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Defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se sumaron al rechazo expresado por CONTIOCAP al convenio suscrito entre el Gobierno y el sector minero. Las organizaciones consideran que el acuerdo podría facilitar actividades extractivas en territorios indígenas y áreas protegidas.
La firma de un acuerdo entre el Gobierno nacional y el sector minero volvió a colocar a las áreas protegidas en el centro del debate ambiental en Bolivia. Organizaciones que defienden la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija, expresaron su preocupación por los alcances del convenio y anunciaron su adhesión al pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), que cuestiona las implicaciones del acuerdo para los territorios protegidos.
De acuerdo con la información publicada por ERBOL, los defensores consideran que las medidas acordadas podrían facilitar el avance de actividades extractivas sobre territorios indígenas y áreas protegidas, generando preocupación por sus posibles efectos sobre los ecosistemas y las comunidades que habitan estas regiones.
Según informó ERBOL, el defensor de Tariquía Félix Choque explicó que las organizaciones locales evaluaban emitir un pronunciamiento independiente; sin embargo, decidieron adherirse al manifiesto nacional de CONTIOCAP al compartir las observaciones realizadas sobre el convenio suscrito entre el Gobierno y las cooperativas mineras.
En declaraciones recogidas por ERBOL, Choque afirmó que las organizaciones consideran que el acuerdo afecta los derechos de las comunidades asentadas dentro de áreas protegidas.
"Nos sumamos al CONTIOCAP rechazando este acuerdo porque están vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas", declaró.
Las organizaciones sostienen que cualquier decisión relacionada con el aprovechamiento de recursos naturales debe garantizar la protección de las áreas protegidas y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
El pronunciamiento de los defensores coincide con un nuevo avance dentro del proceso judicial relacionado con la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
De acuerdo con ERBOL, recientemente el Tribunal Agroambiental rechazó una recusación presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dentro del proceso vinculado a la pausa ambiental solicitada por la Defensoría del Pueblo.
La decisión permite que el caso continúe siendo tramitado por el juez agroambiental de Entre Ríos, manteniendo vigente el proceso judicial sobre las medidas solicitadas para la reserva.
La dirigente Barbarita Mesa, citada por ERBOL, señaló que esta determinación representa un avance dentro de un proceso que, según recordó, lleva más de diez años e incluye movilizaciones, cabildos y diferentes acciones judiciales impulsadas por organizaciones locales.
Durante distintas intervenciones públicas, activistas ambientales también expresaron su preocupación respecto a proyectos extractivos dentro de la reserva.
Una defensora ambiental sostuvo que organizaciones sociales se movilizaron en distintas oportunidades porque consideran que estudios científicos advierten posibles impactos sobre el ecosistema de Tariquía si se desarrollan actividades de explotación dentro del área protegida.
Estas declaraciones corresponden a la posición expresada por sectores ambientalistas y forman parte del debate que actualmente existe en torno al futuro de la reserva.
Mientras tanto, el acuerdo entre el Gobierno y el sector minero continúa generando reacciones entre organizaciones indígenas, comunidades y colectivos ambientales que solicitan que cualquier decisión relacionada con el aprovechamiento de recursos naturales considere la protección de los ecosistemas y los derechos de las poblaciones que habitan estos territorios.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
