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La Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Yaku-Igua creó un comité para frenar el proyecto vial hasta que se garantice la consulta previa y se esclarezcan sus posibles efectos sobre las fuentes de agua del Chaco. La obra, estimada en 50 millones de dólares, fue priorizada mediante decreto, aunque todavía no cuenta con financiamiento asignado ni con estudios definitivos concluidos.
La construcción del Túnel del Aguaragüe fue declarada de interés nacional antes de resolver tres aspectos decisivos para su ejecución: el diseño final, el financiamiento y el consentimiento de las comunidades indígenas potencialmente afectadas.
Frente a este escenario, la Asamblea del Pueblo Guaraní Zona Yaku-Igua conformó el Comité de Defensa del Aguaragüe, una instancia destinada a representar a las comunidades y promover acciones en defensa del territorio, la biodiversidad y las fuentes de agua que nacen en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe.
La directiva está encabezada por Roberto Torrez como presidente, Adela Cuéllar como vicepresidenta, Richard Caguay como secretario y Sandra Romero como responsable de Comunicación. Sus integrantes sostienen que no rechazan el desarrollo del Gran Chaco, pero exigen que cualquier intervención respete las normas ambientales y el derecho a la consulta previa, libre e informada.
La organización surgió después de que el Gobierno promulgara, el 6 de julio de 2026, el Decreto Supremo 5648, que declara de interés nacional la ejecución del proyecto “Construcción del Túnel Aguaragüe”. La obra formará parte de la Red Vial Fundamental y atravesará el área protegida de la serranía.
La norma señala que la construcción no deberá modificar los objetivos de creación ni la categoría del parque y tendrá que cumplir la legislación ambiental y los instrumentos de gestión vigentes. También dispone que su ejecución no implique recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, por lo que el financiamiento deberá provenir de otras fuentes o partidas disponibles.
El proyecto contempla un túnel de aproximadamente 1.200 metros para mejorar la conexión entre Yacuiba y Caraparí, reducir los tiempos de viaje y fortalecer un corredor bioceánico hacia Argentina y Paraguay. Su costo preliminar fue calculado en alrededor de 50 millones de dólares.
Sin embargo, la obra todavía no cuenta con un estudio a diseño final ni con una partida presupuestaria asignada, según reconoció el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Gilberto Ponce. La Administradora Boliviana de Carreteras prevé concluir hasta noviembre la actualización del diseño, la evaluación socioambiental y las medidas de mitigación para luego gestionar financiamiento internacional.
Esto significa que aún no se conocen públicamente aspectos centrales como el trazado definitivo, las características geológicas del subsuelo, la ubicación exacta de las obras complementarias y el impacto que la perforación podría tener sobre los flujos de agua.
La declaración de prioridad acelera los trámites técnicos y administrativos, pero no reemplaza los estudios ambientales, la licencia correspondiente ni los procesos de participación que deben realizarse antes de iniciar la construcción.
La principal preocupación de la APG Yaku-Igua está relacionada con las recargas hídricas de la serranía. Las comunidades consideran que la perforación podría alterar acuíferos y flujos subterráneos que abastecen a poblaciones, municipios, cultivos y ecosistemas del Chaco.
“El Aguaragüe no es únicamente una serranía, es la fuente de vida de nuestros pueblos”, afirmó Julián Pizarro, capitán grande zonal de la organización, en declaraciones recogidas por El País de Tarija con base en un reporte de Radio Soberanía Yacuiba.
La APG también advierte que la afectación de las fuentes de agua podría agravar las condiciones de sequía y comprometer la producción de alimentos de las familias. Sin embargo, estas consecuencias todavía deben ser evaluadas mediante estudios hidrogeológicos y ambientales concluyentes.
Roberto Torrez recordó los impactos que la explotación hidrocarburífera dejó en Sanandita y sostuvo que las comunidades no permitirán que una nueva intervención repita esas afectaciones. Esa comparación expresa la posición de los dirigentes y deberá ser contrastada con los estudios específicos del proyecto vial.
Las comunidades guaraníes sostienen que la declaratoria nacional se produjo sin una consulta previa, libre e informada. Para la APG, este proceso no debe limitarse a una socialización de los beneficios de la obra, sino permitir que las poblaciones conozcan los riesgos, formulen observaciones e intervengan en las decisiones que afecten su territorio.
La información difundida hasta ahora no precisa si el Estado inició formalmente un proceso de consulta, qué comunidades serán incluidas ni en qué momento se realizará.
El decreto establece la obligación de cumplir las normas ambientales, pero no detalla el procedimiento de relacionamiento con las comunidades indígenas. Esa definición será determinante para evitar que la obra avance hacia una nueva etapa de conflictividad social.
A diferencia de la posición del comité guaraní, el Comité Cívico de Yacuiba respalda la posibilidad de ejecutar el túnel, aunque reconoce la necesidad de atender las observaciones ambientales.
Gilberto Ponce propuso conformar una comisión técnica entre el Gobierno, las autoridades locales y la APG para evaluar la viabilidad del proyecto y explicar sus características. También sugirió inspeccionar el túnel de Incahuasi para analizar mecanismos de canalización de agua que podrían aplicarse en el Aguaragüe.
El planteamiento cívico supone que las afectaciones pueden prevenirse mediante soluciones de ingeniería. La APG, en cambio, sostiene que primero debe garantizarse el respeto a sus derechos colectivos y demostrarse que la infraestructura no dañará las fuentes hídricas.
La diferencia no se limita a estar a favor o en contra de una carretera. El conflicto enfrenta dos prioridades: mejorar la conexión vial del Gran Chaco y preservar un sistema ecológico del que dependen comunidades y municipios.
El siguiente paso será la conclusión del estudio a diseño final, la evaluación socioambiental y la definición de un proceso de consulta con las comunidades. Sin esos elementos, la declaratoria de prioridad nacional seguirá siendo una decisión política sobre una obra cuya viabilidad técnica, ambiental, social y financiera todavía no está completamente resuelta.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
