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La muerte del jaguar en Guayaramerín dejó de ser únicamente una investigación por los disparos contra el felino. La rápida separación de su cabeza, piel y extremidades abrió interrogantes sobre el destino de esas partes, mientras un especialista en fauna advierte sobre la existencia de mercados ilegales vinculados al jaguar; hasta ahora, sin embargo, no existe evidencia pública que confirme que este caso estuviera conectado con una red de tráfico.
La investigación por la muerte de un jaguar en el barrio San Francisco de Guayaramerín suma una nueva interrogante: qué motivó que partes del cuerpo fueran retiradas inmediatamente después de que el animal fuera abatido.
El rescatista de fauna silvestre Marco Greminger señaló en una entrevista con Red Uno que la rapidez con la que el animal fue decapitado, desollado y mutilado llamó su atención y sostuvo que la cabeza y otras partes de un jaguar pueden tener valor dentro de mercados ilegales.
Su afirmación constituye, por ahora, una hipótesis basada en su experiencia con fauna silvestre. La información disponible no registra una conclusión de la Fiscalía que establezca que las partes recuperadas estuvieran destinadas a la venta, que existiera una transacción económica o que los investigados formaran parte de una red dedicada al tráfico de fauna.
La distinción es fundamental: que determinadas partes de jaguar tengan demanda ilegal en otros casos no significa automáticamente que ese haya sido el motivo detrás de la mutilación ocurrida en Guayaramerín.
Según información difundida previamente por el Ministerio Público, después de la muerte del jaguar fueron retiradas varias partes del cuerpo y posteriormente se logró recuperar la piel y las patas.
Greminger sostuvo ante Red Uno que la extracción casi inmediata de estas piezas permite preguntarse si existió una motivación distinta al temor que inicialmente expresaron los vecinos.
El especialista planteó dos posibilidades: que algunas partes fueran conservadas como trofeo o que existiera intención de comercializarlas. Ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades encargadas del proceso.
Determinarlo exigirá reconstruir quién retiró cada parte, dónde fueron trasladadas, quién las recibió y con qué propósito.
Este punto podría permitir establecer responsabilidades adicionales a las relacionadas directamente con los disparos.
Greminger planteó además una segunda hipótesis. Según declaró a Red Uno, el comportamiento del ejemplar le hace pensar que podría haber sido criado previamente en cautiverio y habituado al contacto con personas y animales domésticos.
El rescatista destacó que el jaguar aparentemente no reaccionaba de manera agresiva frente a perros ni ante la presencia cercana de personas.
Sin embargo, esa observación no permite afirmar por sí sola que se trataba de una mascota o de un animal domesticado. Para confirmar esa posibilidad sería necesario reconstruir su procedencia, analizar testimonios de habitantes de la zona y determinar si existieron registros previos del ejemplar.
Hasta ahora no existe información pública que identifique a una persona como propietaria del jaguar.
Por esa razón, la posibilidad de que hubiese permanecido en cautiverio debe mantenerse como una línea de investigación y no como un hecho confirmado.
Aunque todavía no está demostrado que este caso tenga relación con el tráfico de fauna, el comercio ilegal de partes de jaguar constituye una amenaza documentada para la especie.
WWF Bolivia señala que el jaguar enfrenta amenazas relacionadas con la pérdida y fragmentación de hábitat, los conflictos con seres humanos y la caza, mientras sus poblaciones se encuentran en disminución en diferentes regiones del continente.
El jaguar es el mayor depredador terrestre de América Latina y mantiene poblaciones distribuidas en 18 países, desde México hasta Argentina. Actualmente solo permanece aproximadamente la mitad de su distribución histórica.
El comercio internacional de jaguares y sus partes se encuentra restringido, pero diferentes investigaciones regionales han documentado tráfico de colmillos, pieles y otras piezas.
Ese contexto explica por qué la aparición de partes separadas del animal merece una investigación específica, pero no permite atribuir automáticamente este caso a una red organizada.
Red Uno informó que las autoridades aprehendieron a Andy S.C. y que continuaban buscando a Wálter A., mencionado como dirigente vecinal. El proceso se desarrolla por presuntos delitos relacionados con biocidio y portación ilícita de armas.
La investigación también deberá determinar la participación de otras personas visibles en los videos difundidos desde el lugar.
La existencia de varias personas alrededor del animal no implica responsabilidad penal automática. Cada conducta deberá analizarse individualmente: quién utilizó armas, quién participó en la persecución, quién manipuló el cuerpo y quién retiró o recibió sus partes.
El Ministerio Público deberá además establecer si existió planificación previa o si las acciones se produjeron después de la muerte del felino.
Las primeras imágenes del caso mostraron a vecinos preocupados por la presencia del jaguar dentro de una vivienda y en una zona habitada. Ese temor constituye parte del contexto y deberá ser considerado cuando se reconstruyan los hechos.
Sin embargo, lo sucedido después cambió el alcance del caso.
Si el objetivo hubiera sido únicamente eliminar un peligro inmediato, la investigación deberá explicar por qué el cuerpo fue posteriormente mutilado y dispersado.
Si, por el contrario, se demuestra que existió interés económico, comercial o de colección, el proceso podría adquirir una dimensión distinta vinculada con el aprovechamiento ilegal de fauna silvestre.
El siguiente paso será establecer el recorrido completo del jaguar: de dónde provenía, por qué se encontraba en una vivienda, quiénes participaron en su muerte y qué destino iban a tener las partes retiradas de su cuerpo.
Hasta que esas preguntas sean respondidas, la existencia de un mercado negro constituye un contexto y una hipótesis planteada por un especialista, pero no una causa demostrada del caso de Guayaramerín.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
