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La Fiscalía boliviana cerró la investigación contra el empresario argentino Jorge Néstor Noya y su empresa Caza & Safari, acusados de promover la caza ilegal de jaguares en territorio boliviano, pese a la existencia de evidencias que confirmarían su presencia en el país, el ingreso irregular de cazadores extranjeros y la comisión de delitos ambientales en áreas protegidas.
El cierre del caso generó cuestionamientos de organizaciones ambientales y de la parte denunciante, que sostiene que la decisión ignora pruebas documentales, fotografías georreferenciadas y un informe oficial de la Fiscalía argentina que vincula directamente a Noya con cacerías ilegales de jaguares en Bolivia.
De acuerdo con la investigación argentina, Noya organizaba rutas internacionales para trasladar a sus clientes hasta zonas del oriente boliviano, especialmente cercanas al Área Natural de Manejo Integrado San Matías. Los viajes incluían vuelos comerciales desde Buenos Aires a Sao Paulo y luego a Cuiabá, Brasil, desde donde los cazadores ingresaban a Bolivia en avionetas sin registro migratorio o por vía terrestre, eludiendo controles fronterizos.
Las autoridades argentinas confirmaron, mediante el análisis del teléfono celular de Noya y herramientas digitales de verificación, que fotografías donde se lo ve posando con jaguares muertos fueron tomadas en territorio boliviano. Estas imágenes, según los denunciantes, constituyen una prueba directa de la caza ilegal de una especie protegida por la legislación nacional.
Pese a ello, la Fiscalía de San Matías determinó archivar el proceso por “insuficiencia probatoria”, sin que se haya realizado ningún allanamiento ni operativos de campo en las zonas señaladas. Los demandantes aseguran que nunca fueron notificados formalmente del cierre del caso y que el expediente fue retirado del sistema digital del Ministerio Público.
El caso boliviano contrasta con el avance de la investigación en Argentina, donde se ejecutaron 12 allanamientos, se incautaron 44 armas de fuego, casi 8.000 taxidermias y se embargaron vehículos de alta gama e inmuebles vinculados a la red de caza ilegal liderada presuntamente por Noya.
Especialistas advierten que el jaguar enfrenta una presión crítica en Bolivia, donde se estima que sobreviven poco más de 3.000 ejemplares. Aunque la especie está catalogada como vulnerable, expertos y activistas exigen que sea reclasificada como “en peligro”, ante la persistencia de redes de caza ilegal transnacional y la falta de sanciones efectivas.
La parte denunciante anunció que insistirá en la reapertura del caso y en la activación de mecanismos internacionales, al considerar que la caza de jaguares en Bolivia constituye un crimen ambiental transfronterizo que permanece impune.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
