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De 24 casos registrados en 2021 a 82 en 2025. Datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de San Borja, recogidos durante un trabajo de campo de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), muestran un fuerte incremento de casos de violación, estupro y abandono de menores. Pero las propias instituciones advirtieron que las cifras podrían no mostrar toda la dimensión del problema: el miedo, las distancias y la falta de recursos dificultan que algunas situaciones de violencia lleguen hasta la justicia.
La situación fue documentada durante un trabajo de campo realizado entre el 16 y el 19 de septiembre de 2026 en la comunidad T’simane de San Miguel del Martirio en el municipio de San Borja. La actividad contó con la participación de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y sus hallazgos serán incorporados al octavo informe alternativo que se presentará ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Los registros de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de San Borja recopilados por CNAMIB muestran que los casos de violación, estupro y abandono de menores pasaron de 24 en 2021 a 58 en 2022, 52 en 2023, 74 en 2024 y 82 en 2025. Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron otros 29 casos, entre ellos un homicidio. Según la información difundida por CNAMIB, las víctimas se concentran principalmente entre los 14 y 15 años y muchas de las adolescentes de esas edades ya son madres.
Sin embargo, los registros institucionales podrían representar solo una parte de las situaciones de violencia. De acuerdo con información del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) recogido durante el estudio, algunas familias optan por atender los casos dentro de sus comunidades debido al miedo, las distancias geográficas o la falta de recursos económicos para trasladarse y denunciar. Durante las entrevistas en San Miguel del Martirio también se reportaron situaciones de violencia tratadas internamente, sin intervención de la justicia ordinaria.
A esas dificultades se suma una barrera que las propias mujeres de la comunidad identificaron como fundamental, el idioma. Las participantes solicitaron que autoridades municipales y departamentales desarrollen procesos de sensibilización en lengua tsimane, con traductores y materiales bilingües, para que la información sobre derechos y mecanismos de protección pueda llegar efectivamente a las comunidades.
La violencia tampoco aparece aislada de las condiciones materiales en las que vive la comunidad. CNAMIB reportó que San Miguel del Martirio, donde viven más de 190 familias, enfrenta pérdida de semillas y alimentos asociada a los efectos del cambio climático y los incendios, además de problemas de desnutrición y dificultades en el acceso a servicios. El levantamiento de información incluyó entrevistas con autoridades comunales, docentes, personal de salud, el Gran Consejo Tsimane, la Organización de Mujeres Indígenas Tsimanes, el SLIM y la DNNA.
Los hallazgos muestran así un problema que no puede reducirse únicamente al crecimiento de una estadística. Cuando denunciar implica recorrer largas distancias, disponer de dinero, superar barreras lingüísticas y lograr que el caso llegue hasta las instituciones competentes, el acceso a la protección y a la justicia también se vuelve desigual. La información recopilada en territorio será llevada ahora al escenario internacional a través del informe alternativo ante la CEDAW, incorporando las experiencias y demandas de las mujeres T’simane a la evaluación sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres en Bolivia.
Por: Monserrath N. Murillo Ezcurra - Comunicación
