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El deterioro del río San Lorenzo avanza mientras las comunidades chiquitanas de la TCO Turubó Este esperan una definición sobre el recurso de casación que mantiene en suspenso la ejecución de una sentencia que ordenó retirar las infraestructuras construidas sobre el cauce. Tras la audiencia de fundamentación realizada el 8 de septiembre, los representantes indígenas también denunciaron presuntas irregularidades en el trámite judicial y dificultades para acceder a información del proceso.
Un río que se seca mientras el proceso sigue abierto
La preocupación ya no se concentra únicamente en el resultado de un proceso judicial. Para las cinco comunidades afectadas —Ipias, Ramada, Entre Ríos, Buena Vista y San Juan—, el factor tiempo tiene una consecuencia concreta: aseguran que el caudal del San Lorenzo está disminuyendo y temen enfrentar nuevamente una situación de escasez de agua durante la época seca. En 2020, sectores de Buena Vista y San Juan llegaron a depender de cisternas durante semanas, según el reporte publicado por Revista Nómadas.
El caso adquiere así una dimensión ambiental y social: mientras la justicia analiza la situación jurídica de las obras que alteraron el cauce, las comunidades advierten que el ecosistema hídrico continúa deteriorándose.
Una sentencia que todavía no se puede aplicar plenamente
El antecedente central es la Sentencia Agroambiental 06/2025, de noviembre de 2025, que ordenó la remoción de las infraestructuras construidas sobre el río San Lorenzo, la restauración del área afectada y medidas de resarcimiento para las comunidades demandantes. De acuerdo con las organizaciones indígenas y sus representantes legales, las obras cuestionadas carecen de licencia ambiental y fueron emplazadas en la cabecera de la cuenca.
Sin embargo, la presentación de un recurso de casación mantiene pendiente la ejecución definitiva de esa decisión. La Región reportó que la fase de casación permanece suspendida y que la defensa de las comunidades cuestiona la incorporación de nuevos informes durante esta etapa.
Comunidades denuncian trabas para seguir el proceso
En la información publicada inicialmente por Revista Nómadas, las comunidades señalaron que no habrían recibido oportunamente determinadas notificaciones y que encontraron dificultades para acceder al expediente. También cuestionaron una suspensión de plazos procesales atribuida a la magistrada Rocío Vásquez, presidenta de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental.
Posteriormente, en un reporte difundido por la Agencia de Noticias Ambientales (ANA) y recogido por ERBOL, representantes de la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas-Turubó (CCICH-T), de Buena Vista y sus abogados denunciaron una presunta parcialización en favor de los demandados. Estas son acusaciones formuladas por los representantes de las comunidades, no una conclusión judicial establecida.
Entre los cuestionamientos mencionados está la solicitud de informes a distintas instituciones durante la etapa de casación. Los abogados de las comunidades sostienen que esta fase no debería convertirse en una nueva etapa de producción de prueba. La Región también reportó este cuestionamiento y señaló que los informes solicitados incluyeron requerimientos a la ABT y a la Unidad Técnica del Tribunal Agroambiental.
Más de 20 horas para conocer el avance de su propio proceso
Otro de los problemas denunciados es la dificultad geográfica y económica para que las comunidades puedan hacer seguimiento al proceso.
Según ANA, los representantes indígenas denunciaron que la falta de notificaciones electrónicas los obliga, en determinados casos, a trasladarse durante más de 20 horas desde la Chiquitanía hasta Sucre para conocer actuaciones judiciales. La Patria también recogió esta denuncia y señaló que las comunidades consideran que estas dificultades afectan su acceso a la justicia y a la información.
Para las familias demandantes, el problema tiene una particularidad: el proceso judicial se desarrolla lejos de sus territorios, pero las consecuencias ambientales de la demora permanecen en el lugar donde viven y obtienen agua.
El pedido de revisión y el nuevo escenario institucional
El 25 de agosto, representantes de las comunidades presentaron ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental una solicitud para revisar las actuaciones realizadas dentro del proceso. Además, solicitaron la intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura frente a las presuntas vulneraciones y actuaciones que denuncian.
La audiencia de fundamentación del recurso de casación se realizó el 8 de septiembre de 2026. Hasta el momento, las denuncias de las comunidades y sus abogados sobre el trámite del proceso corresponden a su versión de los hechos y deberán ser contrastadas con las actuaciones y decisiones de las autoridades competentes.
El punto de fondo permanece: el río San Lorenzo continúa siendo una fuente de agua para comunidades indígenas mientras la sentencia que ordenó intervenir sobre las infraestructuras que afectan su cauce todavía no se ejecuta plenamente. La Región reportó que, ocho meses después de la sentencia, las obras cuestionadas continuaban en el lugar.
Por: Joel Poma - Comunicación Cecasem
