Donar
Organizaciones ambientales, activistas y representantes de la sociedad civil presentaron una demanda ante la jurisdicción agroambiental solicitando medidas cautelares urgentes e intervención judicial sobre un centro de custodia de fauna silvestre dependiente de la Gobernación de Santa Cruz. La acción busca que se evalúe la situación del recinto y se adopten medidas de supervisión en favor de los animales bajo resguardo institucional.
La demanda fue presentada por representantes de Alas Chiquitanas Voluntarios, La Voz de la Naturaleza y la Asociación Legal-Civil Justicia Ambiental, quienes fundamentan la acción en normas constitucionales vinculadas a la protección del medio ambiente, la fauna silvestre y los derechos colectivos.
La gestión de la fauna silvestre rescatada volvió a ingresar al debate público tras la presentación de una demanda agroambiental que solicita la intervención de un centro de custodia de fauna silvestre administrado por la Gobernación de Santa Cruz.
De acuerdo con el documento presentado ante un Juzgado Agroambiental de turno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los demandantes solicitaron la aplicación de medidas cautelares urgentes orientadas a la protección de los animales bajo custodia y a la evaluación institucional del centro.
La acción fue impulsada por Daniela Justiniano Núñez, cofundadora de Alas Chiquitanas Voluntarios; Antonio Alberto Cajas Cueto, director de La Voz de la Naturaleza; y Rodrigo Ernesto Herrera Sánchez, director de la Asociación Legal-Civil Justicia Ambiental.
Según el memorial, la demanda se fundamenta en disposiciones de la Constitución Política del Estado relacionadas con la protección ambiental, el control social y la defensa de los derechos colectivos vinculados a la conservación de la biodiversidad y la fauna silvestre.
El documento también hace referencia a la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, argumentando que la protección de los seres vivos y los ecosistemas constituye una responsabilidad compartida entre instituciones públicas y ciudadanía.
Aunque la demanda solicita la intervención del centro de custodia, el contenido conocido públicamente no detalla aún una resolución judicial sobre el caso ni las medidas que eventualmente podrían ser adoptadas por la autoridad competente.
El proceso abre una discusión más amplia sobre la gestión de la fauna silvestre rescatada en Bolivia. Los centros de custodia cumplen una función clave en la atención de animales decomisados del tráfico ilegal, heridos o afectados por actividades humanas, convirtiéndose en espacios fundamentales para la rehabilitación y conservación de especies.
La decisión final quedará en manos de la jurisdicción agroambiental, que deberá analizar los argumentos presentados y determinar si corresponde la adopción de medidas cautelares o acciones adicionales en el marco de la legislación ambiental vigente.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem
