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Una investigación de Mongabay Latam revela que iniciativas para eliminar el mercurio, proteger áreas naturales y sancionar delitos ambientales quedaron paralizadas en la Asamblea Legislativa desde 2020. Especialistas cuestionan la falta de voluntad política y advierten sobre decisiones que podrían favorecer la expansión de actividades extractivas.
Al menos diez proyectos de ley destinados a proteger el medioambiente, regular actividades mineras y conservar la fauna silvestre quedaron archivados en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia desde 2020, según una investigación realizada por el periodista Iván Paredes Tamayo para Mongabay Latam. Entre las iniciativas paralizadas figuran propuestas para eliminar progresivamente el mercurio en la minería aurífera, fortalecer la protección de áreas protegidas, combatir incendios forestales y conservar especies amenazadas, mientras especialistas advierten sobre el avance de disposiciones que consideran favorables a las actividades extractivas.
La revisión identificó que varias propuestas fueron archivadas en noviembre de 2025, coincidiendo con el cambio de legislatura. Aunque estos proyectos todavía pueden ser recuperados mediante procedimientos parlamentarios, investigadores y legisladores consultados consideran que su estancamiento refleja una combinación de limitaciones técnicas, falta de personal especializado y obstáculos políticos que dificultan la aprobación de nuevas medidas de protección ambiental.
De acuerdo con los registros de la Cámara de Diputados revisados por Mongabay Latam, existen 2.752 proyectos de ley archivados desde la gestión 2020, mientras otros 809 permanecen en tratamiento legislativo. La mayor parte de las iniciativas archivadas corresponde a propuestas declarativas, aunque entre ellas también figuran proyectos destinados a atender problemas ambientales relacionados con la minería, la conservación de ecosistemas y la protección de la biodiversidad.
La investigación identificó al menos diez propuestas ambientales que no lograron completar su tratamiento legislativo. Algunas fueron presentadas durante la anterior legislatura y terminaron archivadas tras la renovación de los representantes parlamentarios, mientras otras enfrentaron dificultades para reunir los informes técnicos, jurídicos y políticos necesarios para avanzar hacia su aprobación.
La diputada Cecilia Requena, integrante del Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Naturales, explicó que el archivo de un proyecto no necesariamente significa su desaparición definitiva. Según señaló, uno o varios legisladores pueden solicitar su reposición, aunque el procedimiento requiere revisar los antecedentes y completar la documentación correspondiente.
Uno de los principales temas afectados por el estancamiento legislativo es la regulación de la actividad minera. Entre las propuestas archivadas se encuentra el proyecto de Ley para la Eliminación Progresiva del Mercurio en la Minería y la Protección de la Salud Pública y los Sistemas de Vida, que buscaba establecer medidas para reducir el uso de este metal tóxico en los procesos de extracción de oro.
También quedó archivada una iniciativa presentada en agosto de 2022 por el exdiputado Ronald Huanca, destinada a declarar de interés nacional la prohibición del mercurio en la minería pública y privada. A esta se suma otro proyecto impulsado por el mismo exlegislador en enero de 2024, que proponía promover el uso de tiourea como una alternativa tecnológica para la recuperación de minerales.
La tiourea es un compuesto utilizado en determinados procesos metalúrgicos para la extracción de oro y plata. Sin embargo, su aplicación también requiere evaluaciones técnicas y ambientales, por lo que no puede considerarse automáticamente una alternativa libre de riesgos. En Bolivia, la propuesta contemplaba estudiar su producción y utilización para disminuir la dependencia del mercurio en la minería aluvial.
Otra iniciativa archivada buscaba modificar el Código Penal para incorporar delitos relacionados con la minería ilegal. Su paralización forma parte de las preocupaciones expresadas por especialistas, quienes consideran necesario fortalecer los mecanismos legales para controlar actividades extractivas que afectan ríos, bosques y territorios indígenas.
El estancamiento legislativo no se limita a la minería. La investigación también identificó proyectos destinados a fortalecer la conservación de áreas protegidas y especies amenazadas, como el gato andino (Leopardus jacobita), uno de los felinos silvestres más vulnerables de Sudamérica.
Entre las propuestas archivadas figura una iniciativa presentada en abril de 2025 para elevar a rango de ley el decreto supremo de creación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Asimismo, quedó pendiente un proyecto orientado a fortalecer las acciones contra el narcotráfico en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, territorio que enfrenta amenazas relacionadas con actividades ilícitas.
La agenda ambiental archivada incluye además proyectos vinculados con la prevención y sanción de incendios forestales. Uno de ellos buscaba garantizar la disponibilidad inmediata de combustible para vehículos y equipos de bomberos voluntarios, mientras otro proponía reforzar la protección penal frente a los incendios que afectan extensas superficies de bosques y otros ecosistemas del país.
También fueron archivadas iniciativas sobre educación ambiental y preservación de recursos naturales, entre ellas el proyecto denominado «Bolivia limpia y digna con el medioambiente», presentado en 2023, y una propuesta de formación individual y colectiva en conservación ambiental, archivada en 2020.
La diputada Cecilia Requena explicó a Mongabay Latam que una de las dificultades para tramitar proyectos ambientales es la limitada capacidad técnica de las instancias legislativas encargadas de analizarlos. Según relató, su comité contaba con una sola persona para gestionar más de 30 iniciativas sobre temas diversos, como agua, bosques, tierras y fauna silvestre.
La legisladora señaló que cada proyecto necesita una revisión especializada para determinar su viabilidad, identificar observaciones y emitir los informes correspondientes. A ello se suma la incorporación de nuevos parlamentarios desde noviembre de 2025, algunos de los cuales todavía se encuentran familiarizándose con los procedimientos legislativos.
Requena informó que trabaja en la continuidad de tres proyectos que ya habían recibido aprobación en el Senado durante la anterior legislatura. Entre ellos figuran una propuesta sobre bioinsumos, otra relacionada con la protección de áreas naturales y una iniciativa para eliminar progresivamente el mercurio en la minería aluvial.
En el caso de la regulación del mercurio, reconoció que el diálogo con las cooperativas mineras constituye un factor relevante para conseguir respaldo legislativo. Desde su perspectiva, la aprobación de estas normas requiere no solamente sustento técnico, sino también acuerdos sociales y políticos que permitan superar las resistencias de los sectores involucrados.
Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), sostuvo que el estancamiento de determinados proyectos no responde únicamente a dificultades administrativas. En declaraciones a Mongabay Latam, afirmó que también existe una falta de voluntad política para impulsar normas que establezcan mayores restricciones a la minería.
Según Zaconeta, la cercanía de las cooperativas mineras con diferentes gobiernos habría contribuido a bloquear iniciativas destinadas a regular sus actividades. El investigador considera que Bolivia necesita fortalecer su legislación para delimitar las zonas donde se permite la minería, establecer restricciones claras en áreas protegidas y regular el uso de sustancias químicas empleadas en el procesamiento de minerales.
El especialista también cuestionó que, mientras permanecen archivadas propuestas ambientales, se hayan promovido decretos y resoluciones que, según su análisis, flexibilizan determinadas exigencias administrativas para actividades extractivas. Esta valoración refleja su posición sobre la orientación de la política minera y requiere examinar cada disposición para establecer sus efectos jurídicos concretos.
Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, coincidió en que existe un debilitamiento de la agenda legislativa ambiental. La especialista cuestionó decisiones administrativas relacionadas con la actividad minera y advirtió sobre la existencia de derechos mineros que se superponen con territorios protegidos.
Según los datos expuestos por Monasterio a Mongabay Latam, existen al menos 269 derechos mineros considerados preconstituidos que recaen sobre 15 áreas protegidas, entre las que destacan Apolobamba, Cotapata y Madidi, en el departamento de La Paz. La investigadora cuestionó la validez de algunos de estos derechos y sostuvo que su reconocimiento requiere una revisión rigurosa de los antecedentes legales.
Los derechos preconstituidos son aquellos reconocidos bajo disposiciones anteriores a la Constitución Política del Estado de 2009. Sin embargo, su existencia no implica por sí sola una autorización irrestricta para desarrollar actividades mineras, especialmente cuando estas deben cumplir normas ambientales y disposiciones específicas de conservación.
La especialista también expresó preocupación por el proyecto de ley 727/2025-2026, al considerar que podría modificar los mecanismos de aprobación de contratos mineros y trasladar determinadas competencias hacia la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Esta interpretación corresponde a Monasterio y debe diferenciarse de los efectos jurídicos que tendría la propuesta en caso de ser aprobada.
Pese al estancamiento de las iniciativas, la investigación señala que existe la posibilidad de reponer los proyectos para que vuelvan a ser considerados por la Asamblea Legislativa. Para ello, los parlamentarios interesados deben impulsar su recuperación y, cuando corresponda, incorporar estudios técnicos, informes jurídicos y otros antecedentes necesarios para continuar el procedimiento.
La reposición permitiría retomar propuestas relacionadas con la eliminación del mercurio, la conservación de especies amenazadas, la prevención de incendios forestales y el fortalecimiento de la protección de áreas naturales. No obstante, su avance dependerá de la capacidad de construir consensos políticos y superar las dificultades técnicas que han retrasado su tratamiento.
El panorama descrito por Mongabay Latam evidencia una brecha entre las necesidades de protección ambiental y la capacidad del Legislativo para convertirlas en normas. Mientras la minería, los incendios forestales y las amenazas a la biodiversidad continúan generando preocupación, al menos diez iniciativas permanecen fuera del debate parlamentario activo, a la espera de que sean recuperadas y sometidas nuevamente a consideración.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
