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UNA REESTRUCTURACIÓN VOLVIÓ A PONER EN DEBATE EL PAPEL DE QUIENES CUSTODIAN PARTE DEL PATRIMONIO NATURAL DEL PAÍS
Bolivia posee algunos de los ecosistemas más diversos de Sudamérica, pero también enfrenta incendios forestales, minería ilegal, tala, tráfico de fauna y otras presiones que amenazan su patrimonio natural. En medio de ese escenario, una reciente reestructuración administrativa puso nuevamente bajo atención pública a quienes trabajan diariamente dentro de las áreas protegidas: los guardaparques. Más allá de la situación laboral que hoy los involucra, el debate abre una pregunta necesaria: ¿qué tan importante es su trabajo para la conservación del país?
El 28 de agosto de 2026, una instrucción emitida en el marco de la reorganización del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua solicitó que personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) pusiera sus cargos a disposición mientras se definía una nueva estructura institucional.
La medida alcanzó a 143 guardaparques con relación de dependencia con el Estado y generó preocupación en la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), que advirtió sobre las posibles consecuencias laborales y operativas del proceso. El instructivo establece que posteriormente podrán realizarse designaciones o ratificaciones, por lo que la situación de estos trabajadores todavía se encuentra en desarrollo.
Más allá del resultado de la reestructuración, el caso vuelve visible una labor que normalmente permanece lejos de la atención pública. Los guardaparques participan en la vigilancia de las áreas protegidas, el monitoreo ambiental, la prevención y respuesta ante incendios y la identificación de amenazas como la tala, la minería ilegal, el tráfico de fauna o los avasallamientos.
Su trabajo también depende de un conocimiento del territorio que se construye con el tiempo. Quienes permanecen durante años en una misma área aprenden a reconocer sus caminos, ríos, zonas vulnerables, cambios en el bosque y relaciones con las comunidades que viven dentro o alrededor de estos espacios. Esa experiencia se convierte en una parte importante de la capacidad de protección de cada área.
Bolivia cuenta actualmente con 24 áreas protegidas nacionales, 23 de ellas bajo gestión, que abarcan ecosistemas amazónicos, andinos, chaqueños, chiquitanos, humedales y otras regiones de enorme valor ambiental. Estos espacios no solamente conservan especies y paisajes: también protegen bosques, fuentes de agua, suelos y procesos ecológicos que influyen directamente en la vida de las poblaciones.
Esa protección resulta especialmente importante en un país que durante los últimos años ha enfrentado incendios forestales de gran magnitud y una creciente presión sobre sus bosques. Los datos más recientes del World Resources Institute sitúan nuevamente a Bolivia entre los países con mayor pérdida de bosque tropical primario, una situación que refuerza la necesidad de contar con sistemas efectivos de vigilancia, prevención y respuesta.
La tecnología ayuda cada vez más en esta tarea. Los satélites permiten detectar focos de calor y cambios en la cobertura vegetal, mientras los drones y los sistemas de información geográfica facilitan el monitoreo de grandes extensiones. Sin embargo, estas herramientas no sustituyen completamente la presencia humana. Detectar una alteración desde una pantalla es diferente a conocer lo que ocurre en el terreno, evaluar sus dimensiones y coordinar una respuesta.
Por eso, declarar un territorio como área protegida constituye solamente una parte del proceso de conservación. Para que esa protección funcione en la práctica también se necesitan instituciones, planificación, presupuesto, participación de las comunidades y personal capacitado que pueda trabajar directamente en esos espacios.
La situación de los guardaparques también ha llamado la atención de la Defensoría del Pueblo, que inició una investigación de oficio y señaló la necesidad de garantizar tanto los derechos laborales como la continuidad de las tareas de protección ambiental. La preocupación no implica cuestionar la posibilidad de reorganizar una institución pública, sino recordar que ciertos servicios necesitan mantenerse incluso durante los periodos de transición.
Un incendio forestal, una actividad minera ilegal o un proceso de tala no se detienen mientras cambia una estructura administrativa. De ahí que el desafío sea lograr que cualquier transformación institucional preserve y fortalezca la capacidad de proteger las áreas naturales del país.
Bolivia, además, forma parte de los compromisos internacionales del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que plantea aumentar la superficie efectivamente conservada hacia 2030. La diferencia entre declarar un área protegida y conservarla de manera efectiva está precisamente en lo que ocurre después: cómo se gestiona, cómo se vigila y qué capacidad existe para responder cuando aparecen amenazas.
Los guardaparques no son los únicos responsables de esa tarea. La conservación también depende del Estado, las comunidades, la investigación científica, las organizaciones y la sociedad. Pero su presencia cotidiana dentro de los territorios los convierte en una pieza fundamental del sistema.
La discusión iniciada por la reestructuración terminará definiendo la situación administrativa de los 143 guardaparques involucrados. Sin embargo, independientemente de ese resultado, ha permitido recordar algo que fácilmente puede pasar desapercibido: las áreas protegidas no se conservan únicamente porque aparezcan delimitadas en un mapa o respaldadas por una norma.
Necesitan vigilancia, conocimiento del territorio y presencia permanente.
Proteger las áreas protegidas de Bolivia también significa reconocer la importancia de quienes las cuidan todos los días.
Por: Monserrath Murillo Ezcurra
