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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN BOLIVIA?
Detrás de cada reporte de desaparición hay una familia que busca respuestas. El registro policial de personas en búsqueda activa vuelve a poner sobre la mesa una preocupación nacional: la rapidez de las investigaciones, la protección de niñas, niños y adolescentes y los riesgos que pueden esconderse detrás de una ausencia.
9 de noviembre de 2026 | Derechos humanos y seguridad ciudadana
Una persona sale de casa y no regresa. Su teléfono deja de responder, pasan las horas y la familia comienza a buscarla entre llamadas, hospitales, amistades y publicaciones en redes sociales. Lo que inicialmente parece una ausencia inexplicable puede convertirse en una búsqueda desesperada, marcada por la incertidumbre y el temor de no volver a verla.
En Bolivia, esta realidad tiene una dimensión preocupante. El registro público de la Policía Boliviana mostraba este 9 de noviembre de 2026 un total de 2.055 personas en búsqueda activa. La cifra representa casos que permanecían abiertos en ese momento, no el número de desapariciones ocurridas durante el año. Tampoco permite establecer, por sí sola, cuántas personas fueron víctimas de delitos.
La distinción es fundamental. Una persona puede ser reportada como desaparecida por distintas circunstancias, y no todos los casos están relacionados con la trata de personas, el secuestro u otra actividad criminal. Sin embargo, detrás de algunas desapariciones pueden existir situaciones de violencia, explotación, captación mediante engaños o amenazas que requieren una investigación inmediata.
Lo que vuelve especialmente delicados estos casos es el tiempo. Cuando se desconoce el paradero de una persona, las primeras actuaciones permiten reconstruir sus últimos movimientos, identificar posibles testigos, revisar información disponible y determinar si existen indicios de riesgo. Retrasar injustificadamente estas diligencias puede dificultar la búsqueda y aumentar la angustia de quienes esperan noticias.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, Bolivia cuenta con la Alerta Juliana, un mecanismo policial de difusión urgente para desapariciones en las que existen indicios de riesgo grave. Al momento de la consulta, el sistema registraba 19 alertas activas, una cifra distinta de los 2.055 casos generales de búsqueda. La alerta requiere una evaluación específica y no se activa automáticamente ante cualquier reporte.
La existencia de este mecanismo representa una herramienta importante, pero también plantea desafíos. La difusión de fotografías y datos puede ayudar a localizar a una persona, aunque no reemplaza las diligencias policiales, la coordinación entre instituciones ni el acompañamiento a las familias. Una búsqueda efectiva necesita información actualizada, personal capacitado y procedimientos que eviten exponer innecesariamente a las personas involucradas.
La legislación boliviana también contempla obligaciones relacionadas con la búsqueda. La Ley 3933 regula la búsqueda, el registro y la difusión de información sobre niñas, niños y adolescentes extraviados, bajo principios de gratuidad, prioridad y celeridad. Por su parte, la Ley 263 establece medidas de prevención y lucha contra la trata y tráfico de personas, incluida la difusión de casos de desaparición. Estas disposiciones deben aplicarse respetando la confidencialidad y la protección de posibles víctimas.
Un problema adicional es la circulación de información en redes sociales. Las publicaciones de búsqueda pueden alcanzar rápidamente a miles de personas, pero también pueden difundirse datos equivocados, fotografías desactualizadas o alertas de personas que ya fueron localizadas. Por eso, compartir los afiches oficiales, comprobar las actualizaciones y comunicar cualquier información relevante a las autoridades es más útil que reproducir rumores o acusaciones sin fundamento.
Frente a esta realidad, Cecasem desarrolla desde 2011 un trabajo de investigación, análisis y sensibilización a través de su Observatorio de Trata de Personas, una iniciativa que contribuye a visibilizar las dinámicas de captación, explotación y vulneración de derechos vinculadas a este delito. Su labor permite fortalecer la comprensión de los factores de riesgo y promover una mirada preventiva, especialmente respecto de niñas, niños, adolescentes y mujeres, sin asumir que toda desaparición constituye necesariamente un caso de trata.
A este esfuerzo se suma Localisem, una aplicación tecnológica impulsada por Cecasem hace aproximadamente dos años, orientada a apoyar la difusión de información sobre personas desaparecidas y facilitar la participación ciudadana en su búsqueda. La herramienta busca aprovechar el alcance de la tecnología para ampliar la visibilidad de los reportes y contribuir a que la información pueda llegar a más personas. Su función es complementaria y no sustituye la denuncia formal, las investigaciones policiales ni los mecanismos oficiales de búsqueda.
Estas iniciativas reflejan la importancia de combinar investigación, prevención y herramientas digitales frente a una problemática que requiere respuestas articuladas. La tecnología puede facilitar la circulación de información, pero su utilidad depende también de la verificación de los reportes, la actualización de los casos y la protección de los datos personales, especialmente cuando se trata de menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.
La prevención también debe comenzar antes de una desaparición. Fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, enseñar a reconocer situaciones de captación y engaño, promover la seguridad digital y generar espacios de confianza en familias y comunidades son medidas importantes. Esto no significa trasladar a las posibles víctimas la responsabilidad de evitar un delito, sino reconocer que la información y las redes de apoyo pueden contribuir a reducir riesgos.
En las comunidades rurales e indígenas, la distancia respecto de los servicios especializados, las dificultades de comunicación y las barreras de acceso institucional pueden complicar una búsqueda. Estas condiciones hacen necesario fortalecer la coordinación entre autoridades locales, organizaciones comunitarias, servicios de protección y unidades policiales, con procedimientos accesibles y culturalmente pertinentes.
Desde la experiencia de Cecasem, la desaparición de una persona debe abordarse con una perspectiva de derechos humanos, protección y no revictimización. El trabajo del Observatorio de Trata de Personas y el desarrollo de Localisem forman parte de una apuesta por fortalecer la prevención, el acceso a información y la participación social, reconociendo que ninguna herramienta aislada puede reemplazar la responsabilidad de las instituciones encargadas de investigar y localizar a las personas desaparecidas.
Las cifras también deberían impulsar una discusión sobre la calidad de la información pública. Conocer cuántas personas permanecen en búsqueda activa es importante, pero para evaluar la respuesta institucional también se necesitan estadísticas periódicas sobre nuevos reportes, personas localizadas, tiempos de búsqueda, edades, departamentos y circunstancias investigadas. Sin estos datos comparables, resulta difícil determinar si la situación mejora o empeora y dónde deben concentrarse los esfuerzos.
Las 2.055 personas registradas en búsqueda activa este 9 de noviembre no son solamente una cifra para un titular. Son búsquedas pendientes de resolución y familias que necesitan información confiable. La verdadera medida de la respuesta del país no estará en cuántas fotografías circulen por las redes sociales, sino en cuántas personas puedan ser localizadas y protegidas mediante una actuación rápida, coordinada y respetuosa de sus derechos.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
