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Una inspección de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) identificó aprovechamiento forestal sin autorización en un terreno fiscal de 237 hectáreas, en el departamento de Tarija. Las autoridades decomisaron 120 bolsas de carbón, notificaron a tres personas y alertaron sobre una posible afectación de más de 21 hectáreas que todavía requiere verificación técnica.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) detectó actividades de desmonte y producción ilegal de carbón vegetal en terrenos fiscales del municipio de Villa Montes, en la región del Gran Chaco. Según información del medio Tardes en Línea, difundida por El País de Tarija el 2 de noviembre de 2026, los operativos identificaron apertura de brechas, aprovechamiento forestal no autorizado y elaboración de carbón dentro de un área de 237 hectáreas, revertida del predio conocido como El Porvenir. elpais.bo
Roberto Illanes, responsable de la ABT en Villa Montes, informó que durante las inspecciones se decomisaron 120 bolsas de carbón y se notificó formalmente a tres personas, contra quienes se iniciaron procesos administrativos. El caso genera preocupación por el aprovechamiento irregular de recursos forestales en terrenos estatales y por las dificultades para inspeccionar la totalidad del área intervenida.
Las inspecciones se desarrollaron en un terreno de 237 hectáreas que fue revertido del predio El Porvenir y que actualmente se encuentra en proceso de saneamiento. Durante los recorridos, los funcionarios identificaron brechas abiertas y actividades relacionadas con el aprovechamiento de recursos forestales y la producción de carbón vegetal sin los permisos correspondientes.
De acuerdo con la información proporcionada por Illanes, el área tiene condición de tierra fiscal, por lo que las actividades comerciales y de aprovechamiento forestal denunciadas no están permitidas en las condiciones actuales del predio. La intervención busca impedir que continúe la extracción no autorizada de recursos mientras se determina la situación administrativa y legal del terreno.
Como resultado de los operativos, la ABT notificó a tres personas relacionadas con las actividades detectadas e inició procedimientos administrativos para establecer posibles responsabilidades.
La autoridad también decomisó 120 bolsas de carbón producido de manera irregular, un hallazgo que evidencia la existencia de actividades de transformación de material forestal dentro del área inspeccionada.
Sin embargo, la información disponible no precisa el peso total del producto decomisado ni el volumen de madera utilizado para producirlo. Tampoco se ha informado sobre sanciones definitivas, por lo que los procedimientos administrativos deberán determinar las responsabilidades correspondientes.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los funcionarios fue la situación de las personas que ocupan el terreno. Según el reporte de Tardes en Línea, los ocupantes afirmaron haber adquirido los predios, pero durante la inspección no presentaron documentación que respaldara esa condición ni autorizaciones de desmonte.
La ausencia de documentos impide establecer, con la información disponible, la legitimidad de las operaciones realizadas. No obstante, corresponderá a las autoridades competentes verificar los antecedentes de propiedad y determinar si existen otras irregularidades relacionadas con la ocupación del área.
El caso evidencia la importancia del control institucional sobre tierras fiscales, particularmente cuando se registran actividades económicas que implican la extracción y transformación de recursos naturales.
El análisis preliminar de imágenes satelitales citado en los reportes periodísticos señala que la superficie afectada podría superar las 21 hectáreas. Esta estimación todavía requiere una verificación técnica que permita determinar la extensión exacta del desmonte y diferenciar las áreas intervenidas de otras modificaciones del terreno.
La información también señala que la presencia de cerramientos, portones y la extensión del predio dificultaron el recorrido completo de los funcionarios de la ABT.
Estas limitaciones impidieron verificar otros hornos de producción de carbón cuya existencia había sido denunciada. Por ello, la superficie total afectada y la cantidad de instalaciones utilizadas para elaborar carbón todavía no han sido determinadas.
El aprovechamiento forestal sin autorización constituye una amenaza para la conservación de los bosques, especialmente cuando la extracción de madera se realiza sin medidas de manejo, reposición o control ambiental.
En el Gran Chaco, la pérdida de cobertura vegetal puede agravar problemas como la erosión del suelo y la degradación de hábitats, además de reducir la capacidad de los ecosistemas para mantener determinadas funciones ambientales.
Sin embargo, en el caso de El Porvenir todavía no se dispone de una evaluación que establezca la cantidad de árboles extraídos, las especies afectadas o el impacto ambiental acumulado de las actividades detectadas.
La intervención en Villa Montes plantea la necesidad de profundizar las inspecciones y contrastar los resultados satelitales con verificaciones de campo para determinar la extensión real de las actividades forestales no autorizadas.
Los procesos administrativos iniciados por la ABT deberán esclarecer las responsabilidades de las personas notificadas y establecer las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente.
El caso vuelve a poner en discusión la capacidad de control sobre las tierras fiscales del Gran Chaco, donde la protección de los bosques depende tanto de la detección de actividades ilegales como de una fiscalización sostenida que impida nuevas intervenciones no autorizadas.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
