Donar
Más de un millón de bolivianos tienen 60 años o más. Mientras el país envejece, 1.061 denuncias de violencia registradas en apenas seis meses exponen una realidad que muchas veces permanece detrás de las puertas de los hogares.
En Bolivia, una persona adulta mayor denunció haber sufrido violencia aproximadamente cada cuatro horas durante el primer semestre de 2026. No se trata de una estimación construida para dimensionar el problema ni de una proyección sobre lo que podría estar ocurriendo dentro de los hogares: son 1.061 denuncias registradas entre enero y junio por la Policía Boliviana y sistematizadas, de manera preliminar, por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. En promedio, fueron 5,9 denuncias cada día.
La cifra se conoció este fin de semana, apenas unos días después del Día Internacional de las Personas de Edad, conmemorado el 1 de octubre, y obliga a mirar la vejez boliviana desde un lugar mucho menos cómodo. El problema no consiste solamente en que más de mil personas mayores hayan llegado hasta una instancia institucional para denunciar violencia física o psicológica. La verdadera dimensión de la alerta aparece cuando se recuerda que estos registros representan únicamente los hechos denunciados y no necesariamente la totalidad de los casos ocurridos. Detrás de esa diferencia se encuentra una pregunta difícil de responder: ¿cuántas personas mayores atraviesan situaciones de maltrato, abandono, humillación o abuso sin que ninguna institución llegue a saberlo?
La pregunta adquiere mayor relevancia porque Bolivia está cambiando demográficamente. El país que durante décadas se describió como predominantemente joven está envejeciendo. Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 muestran una reducción proporcional de la población infantil y un crecimiento de los grupos de mayor edad. Mientras las personas de 0 a 14 años representaban el 38,7 % de la población en 2001, en 2024 esa proporción cayó al 27 %. En sentido contrario, las personas de 65 años o más pasaron del 5 % al 7,4 % durante el mismo periodo. Si se utiliza el umbral legal de 60 años para considerar a una persona adulta mayor, Bolivia cuenta actualmente con 1.230.493 personas en este grupo, equivalentes al 10,83 % de la población nacional.
Es decir, más de uno de cada diez habitantes de Bolivia ya tiene 60 años o más. No estamos, por tanto, ante un problema marginal ni frente a una discusión que pueda reducirse a la asistencia social. El envejecimiento de la población modifica las necesidades sanitarias, económicas, urbanas y familiares de un país y obliga a preguntarse qué condiciones estamos construyendo para una etapa de la vida a la que, si las circunstancias lo permiten, llegará una proporción creciente de la sociedad.
Las 1.061 denuncias conocidas ahora ofrecen una primera respuesta y no es tranquilizadora. De ese total, 620 correspondieron a violencia física y 441 a violencia psicológica. La violencia física representa aproximadamente el 58 % de los registros, lo que significa que casi seis de cada diez denuncias involucraron agresiones contra la integridad corporal de una persona mayor. La distribución territorial también resulta significativa: La Paz registró 346 casos, Santa Cruz 300 y Cochabamba 208. Entre los tres departamentos acumularon 854 denuncias, equivalentes al 80,5 % del total nacional registrado durante el semestre.
Sin embargo, interpretar esos números exige cautela. Una mayor cantidad de denuncias en un departamento no demuestra automáticamente que allí exista proporcionalmente más violencia. También pueden influir el tamaño de la población, la presencia institucional, el acceso a servicios, el conocimiento de los mecanismos de denuncia y la disposición de las víctimas o sus entornos para recurrir a ellos. El registro administrativo permite conocer los casos que ingresaron al sistema, pero no ofrece por sí solo una radiografía completa de toda la violencia existente.
Esa limitación es especialmente importante cuando hablamos de personas adultas mayores, porque denunciar puede significar enfrentarse precisamente a quienes forman parte de su entorno cotidiano. La violencia en la vejez puede producirse en relaciones atravesadas por dependencia económica, afectiva o de cuidados, y esa circunstancia puede dificultar la búsqueda de ayuda. Una persona puede reconocer que está siendo maltratada y, aun así, temer quedarse sola, perder el lugar donde vive, romper una relación familiar o no saber quién se hará cargo de sus necesidades si denuncia.
Por eso reducir el problema a los golpes sería una equivocación. La violencia física es la manifestación más visible, pero el maltrato puede expresarse mediante insultos, amenazas, humillaciones, aislamiento, negligencia o abandono. También puede existir abuso económico y patrimonial cuando alguien controla indebidamente ingresos, pensiones o bienes de una persona mayor. En otros casos, la vulneración puede aparecer bajo una apariencia mucho más cotidiana: decidir permanentemente por ella, impedirle administrar sus propios recursos o tratarla como si haber envejecido significara automáticamente haber perdido autonomía.
La Defensoría del Pueblo advirtió precisamente este 1 de octubre que en Bolivia persisten barreras relacionadas con el acceso oportuno a servicios de salud, los mecanismos de cuidado y protección social, la discriminación por edad, el abandono y diferentes formas de violencia y maltrato. La institución recordó además un principio esencial para comprender el problema: las personas adultas mayores son sujetos plenos de derechos y deben poder vivir con dignidad, autonomía, seguridad y participación.
La palabra autonomía resulta particularmente importante. Existe una forma de discriminación que suele pasar inadvertida porque incluso puede presentarse como preocupación o protección: asumir que todas las personas mayores son frágiles, incapaces de comprender, improductivas o dependientes. El edadismo —la discriminación basada en la edad— puede convertir la vejez en una especie de pérdida anticipada de ciudadanía. Se habla por la persona, se decide por ella, se minimiza su opinión o se interpreta cualquier deseo de independencia como un riesgo que alguien más debe controlar.
El propio Ministerio de Salud llamó recientemente a erradicar los estereotipos sociales sobre la vejez y recordó que esta etapa forma parte natural del desarrollo humano y no debe entenderse como una enfermedad ni como un retorno a la infancia. La precisión parece sencilla, pero tiene profundas consecuencias. Cuidar a alguien no significa anular su voluntad. Proteger no equivale a sustituir permanentemente sus decisiones. Y necesitar apoyo para determinadas actividades no elimina el derecho a decidir sobre la propia vida.
La percepción social demuestra, además, que el problema no resulta completamente invisible para la ciudadanía. La Encuesta de Demografía y Salud 2023 del Instituto Nacional de Estadística preguntó a hombres encuestados con qué frecuencia consideraban que las personas adultas mayores sufrían violencia. El 16,5 % respondió “muy frecuentemente” y el 43,7 %, “frecuentemente”. En conjunto, seis de cada diez respuestas ubicaron la violencia hacia esta población entre frecuente y muy frecuente. Se trata de una medición de percepción y no de prevalencia real, pero muestra que el maltrato en la vejez es reconocido socialmente como una problemática existente.
La contradicción aparece entonces con claridad: sabemos que ocurre, tenemos leyes que lo prohíben y contamos con instituciones encargadas de proteger derechos, pero las denuncias continúan llegando.
Bolivia posee, de hecho, un marco jurídico específico. La Constitución Política del Estado reconoce en sus artículos 67 al 69 los derechos de las personas adultas mayores y establece el derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. La Ley N.º 369, General de las Personas Adultas Mayores, desarrolló posteriormente esa protección bajo principios entre los que se encuentran la no violencia, la solidaridad intergeneracional y la protección frente a la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia y la violencia institucional y familiar. A ello se suma la Ley N.º 872, mediante la cual Bolivia ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Los registros de la Defensoría muestran que las vulneraciones exceden la violencia física. Durante 2025, su Sistema de Servicio al Pueblo recibió 1.065 casos relacionados con vulneraciones de derechos de personas adultas mayores, además de 585 vinculados con garantías del debido proceso y acceso a la justicia y otros 555 referidos al derecho de petición y respuesta. Hasta el 9 de junio de 2026, la institución había registrado 256 casos vinculados específicamente con el derecho a una vejez digna y al trato preferente, además de 168 relacionados con debido proceso y acceso a la justicia.
Estas cifras pertenecen a categorías y sistemas de registro distintos de las 1.061 denuncias policiales conocidas ahora, por lo que no deben sumarse como si describieran un único universo estadístico. Juntas, sin embargo, muestran algo relevante: las dificultades que atraviesan las personas mayores no terminan en el ámbito familiar y tampoco se limitan a las agresiones físicas. Existen problemas relacionados con justicia, respuesta institucional, servicios, protección y ejercicio efectivo de derechos.
La situación económica añade otra capa de vulnerabilidad. Durante los episodios de conflictividad social registrados este año, la Defensoría alertó que el incremento del precio de los alimentos, las dificultades para acceder a medicamentos y servicios de salud, las restricciones de movilidad y los obstáculos para cobrar pensiones y beneficios sociales afectaron especialmente a las personas mayores. Son factores que pueden parecer independientes de la violencia, pero que en realidad ayudan a comprender por qué la autonomía económica y el acceso efectivo a servicios son componentes esenciales de una vejez digna.
Una persona que depende completamente de otra para comprar alimentos, desplazarse, acudir al médico o administrar sus recursos se encuentra en una posición diferente frente a una situación de abuso. Esto no significa que la dependencia produzca automáticamente violencia ni que las familias cuidadoras sean agresoras; significa que las políticas de prevención deben reconocer las relaciones de poder que pueden aparecer cuando una persona carece de alternativas para cubrir necesidades fundamentales.
También obliga a hablar de los cuidados, una discusión que Bolivia deberá afrontar con mayor profundidad a medida que envejezca su población. Durante mucho tiempo se asumió que cuidar a las personas mayores era una responsabilidad esencialmente privada que debía resolverse dentro de la familia. Esa estructura continúa siendo fundamental para miles de hogares, pero el cambio demográfico plantea interrogantes nuevos: ¿qué sucede cuando una persona mayor vive sola?, ¿qué ocurre cuando una familia no tiene recursos para asumir cuidados prolongados?, ¿quién acompaña a quienes no cuentan con una red familiar?, ¿qué apoyo reciben quienes dedican buena parte de su tiempo a cuidar?
La respuesta no puede consistir en convertir a la familia en sospechosa ni en desplazar completamente hacia el Estado una responsabilidad que también tiene dimensiones familiares y comunitarias. Se necesita una arquitectura de corresponsabilidad. El Estado debe garantizar derechos, servicios y mecanismos de protección; las familias deben proporcionar entornos libres de violencia y respetuosos de la autonomía; las comunidades pueden detectar situaciones de aislamiento y generar redes de apoyo; y la sociedad debe revisar prejuicios que normalizan determinadas formas de trato hacia las personas mayores.
Esa reflexión incluye inevitablemente una dimensión de género. Envejecer no borra las desigualdades acumuladas durante la vida. Una mujer que llega a los 60 o 70 años después de décadas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado puede hacerlo con menos patrimonio, menor independencia económica o trayectorias laborales diferentes a las de un hombre de su generación. Del mismo modo, las desigualdades territoriales pueden hacer que la experiencia de envejecer en una ciudad con servicios cercanos sea radicalmente distinta a hacerlo en una comunidad rural o indígena donde acceder a atención especializada exige recorrer grandes distancias.
Hablar de violencia contra las personas mayores requiere, por eso, abandonar la idea de una vejez única. No se envejece de la misma manera con ingresos suficientes que en pobreza, con una red familiar sólida que en aislamiento, con acceso inmediato a salud que a varias horas de un centro médico. Tampoco se envejece igual después de una vida marcada por desigualdad, discriminación o violencia.
Aquí aparece uno de los principales retos para las políticas públicas bolivianas. Si más del 10 % de la población ya supera los 60 años y la estructura demográfica continúa transformándose, las necesidades asociadas al envejecimiento dejarán de ser un asunto sectorial para convertirse progresivamente en una cuestión transversal de planificación nacional. Salud, vivienda, transporte, justicia, protección social, accesibilidad, empleo, pensiones, urbanismo y cuidados tendrán que adaptarse a una población con una proporción creciente de personas mayores.
Cuando una persona llega a la Policía después de una agresión, la violencia ya ocurrió. Una estrategia integral necesita identificar factores de riesgo, fortalecer servicios municipales y redes comunitarias, garantizar rutas claras de atención, facilitar mecanismos de denuncia accesibles y ofrecer alternativas reales cuando la víctima depende de la persona agresora. También requiere información pública suficiente para conocer quiénes son las víctimas, dónde ocurren las agresiones, cuál es el vínculo con los agresores, cuántos casos avanzan en el sistema de justicia y qué medidas de protección resultan efectivas.
La existencia de 1.061 denuncias en seis meses constituye una alerta, pero también evidencia la necesidad de mejores datos. Saber que 620 casos fueron de violencia física y 441 psicológica permite dimensionar una parte del problema; conocer que La Paz, Santa Cruz y Cochabamba concentran ocho de cada diez registros permite identificar dónde se encuentra la mayor cantidad absoluta de denuncias. Sin embargo, para diseñar políticas eficaces es necesario comprender también aquello que las estadísticas agregadas todavía no muestran.
Y existe otra cifra que merece atención: 617 de las 1.061 denuncias corresponden a personas de entre 60 y 69 años, mientras que 444 involucran a personas de 70 años o más. Es decir, casi seis de cada diez casos registrados corresponden al primer tramo de la adultez mayor. El dato rompe con la imagen habitual de que el maltrato en la vejez afecta exclusivamente a personas de edades muy avanzadas o con altos niveles de dependencia.
Puede instalarse cuando se normaliza la humillación, cuando una persona deja de tener control sobre sus propios recursos, cuando se la excluye sistemáticamente de las decisiones o cuando sus necesidades comienzan a percibirse únicamente como una carga. Por eso la prevención también es cultural. Una sociedad que asocia el valor de las personas exclusivamente con su productividad económica corre el riesgo de mirar la vejez desde la utilidad y no desde los derechos.
Ese cambio de mirada es particularmente importante para organizaciones que trabajan desde un enfoque de derechos humanos. Para Cecasem, la prevención de las violencias no puede entenderse únicamente desde la respuesta posterior al daño, sino desde la transformación de aquellas relaciones de desigualdad que permiten que determinadas vulneraciones sean toleradas, invisibilizadas o consideradas asuntos privados. Esa perspectiva resulta aplicable también a las personas adultas mayores: una agresión ocurrida dentro de una familia no pierde su gravedad por suceder detrás de una puerta cerrada, y la edad de la víctima nunca puede convertirse en una razón para restarle credibilidad, autonomía o capacidad de decisión.
El dato conocido este fin de semana debería servir, entonces, para algo más que producir indignación momentánea. Bolivia tiene hoy más de 1,2 millones de razones para discutir seriamente qué significa una vejez digna. La respuesta no puede limitarse a homenajes, descuentos, filas preferenciales o conmemoraciones una vez al año, por importantes que sean las medidas de trato preferente. La dignidad también significa poder vivir sin miedo dentro del propio hogar, conservar la autonomía sobre el patrimonio y las decisiones personales, acceder a salud y justicia, participar en la comunidad y recibir apoyo sin que ese apoyo se convierta en control.
La transformación demográfica convierte esta discusión en una cuestión de futuro, pero las 1.061 denuncias demuestran que también es un problema del presente. Cada generación que hoy observa la violencia contra las personas mayores está, al mismo tiempo, construyendo las condiciones en las que ella misma podría envejecer.
Por eso la pregunta que dejan las cifras de 2026 no debería ser solamente por qué tantas personas mayores están siendo violentadas. También deberíamos preguntarnos qué clase de sociedad estamos preparando para quienes hoy tienen 40, 30 o 20 años. Bolivia está envejeciendo y ese proceso continuará planteando nuevos desafíos. La decisión pendiente es si el país llegará a esa transformación reaccionando cuando los problemas ya estén instalados o construyendo desde ahora un sistema capaz de acompañar la vejez con autonomía, protección y derechos.
Envejecer no debería significar volverse invisible, perder la capacidad de decidir ni aprender a soportar el maltrato en silencio. Mucho menos debería significar tener miedo de las personas de quienes se espera cuidado y protección. Una sociedad puede ser evaluada también por la manera en que acompaña a quienes atraviesan las distintas etapas de la vida. En Bolivia, una denuncia cada cuatro horas demuestra que todavía existe una distancia preocupante entre la vejez digna que reconocen las leyes y la realidad que enfrentan muchas personas.
Reducir esa distancia es una responsabilidad pública, familiar y colectiva. Porque garantizar una vida libre de violencia no tiene edad y porque la dignidad, cuando realmente se entiende como un derecho, tampoco debería tener fecha de vencimiento.
Por: Brian Cristopher Dalenz Cortez
