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La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunció amenazas de muerte contra Javier Fernández Tuno, presidente de la CIPOAP, y su familia, presuntamente relacionadas con las acciones legales emprendidas contra la minería aurífera en Pando. Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen protección inmediata, mientras crecen los cuestionamientos a la Fiscalía por solicitar a las comunidades pruebas técnicas de contaminación.
La defensa del río Madre de Dios frente a la minería ilegal ha puesto en riesgo la seguridad de dirigentes indígenas del norte amazónico boliviano. Según informó la periodista Jimena Mercado, de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA), este 28 de octubre, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunció que Javier Fernández Tuno, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), recibió amenazas anónimas de muerte que también involucran a su familia.
La organización indígena vincula estas intimidaciones con las acciones legales impulsadas por las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) para denunciar la minería aurífera y exigir protección ambiental en el río Madre de Dios. A través de un pronunciamiento emitido el 27 de octubre, la CIDOB solicitó medidas urgentes de seguridad y una investigación que permita identificar a los responsables.
De acuerdo con el pronunciamiento difundido por la CIDOB, las amenazas contra Fernández Tuno estarían relacionadas con la Acción Ambiental Preventiva que impulsa la dirigencia indígena para enfrentar las actividades mineras denunciadas en el río Madre de Dios.
La confederación expresó su respaldo a la CIPOAP y destacó el trabajo de vigilancia territorial realizado por sus representantes, quienes han recorrido las comunidades, documentado posibles afectaciones ambientales y promovido acciones legales para proteger el agua, la salud y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas.
En declaraciones recogidas por el medio Nueva Presencia el 27 de octubre, Fernández Tuno confirmó haber recibido amenazas mediante llamadas anónimas y aseguró que continuará con la defensa del río. El dirigente explicó que las denuncias responden a una preocupación colectiva por las comunidades amazónicas y no a intereses particulares. Nueva Presencia+1
Ante las amenazas denunciadas, la CIDOB solicitó al Tribunal Agroambiental activar medidas de protección para Javier Fernández Tuno y su familia. Asimismo, pidió a la Policía Boliviana investigar las intimidaciones y al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para evitar que la situación se agrave.
La organización considera que las instituciones deben garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen la defensa de sus territorios y derechos colectivos. En la misma línea, Leonardo Tamburini, defensor de los derechos indígenas, expresó públicamente su preocupación por las represalias que estarían enfrentando los representantes del TIM II.
Las solicitudes de protección buscan permitir que las comunidades continúen con sus acciones de vigilancia y defensa ambiental sin exponerse a nuevas amenazas. Hasta la información disponible, no se ha establecido públicamente la identidad de los responsables de las intimidaciones. Nueva Presencia
La denuncia de amenazas ocurre en medio de otro conflicto entre la organización indígena y las instituciones encargadas de investigar posibles delitos ambientales.
Según la investigación de Jimena Mercado para ANA, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) cuestionó un requerimiento de la Fiscalía de Pando que exigió a la CIPOAP presentar pruebas sobre contaminación minera, además de información relacionada con las autoridades que participaron en asambleas indígenas.
La documentación del caso, también difundida por Visión 360, señala que el Ministerio Público solicitó estudios de laboratorio sobre presunta contaminación por mercurio y otros metales en el río Madre de Dios. El requerimiento establecía un plazo de 24 horas y advertía sobre posibles consecuencias penales en caso de incumplimiento.
La CIPOAP respondió formalmente el 23 de octubre y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones, pero rechazó que la responsabilidad de demostrar técnicamente las irregularidades recaiga sobre las mismas comunidades que las denuncian. Visión 360
Los cuestionamientos al requerimiento fiscal también fueron respaldados por la Defensoría del Pueblo. En un pronunciamiento oficial emitido el 27 de octubre, la institución expresó su preocupación porque exigir informes científicos especializados en un plazo de 24 horas podría imponer cargas desproporcionadas a las organizaciones indígenas.
La Defensoría sostuvo que corresponde al Ministerio Público impulsar las investigaciones necesarias y, cuando corresponda, recurrir al Instituto de Investigaciones Forenses, laboratorios acreditados y otras entidades técnicas para esclarecer las denuncias ambientales.
Por su parte, Miguel Miranda, responsable de incidencia en derechos humanos del CEDIB, señaló a ANA que las exigencias documentales y los plazos reducidos pueden convertirse en obstáculos para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
El pronunciamiento defensorial también recordó la importancia de garantizar los derechos reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo de Escazú, especialmente en casos relacionados con pueblos indígenas y la protección ambiental. defensoria.gob.bo
El conflicto tiene antecedentes en las denuncias sobre operaciones mineras que afectan al río Madre de Dios, un territorio fundamental para la alimentación, la movilidad y las actividades tradicionales de las comunidades indígenas.
En septiembre de 2026, una investigación de Mongabay Latam documentó los reclamos de poblaciones indígenas que exigían el retiro de dragas mineras y advertían sobre posibles afectaciones relacionadas con el uso de mercurio. Mientras la dirigencia indígena cuestionaba la legalidad de numerosas operaciones, representantes de una cooperativa minera sostenían que sus actividades contaban con respaldo legal. es.mongabay.com
Las comunidades del TIM II y la CIPOAP también impulsaron acciones judiciales para exigir controles sobre la minería. Según información de CIPCA, durante una asamblea realizada el 13 de octubre en la comunidad tacana de Exaltación, sus representantes reiteraron la necesidad de una intervención estatal integral y de medidas para atender las denuncias de contaminación. cipca.org.bo
Las amenazas denunciadas contra Javier Fernández Tuno colocan la protección de los defensores ambientales en el centro del conflicto minero de Pando. Para las organizaciones indígenas, investigar la actividad aurífera y garantizar la seguridad de quienes presentan denuncias son responsabilidades que deben atenderse simultáneamente.
La CIPOAP también ha defendido la legitimidad de sus asambleas, resoluciones y mecanismos de organización territorial, cuestionando que sus decisiones internas sean tratadas como motivos de sospecha por las autoridades investigadoras.
El caso plantea dos desafíos inmediatos para el Estado boliviano: esclarecer las amenazas contra los representantes indígenas y garantizar investigaciones ambientales efectivas, sin obstaculizar el acceso a la justicia de las comunidades que buscan proteger sus territorios.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
