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Mientras Bolivia supera los 40 días de conflictos, bloqueos y movilizaciones que han afectado el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en distintas regiones del país, otra preocupación comienza a abrirse paso de manera silenciosa. A pocos días de haberse conmemorado el Día Mundial del Medio Ambiente, el país se aproxima nuevamente a la temporada seca en medio de un escenario marcado por tensión política, dificultades económicas y una creciente presión sobre las instituciones encargadas de responder a las emergencias.
La situación plantea una interrogante que apenas empieza a aparecer en el debate público: ¿hasta qué punto la crisis actual puede afectar la capacidad de preparación frente a una nueva temporada de incendios forestales?
La pregunta adquiere relevancia si se observa el contexto reciente. Bolivia todavía enfrenta las consecuencias de los incendios registrados en 2024, considerados entre los más devastadores de las últimas décadas. Millones de hectáreas fueron afectadas en distintas regiones del país, particularmente en la Chiquitanía y la Amazonía, generando impactos ambientales, económicos y sociales que continúan siendo visibles en numerosos municipios.
Imagen generada por IA
Sin embargo, durante las últimas semanas, la discusión nacional ha estado concentrada casi exclusivamente en los conflictos sociales. El abastecimiento de alimentos, la escasez de combustible, las pérdidas económicas, la paralización de actividades productivas y la incertidumbre política han ocupado gran parte de la agenda pública. Como resultado, temas vinculados a la prevención ambiental han perdido visibilidad en un momento particularmente sensible del calendario.
La preocupación no surge únicamente de la experiencia pasada. Diversos organismos internacionales han advertido durante los últimos años que América del Sur enfrenta una tendencia creciente hacia eventos climáticos extremos asociados al aumento de temperaturas, alteraciones en los patrones de precipitación y periodos más prolongados de sequía. La Organización Meteorológica Mundial señaló recientemente que la región continúa registrando temperaturas por encima de los promedios históricos, una situación que incrementa la vulnerabilidad de ecosistemas ya afectados por incendios anteriores.
En Bolivia, estas condiciones adquieren especial relevancia debido a la fragilidad acumulada en amplias zonas forestales. Los incendios no son eventos aislados que comienzan y terminan con la extinción de las llamas. Sus efectos permanecen durante años. Bosques degradados, suelos afectados, pérdida de cobertura vegetal y reducción de humedad generan escenarios más propensos a nuevos eventos de fuego, especialmente cuando coinciden condiciones climáticas adversas y actividades humanas vinculadas al uso del suelo.
La experiencia de los últimos años muestra que la prevención suele convertirse en uno de los aspectos más difíciles de sostener durante periodos de crisis. Mientras la atención institucional se concentra en responder a problemas inmediatos, la planificación de mediano plazo corre el riesgo de quedar relegada. En materia ambiental, esa situación puede traducirse en menor capacidad de monitoreo, retrasos en acciones preventivas, limitaciones presupuestarias o dificultades de coordinación entre distintos niveles de gobierno.
La discusión no se limita a la capacidad operativa del Estado. También involucra a municipios, gobernaciones, comunidades y organizaciones locales que históricamente han desempeñado un papel fundamental en la detección temprana y respuesta inicial frente a incendios forestales. La experiencia demuestra que gran parte de las emergencias ambientales se enfrentan primero desde el territorio, mucho antes de que lleguen recursos nacionales o apoyo internacional.
En regiones como la Chiquitanía, donde las cicatrices de los incendios anteriores continúan siendo visibles, la prevención adquiere una dimensión particularmente importante. Comunidades que enfrentaron pérdidas de cultivos, afectaciones en fuentes de agua, desplazamiento de fauna silvestre y deterioro de medios de vida observan con preocupación la llegada de una nueva temporada seca sin que exista plena certeza sobre la capacidad de respuesta disponible.
Los impactos tampoco son homogéneos. Los incendios forestales suelen afectar con mayor intensidad a poblaciones rurales e indígenas que mantienen una relación directa con el territorio. La pérdida de bosque implica también la pérdida de recursos de subsistencia, fuentes de agua, espacios de recolección, actividades productivas y elementos fundamentales de identidad cultural. En estos contextos, una emergencia ambiental no representa únicamente un problema ecológico; se convierte también en una crisis social.
Las mujeres suelen asumir una carga adicional en estos escenarios. Diversos estudios sobre gestión de riesgos muestran que, durante emergencias ambientales, las responsabilidades relacionadas con el abastecimiento de agua, alimentación y cuidado familiar tienden a incrementarse. Cuando los incendios afectan fuentes naturales o actividades productivas, los impactos suelen trasladarse rápidamente al ámbito doméstico.
La niñez constituye otro grupo especialmente vulnerable. La exposición prolongada al humo generado por incendios forestales ha sido asociada por organismos internacionales de salud con afectaciones respiratorias, dificultades en el desarrollo infantil y problemas de salud que pueden extenderse más allá del periodo de emergencia. En comunidades donde la infraestructura sanitaria es limitada, estos riesgos adquieren una dimensión todavía más compleja.
Por ello, la discusión sobre incendios no debería comenzar cuando aparecen los primeros focos de calor o cuando las columnas de humo vuelven a ocupar las portadas nacionales. La prevención constituye una tarea permanente que requiere planificación, coordinación institucional y capacidad de anticipación.
La actual coyuntura plantea un desafío adicional. Bolivia enfrenta simultáneamente una crisis económica, social y política que demanda atención inmediata. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que los riesgos ambientales no desaparecen durante los periodos de conflictividad. Por el contrario, continúan desarrollándose al margen de la agenda pública y pueden manifestarse precisamente cuando la capacidad de respuesta se encuentra más tensionada.
En ese sentido, el Día Mundial del Medio Ambiente deja una reflexión que trasciende la conmemoración anual. Más allá de los discursos institucionales, la verdadera prueba para cualquier sistema de gestión ambiental se encuentra en su capacidad de sostener acciones preventivas incluso en contextos adversos. La pregunta no es únicamente si Bolivia enfrentará nuevos incendios durante los próximos meses. La pregunta es si el país está dedicando hoy la atención suficiente para evitar que una emergencia conocida vuelva a convertirse en una tragedia anunciada.
La respuesta todavía está en construcción. Pero la experiencia reciente demuestra que, cuando se trata de incendios forestales, las decisiones tomadas durante los meses previos suelen ser tan importantes como las acciones desplegadas cuando el fuego ya ha comenzado.
Por Brian C. Dalenz Cortez
