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La reforma a la Ley de Glaciares aprobada en Argentina reconfigura uno de los pilares de protección ambiental más sensibles del país: el resguardo de glaciares y ambientes periglaciales, ecosistemas clave para la regulación hídrica en regiones andinas y áridas. La modificación, impulsada por diputados aliados al presidente Javier Milei, habilita un nuevo escenario donde minería e hidrocarburos podrán avanzar en zonas antes restringidas, siempre que superen evaluaciones de impacto ambiental.
El cambio central de la norma radica en la redefinición del ambiente periglacial, una franja de suelos congelados que funciona como reserva estratégica de agua. Estos terrenos, conocidos como permafrost o suelos criogénicos, almacenan agua en forma de hielo y la liberan gradualmente, estabilizando el caudal de ríos y arroyos. Su función ha sido comparada por especialistas con una “esponja natural”, indispensable para sostener agua potable, agricultura y biodiversidad.
Hasta ahora, la Ley de Glaciares de 2010 protegía integralmente tanto glaciares como ambientes periglaciales. Con la reforma de 2026, esa cobertura queda limitada únicamente a áreas con “función hídrica específica”, una definición que será determinada por cada provincia. Esto amplía la autonomía provincial, pero también fragmenta criterios de protección en territorios donde coinciden intereses extractivos y reservas hídricas.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que antes tenía un rol científico central en la delimitación y evaluación de estas zonas, pasa ahora a cumplir funciones principalmente registrales. Paralelamente, sectores mineros sostienen que el nuevo marco permitirá inversiones estimadas en más de 30.000 millones de dólares durante la próxima década, especialmente en proyectos de cobre, oro y plata.
Organizaciones ambientales y especialistas han advertido que flexibilizar la protección podría afectar reservas críticas de agua dulce en un contexto global de crisis hídrica. Según el Inventario Nacional de Glaciares, Argentina posee 16.968 glaciares distribuidos en la Cordillera de los Andes y el Atlántico Sur, equivalentes a 8.484 kilómetros cuadrados de superficie helada.
Mientras sectores productivos destacan el potencial económico de la reforma, colectivos ambientales cuestionan que la nueva normativa reduce salvaguardas sobre ecosistemas de montaña cuya degradación podría alterar el abastecimiento hídrico de comunidades enteras. La discusión deja planteado un dilema estructural: cómo compatibilizar expansión extractiva con la preservación de reservas naturales que sostienen el agua del futuro.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
