología permitirá mejorar la competitividad agrícola de Bolivia frente a países vecinos como Brasil, Paraguay y Argentina, además de ofrecer mayor tolerancia a sequías.
El ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero, afirmó durante el evento que Bolivia no puede quedarse rezagada respecto al acceso a tecnologías agrícolas utilizadas en otros países productores de la región. Antes de asumir funciones ministeriales, Romero presidió ANAPO entre 2023 y 2025.
Sin embargo, la aprobación de la semilla HB4 también generó cuestionamientos desde plataformas ambientales, investigadores y organizaciones vinculadas a la soberanía alimentaria. El investigador y economista ambiental Stasiek Czaplicki advirtió que la introducción de esta semilla implica el uso de nuevos paquetes tecnológicos basados en agroquímicos más potentes, entre ellos el glufosinato de amonio, un herbicida prohibido en la Unión Europea tras ser catalogado como presunto tóxico para la reproducción.
Según Czaplicki, la expansión de semillas transgénicas responde a un modelo agroindustrial que ha generado resistencia de malezas debido al uso intensivo de herbicidas como el glifosato, lo que deriva en la incorporación progresiva de sustancias más fuertes. El glifosato, asociado a la soya RR aprobada en Bolivia en 2005, fue clasificado en 2014 por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno para humanos”.
Los datos sobre agroquímicos muestran un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó que la importación de plaguicidas en Bolivia se quintuplicó entre 2005 y 2022. Investigaciones citadas por plataformas ambientales y centros académicos indican además que gran parte de los productos importados están prohibidos o restringidos en otros países debido a sus efectos sobre la salud y el ambiente.
La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático señaló que el incremento del uso de plaguicidas no se tradujo necesariamente en mejoras significativas de rendimiento agrícola por hectárea. Según datos del comercio exterior y reportes del IBCE, entre los agroquímicos más importados en Bolivia se encuentran el glifosato, paraquat, atrazina y 2,4-D. PROBIOMA sostiene que el país incrementó en un 500% la importación de agroquímicos durante los últimos veinte años.
Las preocupaciones también alcanzan al impacto sobre los alimentos y la salud humana. Un estudio realizado en 2024 por la Fundación Agrecol Andes concluyó que el 43% de los alimentos agrícolas analizados en Cochabamba contenían al menos uno de 27 plaguicidas identificados en las muestras. Otra investigación desarrollada en 2025 por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) indicó que el 100% de las 244 personas analizadas en Santa Cruz de la Sierra presentaban presencia de glifosato en el organismo.
Diversas investigaciones nacionales realizadas por la Universidad Gabriel René Moreno, la UMSA, la Universidad Católica Boliviana y el GTCCJ advierten que la expansión agrícola asociada al modelo agroindustrial intensificó el uso de plaguicidas y generó efectos relacionados con degradación de suelos, desertificación y riesgos sanitarios por exposición constante a sustancias químicas.
El debate también se concentra en la estructura del modelo productivo. Investigadores ambientales sostienen que Bolivia continúa apostando por un sistema extensivo basado en la apertura de nuevas fronteras agrícolas antes que en el aumento de productividad en áreas ya intervenidas. Según Czaplicki, cerca del 20% del área sojera sería abandonada cada año debido a la degradación acelerada de los suelos, situación que se compensa mediante la incorporación de nuevas tierras, frecuentemente vinculadas a procesos de deforestación.
En paralelo, organizaciones campesinas y plataformas agroecológicas plantean alternativas basadas en producción diversificada y fortalecimiento territorial. Elizabeth Vargas, técnica investigadora de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, señaló que el país posee distintos pisos ecológicos que podrían impulsar modelos productivos menos dependientes de monocultivos y agroquímicos, fortaleciendo la agricultura campesina e indígena.
El escenario se da además en un contexto de nuevas políticas públicas. En septiembre de 2025, Bolivia aprobó la Estrategia Nacional de Agroecología mediante la Resolución Ministerial Nº 304. Diversos sectores consideran que esta medida podría abrir espacios para fortalecer sistemas alimentarios agroecológicos orientados a la producción sostenible, conservación de biodiversidad y seguridad alimentaria.
Mientras el sector agroindustrial impulsa la incorporación de nuevas biotecnologías para incrementar competitividad y tolerancia climática, plataformas ambientales y académicas sostienen que el debate sobre productividad agrícola también debe incluir los costos ambientales, sanitarios y sociales derivados del incremento de agroquímicos y la dependencia tecnológica externa.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
