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Durante las vacaciones de invierno, las aulas de cientos de unidades educativas de Potosí quedaron vacías. Pero para muchos adolescentes, el descanso escolar no significó tiempo para jugar, compartir con sus familias o desarrollar actividades recreativas. Significó descender a una mina.
La reciente alerta emitida por la Delegación Defensorial de Potosí reveló una realidad que dista de ser nueva, pero que vuelve a evidenciar la fragilidad de los sistemas de protección de la niñez en Bolivia. Según informó la delegada Jacqueline Alarcón, cooperativas mineras de los municipios de Potosí, Puna y Porco registran un incremento en la incorporación de adolescentes durante el receso invernal, atraídos por ingresos económicos que difícilmente encontrarían en otras actividades compatibles con su edad.
La advertencia va más allá de un aumento temporal de mano de obra juvenil. Expone una realidad mucho más compleja: cuando un adolescente considera que una mina representa una mejor oportunidad que continuar estudiando, el problema deja de ser únicamente laboral. Se convierte en un síntoma de pobreza estructural, exclusión social y debilitamiento del sistema de protección de derechos.
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No se trata únicamente de adolescentes que ayudan ocasionalmente a sus familias. La propia Defensoría del Pueblo advirtió que algunos menores están abandonando la escuela para incorporarse de manera permanente a la actividad minera, convencidos de que el ingreso económico inmediato resulta más atractivo que un proceso educativo cuyos beneficios parecen demasiado lejanos frente a las necesidades cotidianas de sus hogares.
La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿qué le está ofreciendo Bolivia a sus adolescentes para que una mina parezca una mejor alternativa que la educación?
La minería constituye una de las actividades económicas históricas más importantes del país y forma parte de la identidad de numerosas comunidades, especialmente en el departamento de Potosí. Miles de familias dependen directa o indirectamente de ella para subsistir. Sin embargo, esa realidad económica no elimina otra igualmente evidente: ingresar a una mina implica exponerse diariamente a riesgos que ninguna niña, niño o adolescente debería asumir.
Explosiones, desprendimientos de roca, inhalación permanente de polvo con sílice, gases tóxicos, maquinaria pesada, espacios confinados, jornadas prolongadas y esfuerzo físico extremo forman parte del entorno cotidiano de trabajo en numerosas cooperativas mineras. Diversos estudios desarrollados con apoyo de UNICEF y organismos especializados identifican la minería como una de las actividades más peligrosas para la población infantil debido al impacto que puede generar sobre el desarrollo físico, psicológico y educativo.
La Organización Internacional del Trabajo incluye la minería dentro de las peores formas de trabajo infantil precisamente porque expone a menores de edad a condiciones que pueden comprometer de manera irreversible su salud y su integridad.
Bolivia no desconoce esta realidad. La Constitución Política del Estado establece en su artículo 61 que se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil, mientras que el artículo 58 reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares plenos de derechos.
Por su parte, el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N.º 548) establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a ser protegido contra cualquier actividad que pueda resultar peligrosa, interferir con su educación o afectar su desarrollo integral. La norma incorpora el principio del interés superior de la niñez como criterio rector para todas las decisiones públicas y privadas que involucren a personas menores de edad.
Bolivia también ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Ambos instrumentos obligan al Estado a adoptar medidas eficaces para impedir que menores desarrollen actividades peligrosas como la minería.
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La situación denunciada en Potosí no constituye un hecho aislado. Durante los últimos años, distintas investigaciones de la Defensoría del Pueblo, UNICEF, organizaciones sociales y universidades han documentado la presencia recurrente de niñas, niños y adolescentes en actividades mineras del departamento.
En 2025, la Defensoría del Pueblo intervino en un caso que permitió identificar a siete adolescentes que eran trasladados para realizar trabajos vinculados con actividades mineras. Años antes, diagnósticos desarrollados en Potosí y Llallagua ya advertían que numerosos menores ingresaban a las minas desde edades tempranas, muchas veces acompañando inicialmente a familiares hasta terminar incorporándose de manera permanente a las labores extractivas.
Estos antecedentes permiten observar que el fenómeno no responde únicamente a una circunstancia estacional asociada a las vacaciones escolares. Las vacaciones simplemente incrementan la disponibilidad de adolescentes. Las causas son mucho más profundas.
Cuando un hogar enfrenta dificultades para cubrir alimentación, vivienda, transporte o educación, el ingreso adicional que puede generar un adolescente adquiere un peso considerable dentro de la economía familiar. En muchos casos, no existe una decisión libre entre estudiar o trabajar. Existe la necesidad de contribuir al sostenimiento del hogar.
A ello se suma una realidad propia de varias regiones mineras: las oportunidades laborales para adolescentes son prácticamente inexistentes fuera de las cooperativas. Mientras otros empleadores no pueden contratar legalmente menores de edad o pagan remuneraciones muy inferiores, la minería aparece como uno de los pocos espacios donde es posible obtener ingresos relativamente rápidos. Ese escenario genera un círculo difícil de romper. El adolescente abandona progresivamente la escuela para trabajar. Al abandonar la escuela reduce sus posibilidades futuras de acceder a empleos mejor remunerados. La falta de oportunidades termina reforzando la dependencia hacia la misma actividad minera. La pobreza se reproduce de una generación a otra. Y la mina continúa convirtiéndose en el destino natural de quienes nacieron alrededor de ella.
El problema, por tanto, no puede abordarse únicamente desde operativos de control o inspecciones laborales durante las vacaciones. Si las condiciones estructurales permanecen intactas, cada receso escolar volverá a reproducir exactamente el mismo escenario.
Las políticas públicas destinadas a erradicar el trabajo infantil requieren actuar mucho antes de que un adolescente llegue a una bocamina.
Implican fortalecer la permanencia escolar, ampliar programas de protección social, generar alternativas de formación técnica compatibles con la continuidad educativa, apoyar económicamente a familias en situación de vulnerabilidad y promover oportunidades laborales dignas para jóvenes que les permitan proyectar un futuro distinto.
Las mujeres desempeñan un papel especialmente importante dentro de este contexto. En numerosos hogares mineros son ellas quienes sostienen el cuidado familiar mientras enfrentan condiciones económicas igualmente precarias. El fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres, el acceso a crédito, programas productivos y redes comunitarias puede convertirse también en una estrategia indirecta para reducir la incorporación temprana de adolescentes al trabajo de alto riesgo.
Las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado durante años procesos de acompañamiento, educación y protección en distintos territorios del país. Sin embargo, la magnitud del problema supera ampliamente la capacidad de intervención de cualquier organización. La protección efectiva de la niñez constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, los gobiernos subnacionales, el sistema educativo, las instituciones de protección, las propias cooperativas y la sociedad en su conjunto.
Resulta imposible construir un país que aspire al desarrollo si parte de su crecimiento continúa descansando sobre la incorporación temprana de adolescentes a actividades que ponen en riesgo su salud, su educación y, en algunos casos, su propia vida.
Cada adolescente que abandona la escuela para ingresar a una mina representa mucho más que un dato estadístico. Representa talento perdido, oportunidades truncadas y una señal de que las condiciones necesarias para ejercer plenamente sus derechos todavía no han sido garantizadas.
Las vacaciones de invierno terminarán en pocas semanas. Las clases volverán a comenzar. Sin embargo, muchos de esos adolescentes probablemente no regresen a las aulas. Algunos habrán descubierto que el ingreso inmediato pesa más que la promesa de un título. Otros sentirán la presión económica de continuar trabajando. Y algunos simplemente asumirán que el camino de la mina es el único que el país les ofrece.
La verdadera pregunta ya no es cuántos adolescentes trabajan hoy en las minas de Potosí.
La pregunta es cuánto tiempo puede una sociedad aceptar que el futuro de parte de su niñez siga encontrándose cientos de metros bajo tierra.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
