El municipio de Rurrenabaque comenzó la aplicación de la Ley Municipal Autonómica N.º 232, una normativa que regula la libre transitabilidad y el abastecimiento de servicios básicos dentro de su jurisdicción, en medio de los conflictos y bloqueos registrados en distintas carreteras del país.

La norma, promulgada el 21 de mayo de 2026 por el Concejo Municipal de Puerto Rurrenabaque, establece mecanismos de prevención, protección y garantías para la circulación de personas, vehículos y servicios esenciales en vías públicas, caminos vecinales y carreteras del municipio.
La ley comenzó a ser aplicada luego de más de 20 días de bloqueos que, según autoridades municipales, provocaron desabastecimiento de combustible, dificultades para el ingreso de productos de primera necesidad y afectaciones al turismo y la economía regional.
De acuerdo con el alcalde Elías Moreno Vargas, la normativa surgió tras reuniones de emergencia entre autoridades de Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa, San Borja, San Buenaventura e Ixiamas, además de encuentros con sectores sociales y representantes de la población.
“La ley nació de la necesidad de poder transitar libremente”, señaló la autoridad durante la promulgación de la norma, indicando que el municipio enfrentaba dificultades para acceder a gasolina, diésel y productos básicos.
La Ley 232 reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero establece límites cuando las movilizaciones afectan derechos considerados esenciales. Entre las restricciones, prohíbe impedir el paso de ambulancias, restringir el acceso a hospitales o centros médicos e impedir el abastecimiento de alimentos, medicamentos y servicios básicos.
Asimismo, el artículo 10 dispone que, en caso de cierre o restricción de vías, primero debe instalarse un diálogo inmediato; sin embargo, si después de cuatro horas no se logra el despeje, el Ejecutivo Municipal podrá coordinar acciones de desbloqueo junto a la Policía Nacional, Guardia Municipal y sociedad civil organizada.
La normativa también establece que el Gobierno Autónomo Municipal deberá constituirse en parte denunciante o querellante cuando existan acciones que restrinjan derechos colectivos o afecten la transitabilidad y el acceso a servicios básicos.
En ese contexto, autoridades municipales reportaron que cinco personas fueron aprehendidas en relación con los bloqueos registrados en la comunidad El Palmar. Según la información difundida por las autoridades locales, dos personas cumplen detención preventiva y otras tres recibieron medidas sustitutivas, entre ellas arresto domiciliario y arraigo.
La ley contempla además la posibilidad de iniciar denuncias penales por delitos vinculados a atentados contra servicios públicos, impedimento de circulación, atentados contra la salud pública y otros establecidos en el Código Penal boliviano.
Uno de los sectores que manifestó preocupación por los bloqueos fue el turismo. Representantes del área turística señalaron que las restricciones de circulación afectaron la llegada y salida de visitantes nacionales y extranjeros, además de generar retrasos en rutas entre Rurrenabaque y La Paz.
Rurrenabaque es considerado uno de los principales destinos turísticos del norte amazónico boliviano y mantiene una economía vinculada al flujo constante de visitantes hacia áreas como Madidi y Pampas del Yacuma.
Mientras tanto, municipios como Reyes también promulgaron normativas similares y otras alcaldías del Beni anunciaron que evalúan medidas relacionadas con la libre transitabilidad y el abastecimiento de servicios básicos frente a futuros conflictos carreteros.
Por: Joel Poma Chura - Comunicación Cecasem

