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La Chiquitania vuelve a encender las alertas por la violencia ligada a los avasallamientos de tierras. Comités cívicos provinciales denunciaron un nuevo ingreso violento a la comunidad indígena Sagrado Corazón, en el municipio de San José de Chiquitos, donde el cacique chiquitano Ricardo Peña fue brutalmente agredido cuando intentó dialogar con un grupo identificado como interculturales.
El dirigente indígena, de 76 años, sufrió fracturas graves en ambos brazos y lesiones en el cuello, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital Japonés, en Santa Cruz. Para los cívicos y comunidades indígenas, el ataque marca un punto crítico en la escalada de violencia que enfrentan los pueblos chiquitanos en la defensa de sus territorios ancestrales.
Marcelo Méndez, dirigente cívico, advirtió que estos hechos no son aislados y responden a una estructura que, según denunció, aún opera desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), facilitando información sensible sobre predios para la toma ilegal de tierras en la región. “No vamos a permitir atentados contra la vida ni contra la cultura de nuestros pueblos”, afirmó.
La denuncia motivó el refuerzo de la vigilia y toma pacífica en las oficinas del INRA en la ciudad de Santa Cruz, donde se sumaron comunidades indígenas chiquitanas que acusan avasallamientos sistemáticos, destrucción de viviendas, afectación a fuentes de agua y daño ambiental desde hace varios años.
Desde la protesta, la cacique de Pailloncito, Giseli Cuéllar, recordó que su comunidad sufre sobreposición ilegal de asentamientos desde 2018 y denunció que la destrucción del territorio ha dejado a varias poblaciones sin acceso al agua. Afirmó que las demandas de los pueblos indígenas no han sido atendidas por las autoridades y expresó solidaridad con el cacique agredido.
El Comité pro Santa Cruz también respaldó la movilización y exigió una auditoría integral y la reestructuración inmediata del INRA, además de la destitución de funcionarios que, según denuncian, permitieron el despojo de tierras. Su presidente, Stello Cochamanidis, calificó de “vergonzosa” la continuidad de los avasallamientos y demandó una actuación urgente del Ministerio Público.
Los movilizados anunciaron que la vigilia se mantendrá al menos 48 horas y advirtieron que, si no hay respuestas concretas del Gobierno, se evaluarán nuevas medidas de presión. Mientras tanto, comunidades indígenas, cívicos y ciudadanos reiteran su exigencia de justicia para el cacique Ricardo Peña, el fin de los avasallamientos y el respeto a los territorios ancestrales de la Chiquitania.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
