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Una inspección realizada en el área minera Juanita Ruiz I, en el municipio de Villazón, permitió identificar una operación aurífera con aproximadamente 40 personas, más de 20 motocicletas, numerosos pozos y una infraestructura destinada a la concentración del mineral. Según la AJAM, el área todavía se encuentra en trámite para obtener un Contrato Administrativo Minero, condición que no habilita actividades de explotación.
Una operación aurífera de considerable magnitud fue identificada en el sector de Chipihuayco, municipio de Villazón, durante una inspección realizada por la Regional Tupiza-Tarija de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
En el lugar, los funcionarios observaron aproximadamente 40 personas trabajando simultáneamente, además de más de 20 motocicletas y vehículos livianos utilizados para trasladar personal entre distintos puntos de explotación.
La inspección permitió verificar también una extensa red de pozos y excavaciones abiertas en la ladera del cerro, con diferentes frentes activos. Los trabajadores empleaban picotas, palas, baldes, cuerdas y mangueras para desarrollar las labores extractivas.
Mediante un sobrevuelo con dron se detectó además una poza artificial utilizada en el proceso de concentración del mineral, junto con una alteración considerable del terreno provocada por las excavaciones.
Para la AJAM, la cantidad de personas, los medios de transporte y la existencia de varios frentes permiten dimensionar una actividad que superaría operaciones aisladas o de pequeña escala.
El punto central es la situación jurídica del área: Juanita Ruiz I se encuentra todavía en trámite de solicitud de un Contrato Administrativo Minero. De acuerdo con la autoridad minera, esa condición no concede autorización para iniciar labores de explotación.
La diligencia estuvo marcada además por un episodio de hostilidad.
Según el informe de la Regional Tupiza-Tarija, personas presentes en el sector cuestionaron el ingreso de los funcionarios y advirtieron que, si regresaban, “nos echarían gasolina y nos prenderían fuego”.
Pese a las amenazas reportadas, la comisión logró concluir la inspección y documentar las actividades encontradas.
Este hecho constituye una denuncia institucional que deberá ser evaluada por las instancias competentes para determinar eventuales responsabilidades.
El director departamental sustituto de la Regional Tupiza-Tarija, Oscar Antonio Santos Orellana, señaló que la institución continuará con las acciones de fiscalización.
“La Regional Tupiza tiene ese compromiso de lucha contra la minería ilegal y lo vamos a continuar realizando”, afirmó.
La AJAM anunció que remitirá los antecedentes, fotografías, registros y documentación obtenida durante la inspección al Ministerio Público y otras instancias competentes.
La investigación deberá establecer quiénes desarrollaban las actividades, las responsabilidades correspondientes y el alcance de la alteración del terreno identificada durante la inspección.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
