Donar
En 2025, el Observatorio de Trata y Tráfico de Cecasem registró 437 personas desaparecidas en Bolivia; seis de cada diez eran mujeres. Detrás de la cifra aparecen familias que revisan cámaras, recorren terminales, rastrean vehículos y financian durante años búsquedas que deberían contar con una respuesta institucional sostenida. El problema se vuelve especialmente complejo cuando la persona desaparecida es adulta: Bolivia tiene normas contra la trata y una ley específica para niñas, niños y adolescentes extraviados, pero todavía persiste una zona gris entre el momento en que alguien desaparece y aquel en que las autoridades consiguen determinar si detrás existe un delito.
LA PAZ.- Durante seis años, Abigail Carnicel recorrió carreteras, terminales, barrios y garajes buscando un camión. No era el vehículo lo que realmente le importaba. El camión había desaparecido el 30 de septiembre de 2011 junto con su madre, Alejandra Iriarte Guerrero, y encontrarlo significaba recuperar una de las pocas pistas materiales que quedaban de ella.
La búsqueda llevó a Abigail desde Tarija hasta Cochabamba, La Paz y finalmente Santa Cruz. En 2017 llegó allí acompañada de su pareja y volvió a hacer lo que llevaba años haciendo: preguntar. Una lluvia intensa los obligó a detenerse y buscar alojamiento. Ya instalados, Abigail salió al patio para colgar su ropa y levantó la mirada. Frente a ella estaba el camión.
Al día siguiente regresó acompañada por funcionarios de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove). Según relata, una revisión permitió establecer que el motorizado estaba remarcado y posteriormente fue secuestrado. Para una familia que llevaba seis años sin respuestas, aquello podía representar el avance más importante de toda la investigación: había aparecido un objeto directamente relacionado con la desaparición y, con él, la posibilidad de reconstruir quién lo había tenido, cómo había llegado hasta Santa Cruz y qué podía revelar sobre el destino de Alejandra.
Las personas que tenían el vehículo dijeron, según su testimonio, que lo habían recibido como herencia. Ella pidió que fueran investigadas y solicitó pericias en la cabina, incluida una prueba de luminol que pudiera detectar posibles rastros biológicos. El proceso comenzó a dilatarse entre memoriales y cambios de investigadores hasta que llegó la pandemia. Cuando Abigail pudo regresar a Santa Cruz para retomar personalmente las gestiones, asegura que el camión ya no estaba donde había quedado precintado y que tampoco pudo recuperar los registros que esperaba encontrar. Después recibió una amenaza: que dejara de insistir o podía ocurrirle lo mismo que a su madre.
Han transcurrido casi quince años desde que Alejandra desapareció y su hija sigue sin saber dónde está. Abigail ya no habla necesariamente de encontrar una explicación capaz de reconstruir cada detalle de aquella jornada de 2011. Quiere saber dónde está su madre, incluso si la respuesta confirma aquello que durante años ha temido. Quiere poder enterrarla, llevarle una flor y terminar una búsqueda que ha ocupado una parte enorme de su vida.
Su historia no permite establecer cómo funcionan todas las investigaciones de desapariciones en Bolivia, pero expone una realidad que se repite en los testimonios recogidos por familiares de distintos departamentos: cuando las primeras respuestas no llegan, las familias comienzan a llenar los espacios que deja la investigación. Buscan cámaras, revisan redes sociales, preguntan en terminales, viajan detrás de una pista, imprimen fotografías, recorren establecimientos y aprenden a moverse entre policías, fiscales y memoriales. Con el tiempo, dejan de ser únicamente familiares de una persona desaparecida y terminan convirtiéndose en investigadores improvisados.
En Bolivia fueron reportadas 437 personas desaparecidas durante 2025, de acuerdo con los registros del Observatorio de Trata y Tráfico de Cecasem. De ellas, 265 eran mujeres y 172 hombres: aproximadamente seis de cada diez casos correspondían a mujeres. Durante enero y febrero de 2026 se contabilizaron otros 48 casos.
El dato permite dimensionar el problema, pero requiere una precisión indispensable. Una persona desaparecida no es automáticamente una víctima de trata.
La desaparición describe inicialmente una situación: una persona cuyo paradero se desconoce y cuya ausencia no ha podido explicarse. Detrás pueden existir circunstancias muy diferentes, desde una ausencia voluntaria hasta violencia familiar, accidentes, secuestro, feminicidio, explotación sexual o laboral, trata de personas u otros delitos. El desafío consiste precisamente en que, durante las primeras horas, la familia y las autoridades pueden desconocer cuál de esos escenarios tienen delante.
Bolivia cuenta desde 2012 con la Ley 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, que establece mecanismos de prevención, protección, persecución penal y atención de víctimas. Sin embargo, la trata exige elementos propios y no puede presumirse simplemente porque alguien no aparece. La legislación también contempla delitos que pueden encontrarse detrás de determinadas desapariciones, pero el problema inicial permanece: antes de saber qué ocurrió, el Estado necesita encontrar a la persona.
Para niñas, niños y adolescentes existe además un instrumento específico: la Ley 3933 de Búsqueda, Registro, Información y Difusión de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados, promulgada en 2008. La situación de los adultos es diferente y esa diferencia es justamente la que especialistas de Cecasem identifican como uno de los vacíos que complican una respuesta homogénea.
La encargada del área jurídica de Cecasem, Wara Delgadillo del Castillo, lo resume así: “Cuando una persona desaparece —sobre todo si es adulta—, no hay una ruta definida para la búsqueda y las acciones dependen de criterios dispersos o improvisados”.
Una revisión de los proyectos de ley actualmente publicados como “en tratamiento” por la Cámara de Diputados tampoco permite identificar, entre los proyectos visibles consultados, una nueva ley integral de personas desaparecidas que haya resuelto de manera general este problema durante 2026. Esto no demuestra por sí mismo que nunca haya existido otra iniciativa legislativa, pero sí impide afirmar que el vacío señalado por las familias haya sido solucionado mediante una nueva norma nacional vigente.
El 18 de febrero de este año, Juana comenzó a desesperarse cuando su hija no regresó después de salir a entregar un trabajo escolar. Primero hizo lo que haría cualquier madre: preguntó entre familiares y personas cercanas. Después acudió a la Policía. Según su relato, fue derivada de una oficina a otra hasta recibir una respuesta que todavía se repite en numerosos testimonios sobre desapariciones: debía regresar después de 48 horas.
Comenzó a revisar cámaras por su cuenta y encontró una pista que la llevó hasta una terminal de buses. Allí descubrió que el nombre de su hija aparecía en la lista de pasajeros de un vehículo con destino a Tarija. Comunicó el hallazgo, pero terminó viajando ella misma para continuar la búsqueda. Recorrió la ciudad durante días hasta que el dinero comenzó a agotarse. El 26 de febrero, cuando ya pensaba regresar a La Paz, encontró a su hija. Según el testimonio recogido, un familiar la había llevado mediante engaños y la mantenía trabajando e incomunicada en una tienda de ropa.
La historia tuvo un final que otras familias llevan años esperando, pero expone una confusión particularmente delicada alrededor de las famosas 48 o 72 horas.
La existencia de un plazo dentro de determinados procedimientos no debería transformarse en la idea de que una desaparición debe permanecer sin atención durante sus primeras horas. En una investigación, el tiempo puede modificar radicalmente la calidad de la evidencia disponible: las cámaras de seguridad pueden sobrescribir grabaciones, los testigos pueden olvidar detalles, un teléfono puede apagarse, un vehículo puede desplazarse a otro departamento y una persona puede incluso abandonar el país.
Por eso el verdadero debate no debería reducirse a determinar si existe o no una cifra mágica de horas. La pregunta importante es otra: ¿qué mecanismos concretos se activan desde el momento en que una familia informa que no sabe dónde está una persona?
El desarrollo tecnológico vuelve todavía más relevante esa discusión. Teléfonos móviles, cámaras públicas y privadas, registros de transporte, movimientos financieros, redes sociales y comunicaciones dejan rastros que pueden resultar decisivos para una investigación, pero acceder a ellos requiere procedimientos legales, coordinación institucional y rapidez. Una familia puede encontrar una cámara; no puede ordenar legalmente que una empresa preserve determinada información ni acceder por sí misma a datos protegidos de telecomunicaciones.
Su hija Valeria tenía 18 años, estudiaba y era madre de una niña de dos cuando desapareció en marzo de 2014. Debía recorrer aproximadamente 65 kilómetros entre Montero y Santa Rosa, en Santa Cruz, para reunirse con su familia, pero nunca llegó. Sus allegados comenzaron a recorrer calles y preguntar a conocidos mientras acudían a dependencias policiales. Antonio recuerda que entre las primeras explicaciones que escucharon estaba la posibilidad de que la joven simplemente se hubiera marchado con algún muchacho.
Días después sonó el teléfono.
“Papá, estoy secuestrada”, alcanzó a decir Valeria antes de que la comunicación se cortara.
La investigación condujo posteriormente hasta un hombre que, según el relato familiar, primero afirmó que Valeria era su pareja y después negó conocerla. Fue detenido y más tarde recuperó su libertad bajo fianza. Antonio asegura que desde entonces el caso atravesó cambios de fiscales, audiencias suspendidas y largos periodos sin avances suficientes para establecer qué ocurrió con su hija.
Pero mientras buscaba también tenía que sobrevivir.
Las desapariciones producen una contradicción cruel para las familias: investigar exige tiempo y dinero precisamente cuando la ausencia de un integrante puede haber debilitado la economía del hogar. Viajar cuesta, imprimir afiches cuesta, contratar un abogado cuesta y pasar una mañana entera esperando en una oficina significa, para muchos trabajadores informales, perder los ingresos de ese día.
Antonio tuvo que continuar trabajando para mantener a su familia y evitar perder su vivienda por una deuda bancaria. Hoy recorre las calles de Montero en una bicicleta adaptada vendiendo refresco de coco. A su lado creció la hija de Valeria. Aquella niña de dos años tiene ahora 14 y ha pasado prácticamente toda su infancia sin saber qué ocurrió con su madre.
“Uno sale a la calle y piensa que en cualquier momento la va a ver”, dice Antonio. “No pierdo la esperanza de que algún día mi hija vuelva”.
Ese estado permanente entre esperar y temer tiene un nombre.
Una pérdida que nunca termina de ocurrir
El psicólogo y docente universitario Javier Bladés explica que las familias de personas desaparecidas pueden atravesar un duelo ambiguo, una forma de pérdida especialmente compleja porque no existe certeza sobre si la persona está viva o muerta. La ausencia está presente, pero no existe un acontecimiento definitivo que permita comenzar a procesarla como una muerte.
La familia queda suspendida entre posibilidades contradictorias. Puede imaginar que su ser querido está vivo y necesita ayuda mientras, simultáneamente, teme que haya muerto. Una llamada desconocida puede reactivar la esperanza; una noticia sobre restos encontrados puede desencadenar el miedo. Cumpleaños, aniversarios y celebraciones familiares se convierten en recordatorios de una ausencia que no tiene explicación.
Bladés sostiene que el acompañamiento psicológico no resuelve la desaparición, pero puede ayudar a las familias a contener la angustia, mantener claridad para tomar decisiones y evitar que años de incertidumbre terminen destruyendo también la vida de quienes continúan buscando.
Ese acompañamiento resulta todavía más importante cuando los propios familiares deben liderar la búsqueda.
Julia Ayala lo expresa de una manera mucho más sencilla: “Me he convertido en detective”.
Su hija, Claudia María Bravo Ayala, tenía 18 años y acababa de salir bachiller cuando comenzó a trabajar en un café internet en Santa Cruz. El 5 de marzo de 2013 no regresó a casa. Julia comenzó entonces un recorrido por calles, restaurantes y lenocinios tratando de encontrar cualquier información.
Años después ocurrió algo que parecía imposible: otra de sus hijas creyó haber visto a Claudia preparándose para sufragar. Julia decidió esperar durante toda una jornada electoral hasta que finalmente la vio aparecer. Claudia estaba viva.
Según el relato de Julia, su hija estaba acompañada por un hombre que dificultaba que hablara con ella. La madre consiguió finalmente apartarla durante unos minutos en un baño. Allí escuchó una frase que todavía recuerda: “Mamá, yo ya no soy digna de usted”. Claudia le habría pedido que dejara de buscarla porque temía por la seguridad de su madre y de sus hermanos. Julia sostiene que su hija estaba siendo explotada sexualmente.
Aquella jornada demuestra hasta qué punto una desaparición puede ser más compleja que localizar físicamente a alguien. Julia vio a su hija, habló con ella y aun así regresó a casa sin poder recuperarla. Hasta hoy continúa pidiendo algo que, en cualquier investigación compleja, debería resultar elemental: investigadores especializados y asistencia jurídica capaces de seguir las pistas que una madre por sí sola no puede perseguir.
El Estado dice que existen mecanismos; las familias dicen que no siempre llegan
El problema tampoco puede describirse como una ausencia absoluta del Estado.
Bolivia cuenta con unidades policiales, fiscales especializados, mecanismos de cooperación internacional y sistemas de alerta. Cuando un caso presenta elementos asociados a trata, secuestro u otros delitos, las instituciones pueden activar investigaciones de mayor complejidad. En julio de 2026, por ejemplo, el Ministerio Público informó que investigaba tres casos de presunta trata relacionados con 16 bolivianos supuestamente captados para participar en conflictos bélicos y que había solicitado cooperación a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia para establecer su paradero.
Un día después, Fiscalía y Policía presentaron además un Equipo Multidisciplinario Especializado destinado precisamente a fortalecer investigaciones complejas de trata, tráfico de personas y delitos conexos. La iniciativa demuestra que existe un esfuerzo institucional por desarrollar capacidades investigativas especializadas.
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana también sostiene que existe coordinación entre Policía, Fiscalía, Cancillería e Interpol, especialmente cuando una búsqueda adquiere dimensión internacional, y señala que no todos los reportes de desaparición terminan vinculados con delitos: algunas personas son posteriormente encontradas trabajando en otras regiones o fuera del país sin haber comunicado voluntariamente su salida.
Ese matiz es necesario. No toda desaparición es trata, no toda ausencia es involuntaria y tampoco toda investigación termina demostrando negligencia estatal.
Pero ninguna de esas precisiones elimina el problema central que describen las familias: al momento de denunciar, todavía no saben en cuál de esos escenarios se encuentra la persona que buscan. Esperar a descubrir que existía un delito grave para desplegar plenamente las herramientas de investigación puede significar haber perdido ya información decisiva.
La respuesta, por tanto, no pasa por tratar todas las desapariciones como secuestros o casos de trata. Pasa por construir una ruta suficientemente rápida para determinar qué ocurrió.
Familias que tuvieron que organizarse para no buscar solas
La desaparición de Dayana Algarañaz convirtió a María Rita Hurtado en una de las caras más visibles de esa lucha. Dayana tenía 20 años, estudiaba en la universidad y salió de su casa en Santa Cruz el 20 de junio de 2015. Nunca volvió.
A partir de su propia experiencia, Hurtado comenzó a encontrarse con madres y padres que atravesaban historias similares. Así surgió la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp), una organización construida alrededor de una necesidad que el sistema institucional no siempre consigue cubrir: acompañar a quienes buscan.
Sus integrantes imprimen afiches, organizan campañas, intercambian información, siguen pistas y acompañan a familias que muchas veces llegan sin saber siquiera a qué oficina acudir. Con los años han identificado coincidencias entre algunos casos y han denunciado posibles patrones relacionados con redes criminales, aunque cada hipótesis necesita posteriormente ser demostrada dentro de una investigación formal.
La existencia de organizaciones como Asafavittp muestra una enorme capacidad de solidaridad. También revela una anomalía.
Que una madre acompañe a otra puede ser invaluable. Que una asociación ayude a difundir una fotografía puede aumentar las posibilidades de encontrar a alguien. Que las familias se organicen puede incluso impulsar reformas institucionales.
Pero la solidaridad no puede sustituir una política pública de búsqueda.
Y ahí regresamos al patio de aquel alojamiento en Santa Cruz.
Abigail salió simplemente a colgar ropa y encontró el camión que llevaba seis años buscando. La escena resulta difícil de aceptar precisamente porque concentra la paradoja de muchas de estas historias: una pista que parecía extraordinariamente difícil de encontrar apareció ante los ojos de la propia familia.
Quince años después de la desaparición de Alejandra Iriarte, su hija todavía espera saber qué ocurrió.
Bolivia tiene policías, fiscales, cooperación internacional y nuevas unidades especializadas. Tiene además una sociedad mucho más conectada que hace una década: cámaras, teléfonos y plataformas digitales pueden generar rastros que antes simplemente no existían. El desafío pendiente es conseguir que todas esas capacidades formen parte de una respuesta suficientemente rápida, articulada y sostenida desde las primeras horas, incluso cuando todavía no sabemos si detrás de una ausencia existe trata, violencia, secuestro, accidente o una decisión voluntaria.
Porque esa es precisamente la naturaleza de una desaparición: al principio no sabemos qué pasó.
Las familias seguirán pegando fotografías en terminales. Seguirán compartiendo rostros en Facebook. Preguntarán a desconocidos, recorrerán hospitales y viajarán detrás de cualquier llamada que parezca una pista. Lo harán porque abandonar la búsqueda puede sentirse como abandonar a la persona que aman.
Pero convertir esa desesperación en el principal motor de una investigación tiene un costo enorme.
Abigail buscó un camión durante seis años y lo encontró. Julia recorrió lugares que jamás imaginó recorrer hasta convertirse, como ella misma dice, en detective. Antonio ha criado a su nieta mientras espera desde hace casi doce años que Valeria vuelva. María Rita transformó la desaparición de Dayana en una organización para que otras madres no atravesaran completamente solas el mismo camino.
Ninguna de esas historias demuestra que el Estado nunca busque. Demuestran algo quizá más preocupante: cuando la búsqueda institucional resulta insuficiente, la familia no tiene la posibilidad de simplemente esperar. Tiene que ocupar ese espacio.
Y ese es el vacío que Bolivia todavía necesita cerrar.
Porque encontrar a una persona desaparecida puede requerir policías, fiscales, tecnología, cooperación internacional y años de investigación. Lo que nunca debería requerir es que una madre tenga que aprender a hacer el trabajo de todos ellos para conseguir que alguien busque a su hija.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
