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El cambio en la dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas ocurre en medio de una crisis laboral que mantiene a 143 guardaparques trabajando sin contrato ni salario desde el 25 de agosto. El Gobierno aseguró que serán recontratados en su totalidad, mientras el sector espera que el compromiso se concrete.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) atraviesa un cambio en su conducción en medio de la incertidumbre laboral de 143 guardaparques. Zacarías Sánchez asumió la dirección de la institución tras la renuncia de Cecilia Miranda, quien presentó su dimisión el 25 de agosto, según información publicada por Revista Nómadas.
Sánchez se desempeñaba como director de Monitoreo Ambiental del SERNAP y, para el 17 de septiembre, ya aparecía en información institucional como director ejecutivo de la entidad durante una reunión con representantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El cambio se produce mientras continúa sin resolverse completamente la situación de 143 guardaparques que, de acuerdo con el reporte, permanecen desarrollando labores en las áreas protegidas sin contrato ni salario desde el 25 de agosto.
La situación se originó en el proceso de reorganización del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua. El 28 de agosto, el ministro Óscar Justiniano remitió a la entonces directora del SERNAP la nota CAR/MPSMAYA/DGAJ N.º 0288/2026, mediante la cual se solicitaba al personal poner sus cargos a disposición como parte de una denominada “transición ordenada”.
Sin embargo, para entonces Miranda ya había presentado su renuncia y parte del personal había sido desvinculado, entre ellos los 143 guardaparques cuyos salarios dependen del Tesoro General de la Nación (TGN).
Según fuentes del SERNAP consultadas por Revista Nómadas, Miranda continuó trabajando después del 25 de agosto. Su última reunión al frente de la institución habría ocurrido el 15 de septiembre, de manera virtual, con representantes de los guardaparques.
El presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), Marcos Uzquiano, confirmó al medio que los 143 trabajadores continuaron cumpliendo sus funciones pese a encontrarse sin contrato y sin percibir salarios desde el 25 de agosto.
De acuerdo con Uzquiano, por agosto recibieron el pago correspondiente únicamente hasta el día 25.
La incertidumbre llevó anteriormente a ABOLAC a declararse en emergencia y presentar una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por una presunta vulneración de derechos laborales. La organización calificó la exigencia de poner los cargos a disposición como una forma de desvinculación masiva que podía afectar también la continuidad de las tareas de protección de las áreas protegidas.
La situación tuvo un nuevo giro después de una reunión realizada el 15 de septiembre entre representantes de los guardaparques y el ministro Óscar Justiniano, con participación de la Defensoría del Pueblo.
Según la información recogida por Revista Nómadas, en ese encuentro se acordó dejar sin efecto la nota que instruía poner los cargos a disposición, determinación que habría sido oficializada el 16 de septiembre.
El Gobierno también comprometió la recontratación de los 143 guardaparques. Justiniano explicó que la interrupción temporal de las contrataciones respondía a un proceso de adecuación administrativa relacionado con la reestructuración ministerial.
La autoridad aseguró que los ítems correspondientes a la estructura de guardaparques serían respetados y que el personal sería recontratado en su totalidad.
De acuerdo con Uzquiano, el compromiso comunicado al sector establecía como plazo máximo para su reincorporación al sistema el 21 de septiembre.
La llegada de Zacarías Sánchez coloca a la nueva administración del SERNAP frente a una institución que todavía debe resolver la situación contractual de quienes trabajan directamente en la protección de las reservas naturales del país.
El conflicto laboral adquiere especial relevancia por las funciones que desempeñan los guardaparques en territorio, entre ellas el control y vigilancia frente a incendios forestales, minería ilegal, tráfico de fauna, tala y avasallamientos.
Mientras el Gobierno sostiene que los 143 ítems serán restituidos, el sector espera que la reincorporación administrativa permita también regularizar el pago por el periodo durante el cual continuaron desempeñando sus funciones sin contrato.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
