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La emergencia alcanza a 63 municipios y 1.486 comunidades de seis departamentos. Con miles de hectáreas productivas perdidas y graves afectaciones al ganado, Bolivia enfrenta una crisis que amenaza la seguridad alimentaria y los medios de vida de las familias rurales.
3 de noviembre de 2026 | Medio ambiente y seguridad alimentaria
Bolivia comenzó noviembre con una cifra alarmante: 114.048 familias afectadas o damnificadas por la sequía. La falta de agua ya provoca pérdidas agrícolas, compromete la actividad ganadera y pone en riesgo los medios de vida de miles de hogares. Lo que comenzó como una amenaza climática se ha convertido en una emergencia nacional que exige respuestas inmediatas.
Según el reporte del Ministerio de Defensa, con datos acumulados entre el 1 de junio y el 29 de octubre de 2026, la sequía afecta a 63 municipios y 1.486 comunidades de seis departamentos. Del total de familias registradas, 78.217 se encuentran afectadas y 35.831 han sido clasificadas como damnificadas, una distinción que permite identificar a quienes ya sufrieron pérdidas directas en sus bienes o medios de subsistencia.
Las consecuencias sobre la producción son especialmente preocupantes. El balance oficial registra 167.511 hectáreas agropecuarias afectadas, de las cuales 60.106 se reportan como perdidas, además de 75.013 cabezas de ganado perdidas. Son cifras que representan mucho más que daños económicos: significan cosechas que no podrán aprovecharse, animales que sostenían la economía familiar y meses de trabajo comprometidos por la falta de agua.
La emergencia también muestra señales de expansión. El 14 de octubre, Defensa Civil contabilizaba 57 municipios y 1.244 comunidades afectadas. Quince días después, el registro alcanzó 63 municipios y 1.486 comunidades. En apenas dos semanas, otras 242 comunidades fueron incorporadas al balance nacional, una señal de que las consecuencias de la sequía continúan extendiéndose.
Las afectaciones se distribuyen entre el altiplano, los valles y el Chaco. Oruro figura entre los departamentos más golpeados, mientras comunidades de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí también aparecen en los reportes oficiales. En estos territorios, la escasez de lluvias dificulta el mantenimiento de los cultivos, reduce la disponibilidad de forraje y complica el acceso al agua necesaria para el consumo y las actividades productivas.
Sin embargo, el verdadero impacto de la sequía no termina en los terrenos agrietados o los cultivos marchitos. Cuando una familia pierde su cosecha, también puede perder parte de su alimentación y su principal fuente de ingresos. Cuando escasean el agua y el pasto, mantener el ganado se vuelve cada vez más difícil. Y cuando la producción disminuye de manera sostenida, aumenta el riesgo de presiones sobre el abastecimiento y los precios de determinados alimentos, aunque los datos disponibles todavía no permiten atribuir a esta emergencia un incremento generalizado de precios.
Frente al agravamiento de la situación, el Gobierno promulgó el 31 de octubre el Decreto Supremo 5759, que declara Situación de Emergencia Nacional por la sequía y los riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño 2026–2027. La medida establece un marco para fortalecer la coordinación institucional, movilizar recursos y preparar respuestas ante las amenazas que enfrenta el país.
La declaratoria también contempla la necesidad de preparación frente a posibles heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones y desbordes en distintas regiones. Esto no significa que todos esos fenómenos vayan a producirse simultáneamente, sino que Bolivia enfrenta un escenario climático que requiere vigilancia permanente y capacidad de respuesta ante amenazas diversas.
Pero declarar una emergencia no significa resolverla. La verdadera respuesta deberá reflejarse en acciones concretas: garantizar el abastecimiento de agua en las comunidades más necesitadas, proteger las fuentes hídricas, fortalecer los sistemas de almacenamiento, asegurar reservas de forraje y brindar asistencia técnica a las familias productoras. También será fundamental identificar a quienes han perdido sus medios de subsistencia para priorizar una atención oportuna y adecuada a sus necesidades.
La coordinación entre el Gobierno nacional, las gobernaciones, los municipios y las propias comunidades será decisiva. Sin embargo, las medidas inmediatas deben acompañarse de soluciones que permitan reducir la vulnerabilidad frente a futuras sequías. La cosecha de agua, la conservación de suelos, la diversificación productiva, el monitoreo climático y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de alerta temprana son herramientas que pueden marcar una diferencia, especialmente en territorios rurales donde la producción depende directamente de las precipitaciones.
Esta emergencia también vuelve a poner sobre la mesa una realidad que Bolivia no puede ignorar: la crisis climática no afecta a todas las personas de la misma manera. Las familias que dependen de pequeñas parcelas agrícolas, la ganadería y los recursos naturales cuentan, en muchos casos, con menos alternativas para enfrentar periodos prolongados de escasez hídrica. Cuando el agua desaparece, no solo se compromete la producción, sino también la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y las condiciones de vida de comunidades enteras.
Desde la perspectiva de Cecasem, la respuesta a estos escenarios debe integrar la gestión comunitaria de riesgos, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria. Prevenir nuevas pérdidas requiere trabajar junto a las comunidades, reconocer sus conocimientos territoriales y desarrollar capacidades que les permitan anticiparse a las amenazas, proteger sus recursos y sostener sus medios de vida.
A pesar de la gravedad del panorama, todavía existen oportunidades para reducir los daños. Una alerta temprana puede facilitar la organización del abastecimiento de agua; una reserva de alimento puede ayudar a mantener el ganado; y una comunidad preparada puede actuar antes de que las pérdidas se multipliquen. Ninguna de estas medidas reemplaza las lluvias, pero todas pueden contribuir a que sus consecuencias sean menos devastadoras.
Bolivia no puede decidir cuándo volverá a llover, pero sí puede decidir cómo proteger a su población mientras enfrenta la sequía. Con más de 114.000 familias afectadas o damnificadas, miles de hectáreas perdidas y una emergencia nacional declarada, la respuesta ya no puede medirse únicamente en decretos y anuncios. Tendrá que medirse en agua que llega, producción que se protege y familias que consiguen sostener sus medios de vida. Porque cuando la sequía avanza, cada día sin respuesta también tiene consecuencias.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
