Donar
RESTAURACIÓN Y PÉRDIDA, EL PAÍS ENFRENTA UNA DECISIÓN QUE MARCARÁ EL FUTURO DE SUS ECOSISTEMAS
El Día del Árbol debería ser una fecha sencilla. Una jornada para hablar de oxígeno, agua, biodiversidad y vida. Pero en Bolivia, hablar de árboles obliga también a hablar de incendios, desmontes, expansión agrícola, territorios indígenas, políticas públicas incompletas y una pregunta que incomoda: ¿cuánto bosque puede seguir perdiendo el país antes de aceptar que la reforestación simbólica ya no alcanza?
Bolivia es uno de los países con mayor riqueza forestal de América Latina. Sus bosques atraviesan la Amazonía, la Chiquitanía, el Chaco, los Yungas, los valles y distintas ecorregiones que sostienen formas de vida profundamente diversas. En ellos habitan especies como el mapajo o ceiba amazónica, la mara, el tajibo, el cedro, el almendro chiquitano, la castaña amazónica, el motacú y cientos de especies menos conocidas que cumplen funciones ecológicas esenciales. Los árboles regulan el clima, protegen suelos, retienen agua, alimentan fauna, sostienen economías comunitarias y resguardan conocimientos tradicionales.
Según registros internacionales y forestales, Bolivia cuenta con más de 50 millones de hectáreas de bosque natural. Global Forest Watch estimaba para 2020 alrededor de 57 millones de hectáreas de bosque natural, equivalentes a más de la mitad del territorio nacional, en resumidas cuentas, la mitad de Bolivia está llena de árboles. Otras fuentes forestales nacionales han situado la cobertura boscosa por encima de los 52 millones de hectáreas. La cifra exacta puede variar según la metodología utilizada, pero el dato central no cambia: Bolivia sigue siendo un país forestal.
Imagen generada por IA
También es un país de enorme diversidad arbórea. Distintas bases botánicas y forestales identifican más de 2.000 especies de árboles en Bolivia, mientras registros internacionales elevan esa cifra hacia alrededor de 2.700 especies nativas. Esa riqueza no es un detalle académico. Significa que el país no solo posee bosque en cantidad, sino también una complejidad biológica que resulta difícil de recuperar cuando se pierde.
Durante las últimas dos décadas, Bolivia pasó de ser observada como un país con amplias reservas forestales a convertirse en uno de los focos más preocupantes de pérdida de bosque en la región. Global Forest Watch reportó que en 2024 el país perdió aproximadamente 1,7 millones de hectáreas de bosque natural. La cifra equivale a una superficie superior a varios departamentos pequeños de la región andina y representa un salto alarmante frente a años anteriores. Además, reportes del World Resources Institute y la Universidad de Maryland señalaron que Bolivia tuvo un incremento de alrededor del 200% en pérdida de bosque tropical primario durante 2024, ubicándose entre los países con mayor pérdida global ese año.
Esa aceleración no puede explicarse únicamente por el fuego. La pérdida de bosque en Bolivia responde a una combinación de factores: expansión agropecuaria, desmontes ilegales o mal regulados, uso recurrente del fuego para habilitar tierras, incendios fuera de control, presión sobre áreas protegidas, debilidad institucional y un modelo de desarrollo que continúa tratando al bosque como espacio disponible antes que como infraestructura natural del país.
Los incendios de 2019 marcaron un antes y un después. Ese año, Bolivia registró uno de los desastres ambientales más graves de su historia reciente. Diversas estimaciones ubicaron la superficie afectada en más de cinco o seis millones de hectáreas, con impactos severos en la Chiquitanía, áreas protegidas, territorios indígenas y zonas productivas. La imagen de bosques ardiendo, animales calcinados y comunidades tratando de apagar llamas con recursos insuficientes quedó instalada en la memoria ambiental del país.
Cinco años después, 2024 superó ese registro. El Instituto Boliviano de Investigación Forestal estimó 10.771.550 hectáreas afectadas por incendios forestales, consolidando a 2024 como el año con mayor superficie quemada registrada en Bolivia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, también advirtió que la superficie afectada por incendios en Bolivia en 2024 habría superado los 10 millones de hectáreas.
La comparación entre 2019 y 2024 muestra una tendencia preocupante. Lo que antes parecía excepcional empieza a repetirse con mayor intensidad. Y cuando un desastre se repite en pocos años, deja de ser únicamente una emergencia climática. Se convierte en una falla de prevención, gestión del territorio y política pública.
El daño tampoco termina cuando se apaga el fuego. Un bosque quemado no vuelve a ser bosque por decreto. Algunas áreas pueden regenerarse con el tiempo, pero otras quedan degradadas durante décadas. Se pierden semillas, fauna dispersora, microorganismos del suelo, humedad, cobertura vegetal y capacidad de retención de agua. Los incendios repetidos pueden transformar ecosistemas enteros, empujándolos hacia estados más secos, más pobres en biodiversidad y más vulnerables a nuevos incendios.
En comunidades indígenas y rurales, la pérdida de bosque también significa pérdida de alimentos, medicina tradicional, agua, sombra, materiales, identidad y seguridad territorial. Para muchas familias, el bosque no es un paisaje: es sustento. Allí se recolecta, se caza, se pesca, se aprende, se cura y se transmite conocimiento. Cuando el bosque arde, también se quema una parte del sistema de vida comunitario.
Imagen generada por IA
Frente a esta crisis, la respuesta institucional ha sido insuficiente en relación con la magnitud del daño. Bolivia cuenta con normas ambientales, planes de manejo, autoridades competentes, sistemas de monitoreo y campañas de forestación o reforestación. Existen esfuerzos desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, gobernaciones, municipios, universidades, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. También se han impulsado campañas como “Mi Árbol”, programas municipales de forestación y proyectos apoyados por FAO, GEF, Green Climate Fund y otras instancias.
Plantar diez mil, cien mil o incluso millones de plantines puede tener valor educativo, comunitario y ambiental, pero no compensa por sí solo la pérdida de millones de hectáreas de bosque. La reforestación es necesaria, pero no puede convertirse en una respuesta decorativa frente a un problema estructural. Restaurar no es únicamente plantar árboles. Implica cuidar plantines durante años, garantizar especies nativas adecuadas, proteger suelos, recuperar fuentes de agua, evitar nuevos incendios, asegurar participación comunitaria y sostener financiamiento técnico de largo plazo.
En Bolivia, muchas iniciativas de reforestación quedan limitadas por falta de seguimiento, mortalidad de plantines, ausencia de mantenimiento, presupuestos reducidos o desconexión con las necesidades reales del territorio. En algunos casos, las campañas se concentran en actos públicos de plantación, pero no en la supervivencia efectiva de los árboles. La restauración seria requiere medir cuántos árboles sobreviven después de uno, tres o cinco años, no solo cuántos fueron plantados el día de la campaña.
Las organizaciones no gubernamentales han cumplido un papel importante en este campo, especialmente allí donde el Estado llega con menor presencia. Organizaciones como Cecasem han desarrollado procesos vinculados a educación ambiental, agroecología, gestión de riesgos, resiliencia climática, protección territorial y fortalecimiento comunitario, especialmente con mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales. Son aportes relevantes porque trabajan desde el territorio y con las personas que viven las consecuencias directas de la degradación ambiental.
Pero sería irresponsable afirmar que este tipo de esfuerzos, por sí solos, pueden compensar la magnitud de la pérdida forestal nacional. Ninguna ONG puede sustituir una política pública sostenida, ni reemplazar la obligación del Estado de prevenir incendios, fiscalizar desmontes, fortalecer brigadas, garantizar presupuesto ambiental y proteger territorios indígenas y áreas protegidas. Las organizaciones pueden acompañar, innovar, alertar y fortalecer capacidades comunitarias. La escala nacional exige decisiones estatales, coordinación interinstitucional y voluntad política.
La pregunta matemática ayuda a dimensionar el problema. Si Bolivia mantuviera una pérdida anual cercana a la registrada en 2024, es decir, alrededor de 1,7 millones de hectáreas de bosque natural por año, en 50 años habría perdido 85 millones de hectáreas. Esa cifra supera la superficie actual de bosque natural estimada para el país. El cálculo no significa que el bosque desaparecería exactamente de esa forma, porque las dinámicas ecológicas y territoriales son más complejas, pero sí muestra que una tasa de pérdida como la de 2024 es insostenible.
Incluso si se toma como referencia una pérdida menor, como las 740 mil hectáreas de bosque natural reportadas para 2025 por Global Forest Watch, el resultado sigue siendo alarmante. Mantener ese ritmo durante 50 años implicaría perder 37 millones de hectáreas, una proporción enorme del bosque natural boliviano actual. En otras palabras, aun en un escenario menos extremo que 2024, Bolivia llegaría a mediados de siglo con una reducción forestal dramática si no modifica sus patrones de uso del suelo, prevención del fuego y control ambiental.
El cálculo sobre incendios es todavía más delicado, porque una hectárea quemada no siempre equivale a una hectárea deforestada de manera permanente. Hay áreas que se regeneran, otras que se degradan y otras que posteriormente son convertidas a usos productivos. Sin embargo, si episodios como 2019 y 2024 se repiten con mayor frecuencia, el país enfrentará una acumulación de impactos difícil de revertir. No se trataría únicamente de perder árboles, sino de debilitar ecosistemas completos.
Bolivia suele ser llamada parte del pulmón de América Latina por su papel en la Amazonía, sus bosques tropicales, su biodiversidad y su capacidad de almacenamiento de carbono. Pero ningún pulmón resiste indefinidamente si se lo expone año tras año al fuego, a la tala y a la degradación. El bosque no es un recurso infinito ni una reserva inmóvil. Es un sistema vivo que requiere límites, cuidado y gobernanza.
El Día del Árbol debería servir precisamente para desplazar la conversación del acto simbólico hacia la responsabilidad pública. Celebrar un árbol tiene sentido si al mismo tiempo se protege el bosque. Plantar tiene sentido si se frena la deforestación. Reforestar tiene sentido si se evita que el fuego vuelva a destruir lo recuperado. Educar tiene sentido si se transforma también la forma en que el país produce, fiscaliza y decide sobre sus territorios.
Bolivia no necesita escoger entre desarrollo y bosque. Necesita dejar de entender el desarrollo como destrucción del bosque. Existen alternativas vinculadas a sistemas agroforestales, manejo forestal comunitario, productos no maderables, cadenas de valor sostenibles, turismo responsable, restauración ecológica y economías locales basadas en la conservación. Muchas comunidades ya han demostrado que es posible producir sin arrasar.
La protección de los árboles no puede quedar reducida a una fecha. Debe convertirse en una política de Estado, en una prioridad municipal, en una responsabilidad productiva y en una práctica social. Los próximos 50 años dependerán de decisiones que se están tomando ahora: permitir o frenar desmontes, invertir o no en prevención, fortalecer o debilitar la fiscalización, apoyar o abandonar a las comunidades, restaurar con seriedad o limitarse a plantar para la foto.
El futuro forestal de Bolivia no está perdido, pero sí está en disputa. El país todavía conserva una riqueza natural extraordinaria. Todavía existen territorios indígenas que protegen bosque con mayor eficacia que muchas zonas sin protección. Todavía existen comunidades, organizaciones, guardaparques, brigadistas, mujeres productoras, jóvenes y técnicos que trabajan por restaurar lo dañado. Pero el tiempo para actuar con gradualidad se reduce.
Si Bolivia continúa perdiendo bosque al ritmo de sus peores años, el Día del Árbol podría convertirse en una conmemoración cada vez más contradictoria: celebrar aquello que no se supo defender. La verdadera forma de honrar a los árboles no es solo plantarlos. Es garantizar que puedan crecer, reproducirse, sostener vida y seguir formando parte del territorio mucho después de que termine la ceremonia.
Por: Brian C. Dalenz Cortez
