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Este 12 de octubre, Día de la Descolonización, Bolivia enfrenta una contradicción que sigue vigente: mientras la Constitución reconoce la autonomía, los territorios y los derechos de sus pueblos indígenas, numerosas comunidades todavía encuentran obstáculos para decidir sobre su propio futuro.
Bolivia lleva diecisiete años reconociéndose constitucionalmente como un Estado Plurinacional. Desde 2009, los pueblos indígena originario campesinos cuentan con derechos expresamente reconocidos a la libre determinación, al autogobierno, a la identidad cultural y a la participación en las decisiones que afectan sus territorios. Sin embargo, el reconocimiento legal no siempre se ha traducido en poder efectivo. Detrás de los avances normativos persisten desigualdades que plantean una pregunta incómoda: ¿de qué sirve reconocer la autonomía de un pueblo si ejercerla continúa siendo un proceso lleno de obstáculos?
La respuesta aparece en las propias cifras. Según un balance difundido por el Órgano Electoral Plurinacional en septiembre de 2026, de 20 entidades territoriales que habían accedido a la autonomía indígena originario campesina, solamente tres habían logrado conformar sus gobiernos autónomos: Charagua Iyambae, Uru Chipaya y Raqaypampa. Los requisitos administrativos, los intereses políticos y económicos y las dificultades para alcanzar consensos internos figuran entre los obstáculos identificados. El dato no significa que los demás procesos hayan fracasado, pero revela la distancia que todavía existe entre reconocer un derecho y garantizar las condiciones para ejercerlo.
Esta contradicción también se manifiesta en la defensa de los territorios. En distintas regiones del país, comunidades indígenas enfrentan presiones vinculadas con actividades mineras, forestales y agropecuarias que pueden afectar sus fuentes de agua, sus medios de vida y sus formas tradicionales de organización. La Constitución establece el derecho a la consulta previa cuando se prevean medidas susceptibles de afectarles, pero su aplicación continúa generando controversias. En 2025, la Defensoría del Pueblo volvió a recordar la obligación estatal de respetar este derecho, en un contexto de denuncias indígenas por contaminación minera.
El problema adquiere especial relevancia en las tierras bajas de Bolivia, donde pueblos como los Tsimane, Ayoreo, Araona, Ese Ejja y otros enfrentan dificultades relacionadas con el acceso a servicios básicos, la protección territorial y la continuidad de sus lenguas y conocimientos. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la situación de vulnerabilidad de varias de estas poblaciones. En comunidades amazónicas, las distancias, la precariedad de las vías de comunicación y las limitaciones de los servicios públicos pueden profundizar desigualdades que el reconocimiento constitucional, por sí solo, no consigue resolver.
Pero hablar de descolonización también exige mirar lo que ocurre con las mujeres indígenas. Su participación en las decisiones comunitarias, el acceso a oportunidades económicas y el ejercicio del liderazgo siguen siendo desafíos importantes. Las desigualdades de género pueden combinarse con barreras territoriales, educativas y económicas, restringiendo su autonomía. Al mismo tiempo, numerosas mujeres Tsimane, Chiquitanas y de otros pueblos impulsan iniciativas productivas, fortalecen sus organizaciones y participan en procesos de formación política y comunitaria, demostrando que no son únicamente poblaciones que necesitan protección, sino protagonistas de sus propias transformaciones.
Esta realidad obliga a superar una visión de los pueblos indígenas limitada a sus vestimentas, idiomas, danzas o celebraciones. Reconocer una cultura implica también respetar sus instituciones, sus conocimientos y su capacidad para participar en las decisiones públicas. Una comunidad no ejerce plenamente sus derechos solo porque su identidad sea reconocida en un documento oficial, sino cuando dispone de oportunidades reales para proteger su territorio, acceder a educación y salud de calidad y definir sus prioridades de desarrollo.
En ese contexto, el trabajo de organizaciones como Cecasem, mediante el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, la seguridad alimentaria, la prevención de las violencias y la adaptación ambiental, contribuye a ampliar las capacidades de las comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, estos esfuerzos no sustituyen las responsabilidades del Estado, que debe garantizar políticas públicas culturalmente pertinentes, mecanismos efectivos de participación y recursos suficientes para reducir las desigualdades históricas.
El 12 de octubre no debería limitarse a recordar la conquista, el colonialismo o las transformaciones políticas que marcaron la historia boliviana. También representa una oportunidad para evaluar cuánto ha cambiado realmente la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Bolivia ha avanzado en el reconocimiento jurídico de su diversidad, pero todavía enfrenta el desafío de convertir esos derechos en condiciones concretas de autonomía, participación y bienestar.
La verdadera descolonización no consiste únicamente en reconocer que Bolivia tiene muchos pueblos, sino en garantizar que esos pueblos tengan poder para decidir sobre su propio futuro. Porque un Estado no se vuelve plenamente plurinacional solo por declararlo en su Constitución, sino cuando esa pluralidad se refleja en las decisiones, los recursos y las oportunidades que llegan a sus territorios.
Por: Brian Cristopher Dalenz Cortez
