La normativa municipal establece que por cada árbol nativo talado deben reponerse diez nuevos ejemplares. El caso, que acumula tres procesos administrativos desde 2023, podría convertirse en uno de los mayores procesos de reparación ambiental impulsados por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

La tala ilegal de cerca de 5.000 árboles en un predio municipal colindante al Jardín Botánico de Santa Cruz de la Sierra no solo derivó en procesos administrativos y una multa superior a Bs 53 millones. De acuerdo con la normativa municipal, el presunto responsable también deberá ejecutar una de las mayores medidas de restauración ambiental registradas por la Alcaldía: la plantación de aproximadamente 50.000 árboles, además de garantizar su seguimiento durante dos años.
La medida surge de la aplicación de la Ley Autonómica Municipal N.º 210, que establece la reposición de diez árboles por cada ejemplar nativo talado, además de sanciones económicas y otras obligaciones destinadas a reparar el daño ambiental.
Según informó la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la tala fue documentada en tres momentos distintos.
El director de Medio Ambiente, Juan Carlos Áñez, explicó que en 2023 fueron identificados más de 1.300 árboles talados. Posteriormente, en 2025 se registró la eliminación de otros 1.700 ejemplares y, finalmente, una tercera intervención afectó a más de 1.900 árboles, elevando el total a cerca de 5.000 árboles.
Las tres actuaciones dieron lugar a procesos administrativos independientes que actualmente superan los Bs 53 millones en sanciones económicas.
Además del pago de la multa, la legislación municipal obliga al responsable a restaurar el área intervenida.
Esto implica la plantación de 50.000 árboles, siguiendo criterios técnicos definidos por la Dirección General de Medio Ambiente y con monitoreo permanente durante un período de dos años para verificar la supervivencia y el desarrollo de los nuevos ejemplares.
Las autoridades municipales señalaron que el objetivo de esta medida es restituir, en la medida de lo posible, la cobertura vegetal afectada por la tala.
Paralelamente al proceso administrativo, la Alcaldía participa en la demanda presentada ante el Tribunal Agroambiental, relacionada con la ocupación de los predios municipales donde ocurrieron las talas.
Según informó la Dirección General de Medio Ambiente, la actual gestión decidió adherirse formalmente al proceso judicial iniciado este año y anunció que continuará impulsando las acciones legales correspondientes.
La legislación boliviana contempla sanciones económicas para quienes ocasionan daños ambientales, pero también mecanismos orientados a la restauración de los ecosistemas afectados.
En este caso, la obligación de reponer diez árboles por cada uno eliminado convierte el proceso en una de las intervenciones de restauración ambiental de mayor escala planteadas por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra en los últimos años.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem

