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Una nueva evaluación realizada por la Sociedad Potosina de Ecología señala que persisten preocupaciones ambientales y sociales en la comunidad afectada por el derrame de colas mineras ocurrido en marzo de 2025. Los comunarios afirman que continúan esperando soluciones para recuperar viviendas, terrenos productivos y medios de vida perdidos durante la emergencia.
Han transcurrido quince meses desde el colapso de la laguna de pasivos mineros El Kenko, ocurrido la madrugada del 16 de marzo de 2025, y las familias de la comunidad de Andavilque, en el municipio de Llallagua, continúan denunciando que los efectos del desastre siguen presentes en su vida cotidiana.
La situación volvió a ser evaluada por la Sociedad Potosina de Ecología (SOPE), que realizó una segunda fase de seguimiento en la comunidad con el objetivo de documentar el estado actual de la zona afectada, verificar el cumplimiento de acciones comprometidas por instituciones públicas y realizar monitoreos ambientales.
Según informó Lourdes Tapia, integrante de la SOPE, en declaraciones a Radio Pío XII de Potosí, el equipo técnico efectuó recorridos de campo, entrevistas con pobladores y la toma de muestras de agua y sedimentos para evaluar posibles niveles de contaminación que podrían persistir en la zona.
Tapia explicó a Radio Pío XII que también se realizó un proceso de recopilación de información institucional mediante solicitudes dirigidas a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Viceministerio de Medio Ambiente, la Gobernación de Potosí, la Agencia Estatal de Vivienda y la Brigada Parlamentaria.
De acuerdo con la ambientalista, la organización obtuvo respuestas limitadas respecto a las acciones desarrolladas después del desastre. Asimismo, manifestó preocupación por la información proporcionada por algunas instituciones sobre las labores de remediación ejecutadas en la zona.
La emergencia ocurrió durante la madrugada del 16 de marzo de 2025, cuando toneladas de colas mineras descendieron desde la laguna El Kenko y alcanzaron sectores poblados y áreas agrícolas de Andavilque. Los testimonios recogidos durante la nueva inspección describen pérdidas de viviendas, cultivos, herramientas de trabajo y bienes familiares.
Según la información presentada por la SOPE, las familias afectadas sostienen que las condiciones observadas actualmente en la comunidad no coinciden con los reportes institucionales sobre los trabajos de limpieza y remediación realizados tras el desastre. La organización señala que persisten áreas cubiertas por sedimentos y que todavía existen pérdidas materiales que no han sido restituidas.
“Esta era mi casa. De mí no hay nada ya”, relató Omar Cosellera Heriarte durante la visita realizada por la organización. Según su testimonio, la fuerza del material arrastrado destruyó viviendas y terrenos agrícolas donde varias familias producían alimentos para su subsistencia.
Los comunarios también afirman que numerosas pertenencias continúan sepultadas bajo los depósitos de lodo acumulados tras el colapso de la laguna. Algunos habitantes relataron que debieron abandonar sus viviendas durante la emergencia sin poder recuperar gran parte de sus bienes.
La SOPE sostiene que las familias afectadas deben ser consideradas dentro de un proceso de atención a damnificados por un desastre ambiental. En ese contexto, la organización señala que los comunarios consideran que las medidas de reposición y reparación deberían responder a las pérdidas sufridas como consecuencia directa de la emergencia.
Durante la inspección, el equipo técnico observó sectores donde permanecen depósitos de lodo y sedimentos asociados al derrame. Los resultados definitivos de laboratorio permitirán establecer con mayor precisión la calidad actual del agua y de los sedimentos presentes en la zona.
Tapia indicó a Radio Pío XII que los monitoreos preliminares sugieren la existencia de afectaciones ambientales que requieren una evaluación técnica más profunda. Entre las observaciones reportadas por la organización se encuentran preocupaciones relacionadas con la calidad de las aguas utilizadas por animales y el estado de áreas agrícolas alcanzadas por el derrame.
La organización informó que actualmente se encuentra elaborando un informe técnico especializado que será presentado a la comunidad una vez concluidos los análisis. El documento incluirá los resultados de los monitoreos ambientales y un balance de la información obtenida de las instituciones consultadas.
El caso de Andavilque vuelve a situar en debate los mecanismos de respuesta posteriores a emergencias ambientales vinculadas a actividades mineras, así como los procesos de seguimiento, remediación y atención a poblaciones afectadas.
Mientras se esperan los resultados de los nuevos análisis técnicos y las respuestas de las instituciones involucradas, las familias damnificadas continúan solicitando medidas que les permitan recuperar las condiciones de vida que tenían antes del colapso de la laguna El Kenko.
Quince meses después de la emergencia, los comunarios sostienen que la reconstrucción de sus medios de vida sigue siendo una tarea pendiente.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
