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La reestructuración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas abrió un conflicto con los trabajadores encargados de custodiar los principales espacios naturales del país. Una instructiva emitida por el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua alcanza a 143 guardaparques con relación de dependencia estatal. ABOLAC denunció una posible vulneración de derechos laborales ante la Defensoría del Pueblo y advierte que la incertidumbre podría debilitar la protección de 23 áreas protegidas nacionales.
La instrucción gubernamental para que el personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ponga sus cargos a disposición encendió las alertas entre los guardaparques del país, que se declararon en emergencia y solicitaron dejar sin efecto la medida.
El ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Justiniano, emitió el 28 de agosto la nota CAR/MPSMAYA/DGAJ N.º 0288/2026, dirigida a la directora ejecutiva del SERNAP, Cecilia Miranda, dentro del proceso de reestructuración institucional derivado del Decreto Supremo 5675.
Según documentación a la que accedió Mongabay Latam, el instructivo dispone que el personal ponga sus cargos a disposición mientras se define la nueva estructura del organismo. Posteriormente se determinarían las designaciones o ratificaciones correspondientes.
La medida alcanza directamente a 143 guardaparques que cuentan con relación de dependencia con el Estado, reciben sus salarios mediante el Tesoro General de la Nación y tienen beneficios como aguinaldo, seguro médico y aportes para jubilación.
En el país trabajan aproximadamente 300 guardaparques, de acuerdo con información proporcionada por el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), Marcos Uzquiano, a Mongabay Latam.
Sin embargo, menos de la mitad mantiene una relación laboral con todos los beneficios sociales. El resto desarrolla sus funciones mediante modalidades contractuales más temporales y con menor estabilidad.
Esto significa que el conflicto actual se concentra inicialmente en los 143 trabajadores financiados por el TGN, aunque la reorganización institucional genera incertidumbre para todo el sistema de protección.
Uzquiano afirmó que, antes de emitirse la instructiva del 28 de agosto, el ministro Justiniano habría solicitado a la Dirección Ejecutiva del SERNAP desvincular a los guardaparques con el argumento de que posteriormente serían recontratados.
Según su versión, esa alternativa fue descartada y luego se pidió formalmente poner los cargos a disposición.
También señaló que desde la Dirección Ejecutiva se solicitó a directores de áreas protegidas emitir cartas pidiendo la renuncia de sus guardaparques, algo que, según sostuvo, fue rechazado.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de ABOLAC recogida por Mongabay Latam. La documentación oficial conocida públicamente establece la “puesta a disposición” de los cargos dentro de un proceso de reestructuración.
El mismo 28 de agosto, representantes de ABOLAC se reunieron con Cecilia Miranda para discutir los alcances de la medida.
El acta de esa reunión, revisada por Mongabay Latam, señala que se realizarían desvinculaciones laborales del personal TGN de la Unidad Central y de las áreas protegidas como parte de la transición.
También menciona compromisos de “buena fe” para lograr reincorporaciones en un plazo aproximado de 10 días.
Sin embargo, el documento señala que el personal desvinculado recibiría salarios únicamente hasta el 25 de agosto, debido a un denominado “corte de transición”.
Para los guardaparques, esa combinación entre desvinculación, promesas verbales de reincorporación y falta de certeza sobre los nuevos contratos genera un escenario de inseguridad laboral.
El 31 de agosto, ABOLAC formalizó el conflicto ante la Defensoría del Pueblo mediante el CITE ABO CRRP N.º 015/26, documento dirigido al defensor Pedro Francisco Callisaya Aro.
La organización calificó la exigencia de poner cargos a disposición como una forma “encubierta y coercitiva de desvinculación masiva”.
En la documentación presentada —difundida posteriormente por La Región— ABOLAC argumenta que la medida podría vulnerar los artículos 46, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado, relacionados con el derecho al trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la estabilidad.
La organización pidió una investigación defensorial, informes al Ministerio y al SERNAP sobre el número de afectados y las garantías de reincorporación, además de una recomendación para dejar sin efecto la medida respecto de los guardaparques.
Los guardaparques sostienen que el conflicto trasciende los derechos laborales.
Este personal custodia 23 áreas protegidas nacionales, que abarcan aproximadamente 15,5 % del territorio boliviano, y constituye una de las primeras líneas de respuesta ante minería ilegal, tala, tráfico de fauna silvestre, incendios forestales, narcotráfico y avasallamientos.
“Los Guardaparques no somos meros empleados administrativos, somos los guardianes de las Áreas Protegidas, defensores de la Madre Tierra y la biodiversidad”, señala la denuncia presentada ante la Defensoría.
ABOLAC considera que una reducción o transición desordenada del personal podría dejar temporalmente debilitados los controles en territorio.
La asociación sostiene además que la crisis actual se suma a problemas históricos: bajos salarios, contratos precarios, falta de equipamiento, vehículos sin mantenimiento, escasez de combustible y limitaciones para acceder a atención médica.
Los guardaparques trabajan además en zonas remotas donde pueden enfrentar malaria, dengue, chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla, accidentes durante patrullajes, mordeduras de serpientes y exposición prolongada al humo y altas temperaturas durante incendios forestales.
ABOLAC también planteó una nivelación salarial, argumentando que se trata de uno de los sectores con menores remuneraciones dentro de la administración pública pese a las responsabilidades que asume.
La organización asegura haber intentado reunirse con el presidente Rodrigo Paz en más de una oportunidad.
Según ABOLAC, existen solicitudes anteriores que no recibieron respuesta y el sector buscaba nuevamente plantear directamente al mandatario sus demandas laborales y ambientales.
Ante la falta de diálogo, la asociación anunció que podría movilizarse pacíficamente hacia la sede de Gobierno si no obtiene una respuesta.
La controversia ocurre, además, mientras Bolivia enfrenta el desafío internacional de ampliar y fortalecer la conservación de sus ecosistemas. El país forma parte del compromiso global 30×30, que plantea conservar de manera efectiva al menos el 30 % de las superficies terrestres y marinas para 2030.
En ese escenario, el resultado de la reestructuración del SERNAP será determinante no solo para definir el futuro laboral de 143 guardaparques, sino también para establecer cómo se garantizará la vigilancia continua de las áreas protegidas durante el proceso de transición institucional.
Fuentes principales: información y documentación obtenida por Mongabay Latam, denuncia formal de ABOLAC ante la Defensoría del Pueblo y documentación difundida por La Región.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
