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El océano Pacífico se está calentando a una velocidad que ha puesto en alerta a los climatólogos. El Niño ya está activo y las proyecciones apuntan a que podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados desde 1950. Mientras Bolivia atraviesa un invierno marcado por bruscas variaciones meteorológicas y al otro lado de la cordillera el norte de Chile recibe precipitaciones extraordinarias, la verdadera preocupación está algunos meses adelante: sequías, inundaciones, presión sobre el agua, pérdidas agrícolas y mayor vulnerabilidad de comunidades que ya viven bajo los efectos de la crisis climática.
La Paz.- El invierno de 2026 está dejando imágenes que parecen difíciles de reconciliar entre sí. Frentes fríos avanzan sobre el territorio boliviano, las temperaturas cambian abruptamente y las zonas altas de la cordillera vuelven a sentir los efectos de nevadas y condiciones meteorológicas severas. Al otro lado de los Andes, un potente sistema frontal impulsado por un río atmosférico llevó en agosto lluvias hasta regiones extraordinariamente áridas del norte de Chile: Atacama quedó bajo alarma meteorológica ante previsiones de entre 40 y 60 milímetros en sectores precordilleranos, mientras Antofagasta enfrentó alertas por precipitaciones y riesgo de remociones en masa.
Es tentador unir cada una de estas anomalías bajo una misma explicación y atribuirlas directamente a El Niño. Pero la ciencia exige más cautela. Una nevada, un frente frío o una tormenta determinada no pueden adjudicarse automáticamente a este fenómeno. El tiempo meteorológico depende de múltiples variables que interactúan simultáneamente. Lo que sí sabemos es que detrás de estos acontecimientos se está produciendo una transformación de mucha mayor escala en el océano Pacífico y que sus consecuencias podrían acompañarnos durante los próximos meses.
En marzo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) todavía observaba condiciones de La Niña y calculaba un 62% de probabilidad de que El Niño apareciera entre junio y agosto. Tres meses después, en junio, confirmó oficialmente que las condiciones de El Niño ya estaban presentes. En julio, el escenario volvió a cambiar: el calentamiento continuó intensificándose y NOAA calculó un 97% de probabilidad de que El Niño persistiera hasta comienzos de 2027, con un 81% de posibilidades de alcanzar una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026. De concretarse, podría situarse entre los mayores episodios registrados desde 1950.
El cambio ocurrido bajo el Pacífico en apenas unos meses ayuda a comprender la preocupación. En febrero, el índice Niño 3.4 —una de las principales regiones utilizadas para observar la evolución del fenómeno— registraba una anomalía de -0,5 °C. Para julio había alcanzado aproximadamente +1,2 °C. Mucho más cerca de Sudamérica, la región Niño 1+2 llegó a registrar alrededor de +2,7 °C respecto de lo normal.
Es esa aceleración la que ha llevado a medios, especialistas y analistas a utilizar nuevamente una expresión que resulta tan impactante como imprecisa: “Súper Niño”. No existe oficialmente una categoría meteorológica denominada de esa manera. La ciencia clasifica la intensidad de El Niño a partir de diferentes indicadores oceánicos y atmosféricos, mientras “Súper Niño” funciona como una denominación informal para referirse a episodios excepcionalmente intensos, como los registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.
El Niño no significa simplemente que hará más calor ni que lloverá menos. Es una alteración de enorme escala en la interacción entre el océano y la atmósfera del Pacífico tropical capaz de modificar patrones de precipitación y temperatura a miles de kilómetros de distancia. En un país geográficamente complejo como Bolivia, sus efectos incluso pueden ser opuestos al mismo tiempo: históricamente, los eventos fuertes han estado asociados con déficit de agua y sequías en el Altiplano y zonas subandinas, mientras las tierras bajas pueden enfrentar exceso de precipitaciones e inundaciones.
Eso significa que mientras una familia puede mirar una represa que comienza a vaciarse en el occidente, otra puede observar cómo un río amenaza con entrar a su vivienda en el oriente.
Bolivia ya vivió esa contradicción de manera particularmente dura durante El Niño de 1982-1983. Las sequías golpearon el Altiplano, los valles interandinos, los valles del sur y el Chaco, mientras intensas precipitaciones provocaron inundaciones en las tierras bajas. Las estimaciones oficiales recopiladas posteriormente calcularon cerca de 1,97 millones de personas directamente afectadas y un impacto económico superior a los 836 millones de dólares de la época.
Quince años después llegó otro de los grandes episodios. El Niño de 1997-1998 volvió a combinar sequías e inundaciones y dejó alrededor de 527 millones de dólares en daños y pérdidas en Bolivia. La agricultura fue particularmente vulnerable porque la producción depende no solamente de cuánto llueve, sino de que el agua llegue en el momento preciso del ciclo de los cultivos. La evaluación realizada posteriormente por la CEPAL constató afectaciones agrícolas tanto por déficit como por exceso de precipitaciones.
El clima no necesita destruir completamente una cosecha para producir consecuencias económicas. Basta con alterar el calendario de lluvias, reducir la disponibilidad de agua durante determinadas etapas del cultivo, provocar heladas fuera de temporada o inundar zonas productivas para reducir rendimientos. Cuando eso ocurre simultáneamente en numerosos territorios, el problema deja de pertenecer exclusivamente al productor: comienza a trasladarse al precio de los alimentos.
El Banco Interamericano de Desarrollo ya había estimado, al estudiar episodios anteriores, que un El Niño de intensidad normal a extraordinaria podía restar entre 0,6% y 1,7% del PIB de los países andinos y ejercer presión adicional sobre los precios. Para Bolivia, sus cálculos situaban el impacto potencial sobre la actividad económica alrededor del 0,5%, aunque la magnitud real depende de las características específicas de cada episodio.
Detrás de esos porcentajes hay algo bastante menos abstracto: papa, quinua, maíz, arroz, hortalizas, ganado, agua para riego, caminos rurales y familias cuya economía depende de una campaña agrícola.
Una familia con riego tecnificado, ahorros, seguro, maquinaria y acceso inmediato a información meteorológica puede absorber parcialmente una mala temporada. Para una familia indígena o campesina cuya producción depende de la lluvia, perder una cosecha puede significar perder simultáneamente alimento, ingreso y semillas para el siguiente ciclo productivo.
Es ahí donde un fenómeno oceánico comienza a convertirse en un problema de seguridad alimentaria, pobreza y desplazamiento.
La historia boliviana ya conoce esa relación. Los eventos climáticos severos pueden empujar a familias rurales a abandonar temporal o permanentemente sus comunidades cuando la producción deja de garantizar su subsistencia. La migración climática rara vez ocurre porque una persona despierta una mañana y decide marcharse exclusivamente “por el clima”. Generalmente aparece cuando la sequía, la pérdida de cultivos, la falta de agua y la degradación de los medios de vida se acumulan sobre problemas económicos que ya existían.
Bolivia no necesita retroceder cuatro décadas para comprenderlo. La crisis hídrica de 2016 dejó a decenas de barrios de La Paz y El Alto sometidos a racionamientos y expuso las limitaciones de un sistema de abastecimiento enfrentado a bajos niveles en sus fuentes y represas. El episodio quedó como una advertencia de lo que ocurre cuando una anomalía climática se encuentra con infraestructura insuficiente, crecimiento urbano y planificación incapaz de anticipar escenarios extremos.
Diez años después, la pregunta ya no debería ser si un fenómeno climático puede poner bajo presión el abastecimiento de agua. El Niño de 2026 llega, además, a un planeta distinto del que recibió los grandes episodios de 1982 o 1997. El fenómeno ENSO es natural y existe desde mucho antes de que la humanidad comenzara a alterar significativamente el clima global. El cambio climático no crea El Niño. Confundir ambos procesos sería científicamente incorrecto.
El calentamiento global está elevando las temperaturas de fondo sobre las que operan fenómenos naturales como El Niño. Al mismo tiempo, Bolivia enfrenta degradación de cuencas, pérdida de cobertura vegetal, presión sobre fuentes de agua, expansión de la frontera agropecuaria y ecosistemas golpeados por sucesivas temporadas de incendios. Cuando un evento climático intenso alcanza un territorio previamente degradado, su capacidad de resistir el impacto puede ser mucho menor.
Un bosque fragmentado retiene menos humedad. Un suelo degradado responde peor a una sequía. Una cuenca deteriorada regula con menor eficacia los extremos del agua. Una comunidad que perdió su producción el año anterior enfrenta el siguiente evento con menos recursos para recuperarse.
Durante los próximos meses, sus posibles efectos no serán iguales en La Paz, Beni, Santa Cruz, Potosí o Cochabamba. Tampoco todas las predicciones se cumplirán exactamente. La propia NOAA advierte que incluso los episodios más fuertes de El Niño no garantizan impactos determinados en cada región; lo que hacen es modificar las probabilidades de determinados patrones climáticos.
Bolivia dispone hoy de algo que las comunidades afectadas por una inundación repentina o una sequía ya instalada no tienen: tiempo. Los océanos están siendo observados por satélites, boyas y modelos climáticos; las proyecciones se actualizan constantemente y conocemos con meses de anticipación que el Pacífico atraviesa una alteración excepcional.
Prepararse significa monitorear las fuentes de agua antes de que entren en niveles críticos; revisar sistemas de riego y almacenamiento; anticipar semillas y cultivos adaptados a condiciones variables; fortalecer sistemas comunitarios de alerta temprana; limpiar drenajes y defensivos donde existe riesgo de inundación; proteger cuencas y bosques; preparar a los municipios para emergencias y, sobre todo, conseguir que la información climática llegue hasta quienes toman decisiones todos los días sobre cuándo sembrar, cuándo cosechar o cuánto alimento reservar.
Para organizaciones que trabajan en territorio, como Cecasem, esa prevención implica además fortalecer la capacidad de las propias comunidades para interpretar el riesgo, proteger su producción, gestionar el agua y reducir la vulnerabilidad antes de que una emergencia transforme una amenaza climática en una crisis humanitaria.
El verdadero desafío de El Niño no comenzará cuando aparezca la primera comunidad inundada ni cuando una represa alcance niveles preocupantes. Para entonces, parte del trabajo que podía hacerse ya habrá llegado tarde.
Durante décadas hemos aprendido a observar los desastres cuando ya ocurrieron: contamos hectáreas perdidas después de los incendios, familias damnificadas después de las inundaciones y cultivos destruidos después de las sequías. El fenómeno que ahora crece en el Pacífico ofrece la posibilidad de invertir esa lógica. En 1982 Bolivia fue golpeada por uno de los episodios de El Niño más devastadores de su historia. En 1997 volvió a pagar cientos de millones de dólares por sus consecuencias. En 2016 una crisis de agua mostró hasta qué punto incluso las grandes ciudades podían ser vulnerables.
El océano lleva meses enviando señales y los modelos climáticos están advirtiendo que lo más intenso podría llegar entre octubre y diciembre. Si finalmente este episodio alcanza las dimensiones que hoy proyectan los científicos, sus consecuencias dependerán de la naturaleza, pero también de las decisiones que Bolivia tome antes de enfrentarlas.
Porque el verdadero problema ya no es saber si El Niño puede traer sequías, inundaciones, pérdidas agrícolas o presión sobre el agua. Eso ya lo aprendimos.
La pregunta es si necesitamos vivirlo otra vez para comenzar a prepararnos.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
