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Los recientes operativos y enfrentamientos vinculados con actividades mineras en Coroico y La Asunta han puesto bajo cuestionamiento la capacidad de las instituciones para responder de manera preventiva y oportuna. Mientras la AJAM y la Policía intervinieron una operación cerca del río Coroico, organizaciones sociales de La Asunta retuvieron maquinaria y exigieron cambios en la fiscalización estatal.
La conflictividad minera en los Yungas comenzó a trasladar el debate desde la legalidad de las operaciones hacia la capacidad del Estado para fiscalizarlas antes de que las denuncias escalen en enfrentamientos, arrestos o acciones directas de las comunidades.
En inmediaciones del río Coroico, cerca de Yolosa, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera —AJAM— Departamental La Paz y la Policía Boliviana, mediante la Fuerza Especial de Lucha Contra los Delitos Ambientales, intervinieron una actividad atribuida a la Cooperativa Minera Aurífera Uchumachi.
El operativo se produjo después de denuncias por una presunta explotación irregular de minerales en los márgenes del río. Como resultado, varios operadores fueron trasladados a dependencias policiales para que su situación sea definida por la autoridad competente.
La intervención confirma que las instituciones activaron mecanismos de control, pero también reabre una pregunta planteada por organizaciones locales: ¿por qué las acciones llegan después de que las denuncias ya habían sido realizadas durante semanas?
La Asociación Legal Justicia Ambiental había presentado acciones administrativas y penales relacionadas con la actividad minera en la zona del río Coroico.
Las denuncias advertían sobre posibles impactos sobre el curso de agua y sobre el entorno próximo al Centro de Custodia de Fauna Silvestre Senda Verde.
El refugio también había alertado sobre el ingreso de maquinaria pesada en el sector de Yalaca y solicitado una suspensión preventiva mientras se verificaban las autorizaciones y los posibles impactos ambientales.
La intervención posterior de la AJAM y la Policía constituye una respuesta institucional, pero las organizaciones que formularon las denuncias consideran que la fiscalización debería actuar antes de que las operaciones cuestionadas se consoliden o generen conflicto social.
Hasta ahora no existe información suficiente para establecer cuánto tiempo llevaba funcionando la actividad intervenida ni si contaba con todas las autorizaciones exigidas.
El cuestionamiento a la capacidad de fiscalización se volvió más visible en La Asunta.
Después de enfrentamientos relacionados con actividades denunciadas como mineras e irregulares, organizaciones sociales retuvieron alrededor de 15 maquinarias pesadas y las trasladaron hasta la plaza principal.
Posteriormente, un cabildo aprobó ocho resoluciones y responsabilizó a la AJAM por no haber atendido oportunamente denuncias anteriores sobre operaciones en Cuchumpaya y Río Seco.
La decisión representa la posición de las organizaciones sociales y no una determinación administrativa o judicial sobre la actuación de la institución.
Sin embargo, muestra un deterioro en la confianza entre parte de la población y las entidades encargadas de controlar la actividad minera.
Las resoluciones aprobadas en La Asunta incluyeron mantener la maquinaria bajo custodia de la Federación, solicitar informes técnicos sobre daños ambientales, impulsar acciones penales y declarar al municipio en emergencia.
También se planteó una política de “cero minería” y se pidió la renuncia de funcionarios de la AJAM, a quienes los dirigentes acusaron de falta de capacidad para atender las denuncias.
La tensión aumentó cuando dirigentes advirtieron que podrían aplicar mecanismos comunitarios si las autoridades no respetaban las determinaciones adoptadas.
Ese escenario plantea otro problema: cuando las comunidades perciben que la institucionalidad no responde, la fiscalización puede terminar siendo reemplazada por acciones sociales que incrementan el riesgo de nuevos enfrentamientos.
La defensa del territorio y el derecho a denunciar posibles daños ambientales son legítimos, pero las sanciones, decomisos y responsabilidades penales corresponden a las autoridades competentes y deben sujetarse al debido proceso.
La ausencia de una solución previa terminó teniendo consecuencias concretas.
Cinco personas resultaron heridas durante los enfrentamientos en La Asunta. Además, se reportaron daños, quema y retención de maquinaria pesada.
Las organizaciones atribuyen el origen del conflicto a actividades mineras denunciadas como ilegales y a la falta de respuesta institucional.
No obstante, las responsabilidades sobre las agresiones, daños materiales y operaciones extractivas deberán investigarse por separado.
Que una actividad sea objeto de denuncia ambiental no justifica automáticamente actos de violencia contra personas o bienes.
La AJAM tiene competencias vinculadas con la administración y fiscalización de derechos mineros, pero el control de una actividad extractiva involucra también a entidades ambientales, gobiernos subnacionales, Policía y Ministerio Público.
En la práctica, esto puede generar demoras, superposición de responsabilidades y dificultades para que las comunidades sepan qué institución debe responder frente a una denuncia específica.
Los casos de Coroico y La Asunta muestran resultados diferentes.
En el río Coroico, la intervención terminó siendo ejecutada conjuntamente por la AJAM y la Policía.
En La Asunta, las organizaciones sociales actuaron directamente antes de que las instituciones asumieran el control de la situación.
Ese contraste alimenta el cuestionamiento sobre si Bolivia cuenta con mecanismos suficientemente rápidos para verificar operaciones sospechosas antes de que la conflictividad aumente.
Las comunidades de La Asunta también relacionaron las actividades mineras con afectaciones en ríos, puentes, viviendas, cultivos y terrenos productivos.
Además, solicitaron investigar un presunto desvío del río Bopi.
Estas denuncias requieren informes técnicos que permitan determinar qué daños fueron producidos por la actividad minera y cuáles pueden estar asociados a lluvias, desbordes u otros factores.
Establecer esa relación es clave no solo para determinar responsabilidades, sino también para calcular medidas de restauración ambiental.
Sin evaluación técnica independiente, atribuir todos los daños a la minería sería prematuro.
La sucesión de hechos revela que el conflicto minero en los Yungas ya no se limita al uso del suelo o al impacto sobre los ríos.
También existe una crisis de confianza.
Las comunidades cuestionan si las instituciones pueden detectar a tiempo operaciones irregulares, verificar permisos, detener actividades que incumplan la normativa y sancionar a los responsables antes de que la población decida intervenir por su cuenta.
La AJAM, la Policía, la Fiscalía y las autoridades ambientales deberán ahora demostrar no solo qué ocurrió en cada caso, sino también cómo funcionaron —o no— los mecanismos de fiscalización.
El siguiente paso será conocer los informes de las instituciones, la situación legal de las operaciones intervenidas y los resultados de las investigaciones ambientales.
Hasta entonces, la pregunta seguirá abierta: si las comunidades consideran que deben retener maquinaria o movilizarse para frenar una operación minera, ¿está llegando la fiscalización estatal demasiado tarde?
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
